13 enero 2015
Interior
golpea a los abogados de los presos de ETA para debilitar el frente de las
cárceles
Golpe antiterrorista, pero también financiero al
entramado legal del entorno de ETA. El objetivo de la operación ‘Mate’ era la
supuesta ‘caja b’ de los abogados de la banda, encargados, según el Ministerio del
Interior, de mantener la cohesión y la disciplina del frente carcelario, el
último aparato superviviente de la organización y que la cúpula terrorista
quiere mantener bajo su control para evitar escisiones. La operación se llevó a
cabo apenas dos días después de la manifestación contra la dispersión que
recorrió Bilbao el sábado, un día antes de que hoy el Supremo decida si los
presos pueden descontar los años de reclusión en Francia y a dos semanas de que
la AVT celebre una
marcha en Madrid contra la “traición” que, a su juicio, ha cometido el PP
contra las víctimas.
Los servicios de información de la Guardia Civil
detuvieron entre la madrugada y la mañana de ayer a 16 personas en una
operación desarrollada en el País Vasco, Navarra y Madrid. Entre los arrestados se encuentra la
práctica plana mayor de los equipos jurídicos de los reclusos de ETA, doce
letrados, entre ellos varios de los juristas que consiguieron tumbar en el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la ‘doctrina Parot’. También están cuatro de los responsables
financieros de Herrira,
el colectivo de solidaridad con los reclusos, que la policía considera
sucesora de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna. Las
actividades de Herrira fueron suspendidas judicialmente por dos años tras la
captura de sus dirigentes a finales de 2013.
Los letrados detenidos son Alfonso Zenón, Arantza Aparicio, Ainhoa
Baglietto, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Ziluaga,
Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte, Ane Ituiño y Amaia Izko. Esta última, además, es la portavoz de Sortu y pareja del diputado de
Amaiur en el Congreso Iker Urbina. Izko, que formó parte del equipo que tumbó
la ‘doctrina Parot’ en Estrasburgo, fue arrestada en un hotel de Madrid, donde
se encontraba junto a Ziluaga y Jauregi porque las tres forman parte de la
defensa de 35 miembros de Batasuna, ANV y EHAK cuyo juicio debía haber
comenzado ayer en la
Audiencia Nacional. La redada ha obligado a suspender
temporalmente la vista.
También fueron registrados despachos de abogados en
el País Vasco, locales comerciales y la sede del sindicato LAB en Bilbao, donde
la Guardia Civil
se incautó de más de 90.000 euros en monedas y pequeños billetes. La secretaria
general de la central, Ainhoa Etxaide, aseguró que el dinero fue recaudado en
la manifestación del sábado en Bilbao.
Al margen de los abogados, fueron detenidos asimismo
los antiguos responsables de tesorería de Herrira: Fran Balda, Jon
Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.
El Ministerio del Interior y el juez Eloy Velasco acusan a los abogados detenidos
de blanqueo y fraude a Hacienda por haber supuestamente ocultado al fisco unos
ingresos superiores a 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013, procedentes de
la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK). Estos
gastos fueron sufragados por Herrira, que habría asumido así las funciones,
incluso las deudas, de sus antecesoras proscritas. Pero además de los delitos
económicos, Interior acusa a todos los arrestados de pertenencia a banda armada
por financiar el ‘frente de makos’ de la banda.
“La operación supone la desarticulación del
entramado financiero que sustentaba económicamente al ‘colectivo de abogados’,
BL, y también supone la práctica desaparición de la estructura utilizada por
ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro
del ‘frente de cárceles’”, explicó en una nota el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz.
Visitas periódicas
Según la Guardia Civil , los abogados detenidos
participaban en las denominadas “rondas
de control a los presos”. Se trata de visitas periódicas a las
cárceles para encontrarse con los internos a fin de “alimentarlos
políticamente, trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de
información”. De acuerdo con los datos del instituto armado, los letrados
habían visitado al menos el 95% de los centros penitenciarios en los que hay
reclusos de la banda, no para interesarse sobre su asistencia jurídica sino
para transmitir órdenes de la organización.
“Los arrestados –insistió Interior– participaban activamente en el mantenimiento
del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de
la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con
los postulados de la banda. Toda una labor encaminada a prevenir posibles
disidencias internas”, apuntó el Ministerio, que calificó al aparato de
abogados de “baluarte” de la “cohesión y disciplina interna” del colectivo de
presos políticos vascos (EPPK, por sus siglas en euskera).
Unas tesis que fueron rebatidas por Sortu. Su
presidente, Hasier Arraiz, respaldado por miembros del consejo nacional de la
formación, calificó la operación policial de “venganza” por la manifestación
del sábado en Bilbao, acusó al Estado de “terrorista” y advirtió que los
detenidos sólo ejercían una labor política y de defensa de los derechos
humanos. “El Estado ve peligrosos criminales aunque nuestras únicas armas sean
el bolígrafo y el papel”, subrayó.
La ‘operación Mate’ es continuación de las
realizadas por la
Guardia Civil en septiembre de 2013 y enero de 2014 –esta
última se denominó Jaque– contra el considerado por la policía el ‘frente de
cárceles’ de ETA, en alusión a Herrira y el llamado KT-Koordinazioa Taldea. No
obstante, hunde sus raíces, según Interior, mucho más allá, en abril de 2010.
Entonces se produjo el primer golpe al equipo de abogados de ETA con la
desarticulación del denominado colectivo ‘H-Alboka’, dedicado, como ahora, a
transmitir las órdenes de la banda a sus presos y evitar las ‘deserciones’.
Mandos de la investigación explicaron que el nexo de
todas estas investigaciones tiene un nombre propio, Arantza Zulueta, la
histórica abogada de presos de ETA, detenida por primera vez en la operación de
2010, luego en 2011 y, de nuevo, en 2014. Ella, según la Guardia Civil , fue
la creadora de la “correa de transmisión de órdenes”, en palabras del entonces
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre la cúpula etarra y sus
reclusos.
Opinión:
Siempre que
exista sospecha de la comisión de un delito debe investigarse y por ello,
entiendo que si la acción policial realizada está basada en fundamentos que
puedan demostrarse, nada hay que decir.
Pero lo que no
acabo de entender es que si algunos de esos abogados estaban nombrados para
iniciar un juicio hoy mismo contra 35 miembros de Batasuna, ANV y EHAK,
la acción haya traído como una consecuencia más la suspensión del mencionado
juicio. Desconozco si habría podido adelantarse (o retrasarse) la acción hasta
haber llevado a cabo el juicio porque, mientras tanto no se retome el juicio
suspendido, imagino que esos 35 personajes estarán en libertad.
¿Alguien me lo puede explicar?
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