13 enero 2019 (05.01.19)
Los otros presos vascos
Medio millar de
reclusos no etarras originarios de Euskadi cumplen condena fuera de su tierra
sin que partidos ni instituciones reclamen su acercamiento
El Gobierno Vasco, el PNV, la izquierda aberzale y
organizaciones afines intensificarán
en 2019 sus campañas en pro de que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga fin a la
dispersión de presos de ETA y entregue las competencias
penitenciarias. El año 2018 acabó en Euskadi con un llamamiento de la
plataforma vasca Sare –filial de la organización de familiares de presos etarras Etxerat– pidiendo
"pasos a favor de los presos" porque "así lo exige la nueva
situación política" y "porque es la base de la paz general e
integral".
Y la misma entidad quiere comenzar el año con su
acostumbrada y "masiva" manifestación en Bilbao, el
día 12, "por los derechos lxs presxs". El entrecomillado es de
una hoja de la campaña Orain Presoak (Ahora los Presos) que Sare ha distribuido
estas navidades a los bares de la capital vizcaína. "Se les pide a los
estados español y francés que tiene que cambiar la política penitenciaria y dar
pasos hacia la resolución", dice la nota
"Esta manifestación traerá a miles de personas a
Bilbao y, por eso, a los bares del Casco Viejo os agradeceríamos mucho vuestra
ayuda", añade la misiva, para concluir: "Os pedimos una aportación de 20 euros, y
vuestro bar aparecerá como bar colaborador en los boletines informativos que
distribuiremos ese día". Pero esa manifestación no será por todos los
presos vascos. Ni siquiera por la mayoría.
Desde hace 30 años está acuñado en Euskadi el apelativo de
"presos vascos" –en extenso, "presos políticos vascos” o,
por resumir, "los presos"– para un colectivo que cumple condena en 40
cárceles españolas y 11 francesas por su implicación con el terrorismo de
ETA y que integran 270 personas. Pero en las celdas españolas hay, según datos
de Instituciones Penitenciarias, 1.580 presos con el País Vasco declarado como
lugar de residencia. De ellos, 1.310 son comunes. Estos otros presos
vascos son casi cinco veces más que los etarras. Y de ellos, 511 (casi el doble
que los de ETA) penan fuera de su tierra pese a que la ley aconseja el
cumplimiento de la condena cerca de las familias y los abogados.
La mayoría de estos otros presos vascos dispersos, 308, están en cárceles de
Castilla y León; cerca, si se trata del penal de Burgos, y muy lejos si es en
la dura cárcel salmantina de Topas. Una parte de ellos,
pese a ser vascos de origen, han desarrollado arraigo cerca de donde cumplen
condena; otros son extranjeros residentes en Euskadi; y una porción no medida,
pero que en Salhaketa consideran "mayoritaria" carece de recursos
"como para costearse un letrado" que les ayude
en el trámite de pedir el cumplimiento de pena en el lugar de origen. Con
suerte, si lo hay, tendrán la ayuda del Turno de Oficio Penitenciario,
caritativa pero escasa institución de los colegios de abogados. No es, claro,
el caso del único preso vasco de la cárcel de Brieva (Ávila), el recluso más
solitario de todo el mapa penitenciario, un alavés de nombre Iñaki Urdangarin.
Cuestión de visibilidad
La plataforma Sare no llama "campaña"
a Orain Presoak: la define como "una dinámica". Rompiendo con el
viejo estilo de las marchas con ikurriñas y mapas negros de Euskal Herria, Sare
la presentó en junio pasado con frescos logotipos nuevos y el apoyo de
personalidades "de la sociedad civil", entre las que hay caras
aberzales de siempre: Olatz Iglesias (la hija del etarra Juan Carlos Iglesias
Chouzas, 'Gadafi'), Martxelo Otamendi (veterano periodista
de medios aberzales), Patxi Zabaleta (fundador de Aralar) o el exconsejero
de Justicia y dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga.
Sare terminó 2018 en Pamplona con una movilización de
diseño, un poco a la catalana, instalando en la capital navarra una
simulación de una celda, con catre y todo. Durante los días 28 y 29 de diciembre, cada media hora se
encerró una persona ante los viandantes para "socializar la conculcación
de los derechos humanos de los presos vascos", explicaba la entidad.
Con el traslado de cuatro etarras el pasado 20 de diciembre
desde cárceles andaluzas a prisiones de León, Asturias y Burgos, Interior completó 17
acercamientos de presos de la banda terrorista ETA en 2018. Solo siete reclusos de
ETA cumplen condena en el País Vasco. Dos de ellos están en prisión atenuada, y
otro en una clínica de daño cerebral. El grueso del colectivo cumple en
Andalucía (78) y en prisiones valencianas (43). Y por ellos protestan sus
familias, que hacen miles de kilómetros para visitarlos.
