06 febrero 2019
Interior se resiste a
reconocer a víctimas del atentado del 17-A con secuelas psicológicas
El ministro Grande-Marlaska
prometió a la alcaldesa Colau "primar los derechos de los afectados"
del atentado de las Ramblas "por encima de los plazos legales", al
llegar el primer aniversario, en el que venció el plazo para solicitar ayudas.
Pero la Subdirección
de Víctimas del Terrorismo está rechazando ahora muchas solicitudes de
damnificados alegando que "no está acreditado el nexo casual" de su
dolencia, que "no constan en los listados" o que "no estaban en
el lugar exacto".
Al cumplirse un año desde que Younes Abouyaaqoub mató
con su furgoneta a 14 personas –e hirió a otras 128– que paseaban por Las
Ramblas de Barcelona, la superviviente Ana Cortés –quien esquivó por muy poco
el vehículo asesino– hizo de portavoz de las víctimas y su carta de denuncia
contra políticos y autoridades del Estado fue demoledora:
"La única
ayuda que recibimos fue de las fuerzas de seguridad, los equipos de
emergencias, la Cruz Roja ,
los Bomberos, el 061, la UAVAT
y otras víctimas (...) Nos sentimos engañados, abandonados,
incomprendidos, tristes, pero muy unidos y con muchas ganas de recuperar
nuestras vidas (...) tras un año que ha sido durísimo, de incomprensión. Señores políticos: es el momento de
evitar que esto se repita, que no se manipule el dolor de las víctimas y
que no se politice el dolor".
A pesar de este
alegato, algunos dirigentes han seguido utilizándolas en su propaganda, y su
situación no ha cambiado gran cosa desde que el pasado 17 de agosto vieron cómo
acudían a Barcelona tantos políticos deseosos de hacerse fotos junto a los que
tuvieron en el olvido durante todo el año transcurrido. Y los que ahora
intentan obtener algún tipo de ayuda o indemnización por el terror que
padecieron en aquella jornada aciaga de 2017 siguen topándose
con la fría burocracia de unas normas claramente privadas de calor humano.
"Usted puede ser considerado como víctima del
terrorismo exclusivamente a los efectos indicados en el Fundamento anterior [a
efectos honoríficos], por lo que su petición de indemnización por daños
personales derivados del acto terrorista en el que falleció su nieto se ha
de desestimar, sin perjuicio de que continúe con la ayuda
psicológica", es la respuesta que ha recibido desde el Ministerio del
Interior el abuelo de uno de los asesinados por el terrorista yihadista.
La Ley
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo fue desarrollada en septiembre 2013
con un Reglamento que prevé la posibilidad de recibir indemnización en
caso de sufrir secuelas psíquicas "como consecuencia del paso del
tiempo" tras un atentado. Poco más de un año después, el Ministerio del
Interior del Gobierno de Rajoy afirmaba a este diario que la propia Esperanza Aguirre
podría solicitar una compensación económica si acreditaba secuelas físicas o
psíquicas por haber vivido los atentados de Bombay, en 2008.
"Yo
no vi terroristas, sólo la sangre por la que tuve que pisar descalza", relató la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que
huyó a gatas de la recepción del hotel atacado, hasta las cocinas. Pero en 2014 fuentes de Interior aseguraron a Público que Aguirre podría aducir secuelas psíquicas seis años después de esa experiencia "como cualquier otro español que haya sufrido una situación similar".
Porque las
secuelas psicológicas de vivir de cerca un atentado terrorista, aunque no se
sufran lesiones físicas o la pérdida de seres queridos, pueden presentarse
bastante tiempo después. Y el reglamento aprobado hace cinco años también
reconoce a víctimas que, aunque en primer momento no presentaran
secuelas físicas o psíquicas, las padecen más tarde como consecuencia del paso
del tiempo. Igual que las heridas iniciales pueden acabar causando la
muerte mucho después.
Sin embargo,
numerosas personas que asistieron al atentado de Las Ramblas y que ahora
reclaman una indemnización por secuelas psíquicas ven denegada su petición
desde el Ministerio con argumentos como que no recibieron asistencia inmediata
tras presenciar la acción terrorista o que no está suficientemente acreditado el
"nexo casual" de su dolencia con la experiencia vivida durante la
masacre.
