martes, 13 de enero de 2015

13 enero 2015 El Correo (opinión)

13 enero 2015


Interior golpea a los abogados de los presos de ETA para debilitar el frente de las cárceles

La Guardia Civil detiene a 12 letrados y a 4 responsables de Herrira, a los que acusa de integrar la banda y defraudar a Hacienda 1,3 millones.





Golpe antiterrorista, pero también financiero al entramado legal del entorno de ETA. El objetivo de la operación ‘Mate’ era la supuesta ‘caja b’ de los abogados de la banda, encargados, según el Ministerio del Interior, de mantener la cohesión y la disciplina del frente carcelario, el último aparato superviviente de la organización y que la cúpula terrorista quiere mantener bajo su control para evitar escisiones. La operación se llevó a cabo apenas dos días después de la manifestación contra la dispersión que recorrió Bilbao el sábado, un día antes de que hoy el Supremo decida si los presos pueden descontar los años de reclusión en Francia y a dos semanas de que la AVT celebre una marcha en Madrid contra la “traición” que, a su juicio, ha cometido el PP contra las víctimas.

Los servicios de información de la Guardia Civil detuvieron entre la madrugada y la mañana de ayer a 16 personas en una operación desarrollada en el País Vasco, Navarra y Madrid. Entre los arrestados se encuentra la práctica plana mayor de los equipos jurídicos de los reclusos de ETA, doce letrados, entre ellos varios de los juristas que consiguieron tumbar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la ‘doctrina Parot’. También están cuatro de los responsables financieros de Herrira, el colectivo de solidaridad con los reclusos, que la policía considera sucesora de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna. Las actividades de Herrira fueron suspendidas judicialmente por dos años tras la captura de sus dirigentes a finales de 2013.

Los letrados detenidos son Alfonso Zenón, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte, Ane Ituiño y Amaia Izko. Esta última, además, es la portavoz de Sortu y pareja del diputado de Amaiur en el Congreso Iker Urbina. Izko, que formó parte del equipo que tumbó la ‘doctrina Parot’ en Estrasburgo, fue arrestada en un hotel de Madrid, donde se encontraba junto a Ziluaga y Jauregi porque las tres forman parte de la defensa de 35 miembros de Batasuna, ANV y EHAK cuyo juicio debía haber comenzado ayer en la Audiencia Nacional. La redada ha obligado a suspender temporalmente la vista.

También fueron registrados despachos de abogados en el País Vasco, locales comerciales y la sede del sindicato LAB en Bilbao, donde la Guardia Civil se incautó de más de 90.000 euros en monedas y pequeños billetes. La secretaria general de la central, Ainhoa Etxaide, aseguró que el dinero fue recaudado en la manifestación del sábado en Bilbao.

Al margen de los abogados, fueron detenidos asimismo los antiguos responsables de tesorería de Herrira: Fran Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.

El Ministerio del Interior y el juez Eloy Velasco acusan a los abogados detenidos de blanqueo y fraude a Hacienda por haber supuestamente ocultado al fisco unos ingresos superiores a 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK). Estos gastos fueron sufragados por Herrira, que habría asumido así las funciones, incluso las deudas, de sus antecesoras proscritas. Pero además de los delitos económicos, Interior acusa a todos los arrestados de pertenencia a banda armada por financiar el ‘frente de makos’ de la banda.

“La operación supone la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al ‘colectivo de abogados’, BL, y también supone la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del ‘frente de cárceles’”, explicó en una nota el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Visitas periódicas

Según la Guardia Civil, los abogados detenidos participaban en las denominadas “rondas de control a los presos”. Se trata de visitas periódicas a las cárceles para encontrarse con los internos a fin de “alimentarlos políticamente, trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información”. De acuerdo con los datos del instituto armado, los letrados habían visitado al menos el 95% de los centros penitenciarios en los que hay reclusos de la banda, no para interesarse sobre su asistencia jurídica sino para transmitir órdenes de la organización.

“Los arrestados –insistió Interior– participaban activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas”, apuntó el Ministerio, que calificó al aparato de abogados de “baluarte” de la “cohesión y disciplina interna” del colectivo de presos políticos vascos (EPPK, por sus siglas en euskera).

Unas tesis que fueron rebatidas por Sortu. Su presidente, Hasier Arraiz, respaldado por miembros del consejo nacional de la formación, calificó la operación policial de “venganza” por la manifestación del sábado en Bilbao, acusó al Estado de “terrorista” y advirtió que los detenidos sólo ejercían una labor política y de defensa de los derechos humanos. “El Estado ve peligrosos criminales aunque nuestras únicas armas sean el bolígrafo y el papel”, subrayó.

La ‘operación Mate’ es continuación de las realizadas por la Guardia Civil en septiembre de 2013 y enero de 2014 –esta última se denominó Jaque– contra el considerado por la policía el ‘frente de cárceles’ de ETA, en alusión a Herrira y el llamado KT-Koordinazioa Taldea. No obstante, hunde sus raíces, según Interior, mucho más allá, en abril de 2010. Entonces se produjo el primer golpe al equipo de abogados de ETA con la desarticulación del denominado colectivo ‘H-Alboka’, dedicado, como ahora, a transmitir las órdenes de la banda a sus presos y evitar las ‘deserciones’.

Mandos de la investigación explicaron que el nexo de todas estas investigaciones tiene un nombre propio, Arantza Zulueta, la histórica abogada de presos de ETA, detenida por primera vez en la operación de 2010, luego en 2011 y, de nuevo, en 2014. Ella, según la Guardia Civil, fue la creadora de la “correa de transmisión de órdenes”, en palabras del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre la cúpula etarra y sus reclusos.

Opinión:

Siempre que exista sospecha de la comisión de un delito debe investigarse y por ello, entiendo que si la acción policial realizada está basada en fundamentos que puedan demostrarse, nada hay que decir.

Pero lo que no acabo de entender es que si algunos de esos abogados estaban nombrados para iniciar un juicio hoy mismo contra 35 miembros de Batasuna, ANV y EHAK, la acción haya traído como una consecuencia más la suspensión del mencionado juicio. Desconozco si habría podido adelantarse (o retrasarse) la acción hasta haber llevado a cabo el juicio porque, mientras tanto no se retome el juicio suspendido, imagino que esos 35 personajes estarán en libertad.

¿Alguien me lo puede explicar?



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