01 octubre 2017
El fiscal
pide 19 años de cárcel para los yihadistas que querían atacar el Parlament
La célula fue
desarticulada por los Mossos en abril del 2015 en Sabadell, Terrassa y otras
ciudades
Entre los objetivos
también figuraba una comisaría de la policía autonómica, un hotel y una sinagoga
El Parlament, la comisaría de los Mossos en la
plaza de España, un hotel del Port Olímpic, una sinagoga y una librería judía se encontraban entre los objetivos que
estaba manejando la célula yihadista desarticulada por la policía catalana en
abril del 2015 en Terrassa, Sabadell,
Sant Quize del Vallés, Valls y Barcelona. A la operación se le
bautizó con el nombre de Caronte. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama
para sus 10 miembros una pena de entre 19 y los siete años de prisión por integración o
colaboración en organización terrorista, según el escrito al
que ha tenido acceso El Periódico.
La acusación pública sostiene que a principios
del 2014 fue creada la célula yihadista autodenominada Fraternidad Islámica. Estaba
formada por un grupo de personas residentes, principalmente, en Terrassa. La
componían marroquís y españoles convertidos al islam. La infiltración de
un mosso fue clave para detener a sus integrantes.
El fiscal destaca que el grupo captaba y
adoctrinaba jóvenes en el "salafismo combatiente", promoviendo
"el uso de la violencia para la instauración de un califato único mundial
basado en la Sharia (ley islámica)”. A la vez, se preparaba para la
comisión de atentados. La organización tenía un logotipo con el que
identificarse y en sus textos figuraba no solo este sello, sino también la
firma “Ujuwwatun Islamiah” (Fraternidad Islámica). La organización, según
la acusación, “compartía los mismos objetivos y fines que la organización
terrorista del Estado Islámico”. Sus acciones se enmarcan “en la denominada
yihad global”, fomentando“una interpretación totalitaria y extrema” de la ley
islámica.
Estructura
jerarquizada
La célula de Terrassa y Sabadell tenía una “estructura
piramidal” y estaba liderada por Lahcen Zamzami y Rida Hazem, ambos de nacionalidad
marroquí, y Antonio Sáez Martínez (Aali),
para los que el fiscal exige 19 años de prisión. Estos tres cabecillas son
considerados los ideólogos y se encargaban, entre otras cosas, de adoctrinar a
los adeptos, “despreciando a aquellos que desarrollan una visión pacifista de
la religión".
El grupo se reunía en la vía pública al salir
de la mezquita de Terrassa, en centros religiosos de Sabadell y Barberà del
Vallés y en domicilios o en locales comerciales, como la peluquería que
regentaba Sáez. En estos encuentros se hacían tareas de
adoctrinamiento y se debatía de la posibilidad de realizar atentados en
España o ir a Siria o Irak para unirse al Estado Islámico. Y no
sólo se hablaba, sino que se visionaban vídeos propagandísticos.
La fiscalía detalla que el 13 de septiembre del
2014 se produjo una reunión de varios miembros de la célula en la peluquería de
Sáez en Barberà del Vallés en las que éste propone perpetrar un
atentado en España. También asegura que tiene un contacto que podría
conseguirle explosivos. Para financiar la operación, planteó secuestrar a
una directora de una sucursal bancaria. Este procesado adquirió, incluso,
productos químicos para la fabricación de explosivos caseros para hacer
pruebas.
Preparando explosivos
El escrito de acusación subraya que Sáez,
realmente, es quien aportaba a los miembros de la organización los “medios
necesarios para imbuirse en la ideología del salafismo combatiente”. En esta
labor le respaldaban, eso sí, los otros dos cabecillas de la red, quienes
se encargaban de “vigilar la estricta observancia del yihadismo”. Los acusados
llegaron a recorrerse Barcelona en coche en busca de objetivos sobre los que
atentar. Hicieron hasta fotografías. Y a uno de ellos se le encontró
sacos vacíos de productos químicos y a otro una nota manuscrita de
instrucciones de cómo fabricar un explosivo.
Como consecuencia del proceso de
adoctrinamiento, A. Ch., en situación de rebeldía, fue el primero de la
célula que en abril del 2014 se desplazó a una zona conflicto, en concreto
Irak. Otros tres miembros de la organización intentaron meses después
desplazarse a Siria. Salieron de Barcelona en coche destino a este país y al
llegar a la frontera de Bulgaria con Turquía, fueron detenidos.
La
presunta indiscreción de un policía nacional
La operación de los Mossos contra
la célula yihadista estuvo a punto de fracasar. El fiscal recoge que el 7 de
noviembre del 2014, en una reunión de los miembros del grupo, se personó uno de
los procesados, Rida Hazem, acompañado de dos conversos españoles de Mataró. Estas
dos personas advirtieron a los asistentes de que un policía les había abordado
y les dijo que los Mossos estaban investigando las actividades de la
organización. A partir de ese momento cesó casi por completo la actividad de la
célula y sus miembros dejaron de verse.
La policía autonómica denunció el supuesto
chivatazo ante la
Audiencia Nacional, pero, a petición de la
fiscalía, se archivó el caso. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, aseguró que “la lucha antiterrorista no se puede dejar en manos de
los que no tienen el más mínimo sentido de Estado”. Y agregó: “Prefiero no
hacer calificaciones de lo que me merece eso, que ya conocía y que no tiene
ningún recorrido judicial ni fundamento”. La Policía Nacional
también desmintió el chivatazo.
El que era portavoz de CiU en el Congreso,
Josep Anton Duran Lleida, solicitó la comparecencia del titular
de Interior, mientras el responsable de la misma cartera en Catalunya, Ramon Espadaler, mostró
su apoyo y total confianza en los Mossos.