"Transcurren 8 meses entre la fecha del atentado y el
comienzo de su baja laboral, por lo que no se cumple el criterio de nexo causal
de adecuación temporal, no siendo posible por tanto considerar a dicho atentado
como el desencadenante directo de dicha baja laboral", reza una de las
respuestas de la
Subdirección de Víctimas del Terrorismo.
"Al no
haberse podido establecer el nexo de causalidad entre la patología que Ud.
padece con el referido acto terrorista, se va a realizar propuesta de
resolución desestimatoria de su petición. Acreditada su presencia en el
atentado, Ud. tiene derecho a solicitar una condecoración, esto es, una
insignia", expone otra negativa.
"Según
consta en el informe psicológico emitido, la interesada recibe tratamiento
desde los 20 años. Actualmente está bajo tratamiento con Diazepan, Rivotril y
Sertralina por padecer trastorno trastorno límite de la personalidad y bulimia
nerviosa, según informe médico. Los informes aportados no relacionan su
patología como efecto del atentado como causa exclusiva. No es
posible por tanto aplicar el criterio de exclusión, es decir, excluir que otra
causa puede ser el responsable del trastorno, ni el criterio de
causalidad de integridad anterior", argumenta otra denegación de
reconocimiento.
El misterioso
"listado de heridos" de la Generalitat
Más extraño
todavía es el argumento de que "la interesada no aparece en el listado de
heridos elaborado por la
Generalitat de Cat. Y la documentación aportada no acredita
su presencia en el lugar concreto de los hechos. Por lo que no puede ser
titular de los derechos y prestaciones regulados en la Ley ". Y decimosextraño porque la
propia Generalitat de Catalunya niega haber elaborado un listado de heridos...
salvo que se refieran a las primeras listas incompletas de víctimas
que se fueron recopilando desde los equipos médicos de socorro y los diversos
centros hospitalarios a
los que acudieron las víctimas.
En la Unidad
de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) –que ha atendido a 175 demandantes de
asistencia como afectados por la matanza– desconocen ese "listado de
heridos" pese a haber intentado rastrearlo. Lo que sí tienen claro es que
más de la mitad (el 52,3%) de los solicitantes de Reconocimiento de Víctima del
Terrorismo han tramitado también una petición de ayuda psicológica.
Las psicólogas
forenses que trabajan en UAVAT subrayan que al menos el 60% de los que han vivido un
acto terrorista padecen después trastornos psicológicos aunque no hayan
padecido también lesiones físicas. Trastornos que en un 20% de los casos
empeoran con el tiempo.
No obstante,
entre los motivos de denegación de las ayudas esgrimidos por Interior destaca
el de ser "testigo de los hechos pero no haber estado en
el lugar exacto" por el que embistió la furgoneta del asesino. Así han visto rechazada su solicitud
personas que trabajaban en ese momento en tiendas o quioscos de Las Ramblas,
que se vieron obligadas a auxiliar heridos o fugitivos de la matanza o que
incluso tuvieron después que limpiar restos humanos de esos lugares.
Igualmente, se
ha denegado la indemnización a familiares directos de heridos o incluso fallecidos,
simplemente porque ellos no estaban presentes cuando sus seres queridos fueron
asesinados:
"De acuerdo con lo expuesto, usted puede ser
considerada como víctima a efectos honoríficos, por lo que su petición de daños
personales derivados del acto terrorista en el que falleció su hermano se ha de
desestimar, sin perjuicio de que pueda solicitar ayuda
para tratamiento psicológico hasta un límite de 3.600€ y la concesión de la Insignia de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo como familiar de D. Xavier
M. M.", es una de las respuestas.
Desde el
Ministerio del Interior se subraya que en este tiempo se ha visitado a muchas
familias en sus domicilios y que, tras el atentado, la directora general de
apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, se trasladó a Barcelona con
un equipo de cinco personas e instaló una oficina de apoyo en la Delegación del
Gobierno, activa del 22 el 29 de agosto, para ayudar en la presentación
de las solicitudes de indemnización.
Pero ese breve
periodo de apoyo activo en Barcelona a las víctimas, por parte del Ministerio
del Interior, fue claramente insuficiente. Como se demuestra comprobando que más
del 80% de los que acudieron a solicitar ayuda a UAVAT no conocían sus derechos
ni habían presentado una denuncia penal; y tres cuartas partes de ellos
no habían tramitado solicitud ninguna al Ministerio.
Es evidente
que la inmensa mayoría de los ciudadanos ignora qué hay que hacer tras padecer
una experiencia tan traumática (física o psíquicamente) como ésa, por lo que difícilmente
se puede dar una asistencia completa a los afectados en una sola semana de
atención presencial en la ciudad sacudida por el atentado. En ese plazo,
la mayor parte de las víctimas todavía no llegaron a recuperarse del shock
personal como para ocuparse de reclamar sus derechos.
Y la prueba fehaciente de ello fue la carta que la
alcaldesa Ada Colau dirigió el 4 de julio pasado al ministro Fernando
Grande-Marlaska, explicándole sin ambages que la asistencia de Interior a las
víctimas se demostraba manifiestamente ineficaz cuando ya habían transcurrido
once meses desde la masacre:
"Desde el
Ayuntamiento de Barcelona nos hemos reunido con muchas de estas víctimas y
hemos constatado que la mayoría o bien desconocen los
detalles del proceso o bien topan con dificultades burocráticas para seguir los
procedimientos establecidos. Por este motivo, hemos impulsado un servido
de apoyo asistencial, jurídico y legal a todas las víctimas".
"Sin
embargo, a pesar de estos esfuerzos y dada la proximidad de la fecha límite
para formalizar las solicitudes, numerosas personas podrían quedar
excluidas debido la complejidad del proceso o por falta de información,
como desgraciadamente ya ocurrió tras el atentado de Hipercor hace treinta
años. Muchas nos han manifestado su preocupación por no llegar a tiempo y nos
han expresado la necesidad de alargar el plazo administrativo para facilitarles
el acceso a las ayudas que les corresponden".
El ministro
respondió a esa misiva dos semanas después asegurando que en los casos de
víctimas que excedieran el año marcado por ley para reclamar se buscaría una
solución en la que "prevalezcan los derechos de
los afectados por encima de los plazos legales".
Pero esas
soluciones no parecen llegar y Roberto Manrique, portavoz de UAVAT,
se indigna de que no haya ninguna oficina de atención a las víctimas en
Barcelona –por lo que los afectados tendrían que viajar a Madrid como única vía
de pedir asistencia oficial si no existiera su organización de apoyo– y
denuncia la ausencia de interlocutor gubernamental para los familiares que han
visto destrozada su vida aunque no estuvieran en el lugar de los hechos.
Él mismo
víctima del atentado etarra en Hipercor, Manrique considera vergonzoso que
"estemos viviendo situaciones calcadas a las que padecimos hace treinta
años. ¿No hemos aprendido nada en todo este tiempo sobre la devastación
personal de los que padecen un atentado así? ¿Tan difícil es para el Gobierno
ofrecerles una atención directa de apoyo psicológico?"
La carta de Colau a
Marlaska: "...como ya ocurrió tras el atentado de Hipercor hace treinta
años"
"No se cumple un nexo causal de adecuación
temporal"
Opinión:
Pues casi nada mas que decir… son muchas las muestras que aportan
veracidad a la afirmación de que, desde las administraciones, no se está
haciendo lo que cuentan y, lo que es peor, lo que las víctimas merecen.
¿Cómo se puede asesorar a las víctimas si no las buscan? ¿Cómo
pueden atender (apoyar) a las víctimas si ni siquiera les han hecho una sola
llamada telefónica en 18 meses? ¿A quién pretenden engañar?
A la UAVAT
y a sus representados, desde luego, no.
Seguiremos informando pese a quien pese y moleste a quien
moleste. Y para terminar… desde la
Fundación de Víctimas del Terrorismo ¿alguna gestión al
respecto de la atención a las víctimas de agosto 2017? ¿No será que la labor
política evita la labor social?
Será…