Pero las performances urbanas y las campañas no citan a los
otros reclusos vascos que residen a parecidas distancias. "El preso social
tiene menos visibilidad que el de ETA –explican desde la ONG alavesa Salhaketa,
dedicada a planes de reinserción de reclusos–. No tienen organizaciones ni
partidos detrás, ni sus familias están orgullosos de ellos".
Drogadictos y pobres
A buena parte de estos 1.310 presos vascos los arrasó la
heroína y la cocaína arremolinadas en duros rincones de Basauri, Bermeo,
Portugalete, Olabeaga... En sus fichas hay delitos contra la salud pública o de robo con
fuerza. Los representa bien el Cacheiro, mítico delincuente de Santurtzi, cuya
banda llegaba a cometer varios atracos al día en el verano del 80, y que acabó
rebuscando en los contenedores. "Estos no son prioridad para el
lehendakari, ni para Moncloa, ni para nadie –ironiza un veterano funcionario de
prisiones con destino en Castilla–. El PNV no quiere gentuza".
Fuentes del Gobierno Vasco admiten a EL PERIÓDICO que no hay entre el panel
de la Secretaría
General de Derechos Humanos –desde
la que Jonan Fernández clama contra la dispersión de presos de ETA– planes
de acción social para los sujetos de esta otra diáspora. Aunque el ejecutivo de
Vitoria sí subvenciona a las ONGs de ayuda penitenciaria.
Por los 806 presos comunes que cumplen en Euskadi se
interesa la ONG
de pastoral penitenciaria Bidesari, del obispado de Bilbao, o la mencionada y
laica Salhaketa. Por
los que están fuera es mucho más difícil, porque es caro visitar a los 23
vascos no etarras en cárceles andaluzas, o los 29 en prisiones gallegas.
No es imprescindible un abogado para rellenar una
instancia pidiendo traslado de prisión –muchos presos se ayudan entre
ellos a rellenar papeles o se los escriben educadores sociales–,
"pero lo difícil es motivar la petición, aportar certificados de
empadronamiento u otros que demuestren arraigo en un lugar y sirvan para apoyar
la petición cuando llegue la revisión de grado", explica una portavoz de
Salhaketa.
Pocas plazas
Hay en la propia geografía penitenciaria de Euskadi
explicaciones a tanta dispersión de los otros presos vascos: las cárceles
vascas no dan más de sí. Con 89 celdas, y en pleno casco urbano, la prisión de
Basauri (Vizcaya) acoge a internos con condenas cortas y preventivos. La decrépita
Martutene de Guipúzcoa, con cuyo desmantelamiento se especula a menudo,
tiene presos de cumplimiento, pero nunca más de 300, y son muchos para una
cárcel que en 1948 se inauguró pensando en 150 inquilinos. Y la otra prisión
vasca, la flamante de Zaballa, cerca de Nanclares (Álava), tiene 720 celdas (no
todas en uso), capacidad para millar y medio de presos, pero no tiene módulo
para los de primer grado, los de peor comportamiento.
Cuando uno de los 806 vascos recluidos en Euskadi se porta
mal y es pasado a primer grado o a aislamiento, generalmente se le traslada a
Dueñas (Palencia) o a Zuera. Y hay diferencia: la cárcel castellana es
considerada una de las duras. Se llama Centro
Penitenciario La Moraleja,
pero no tiene nada de lujoso: hay muchos extranjeros entre sus 1.200 reclusos,
abundan los delitos de sangre en sus archivos y no hay en la provincia un
turno de oficio penitenciario. Para Zuera, al menos, sí lo tiene el Colegio de
Abogados de Zaragoza.
Curiosamente, no hay presos comunes vascos en cárceles de
Catalunya, donde la presencia de reclusos españoles no catalanes "es
testimonial, al año no llega a 50" de más de 7.000, explican fuentes de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Etarras no hay ninguno, como
tampoco yihadistas. Los delitos de terrorismo los juzga la Audiencia Nacional,
e Interior no ha contado nunca en su política de dispersión con "un
sistema penitenciario distinto, como el catalán", explican estas fuentes.
Quizá es porque "los presos son información", aventuran.
Opinión:
Se perfectamente que la presente información se publicó el
día 5 de enero pero he dejado pasar la manifestación del pasado día 12 para ver
si, en algún momento, la tan cacareada manifestación por “los presos vascos”
también incluía a los que se mencionan en la documentación. Evidentemente, no
se les nombró ni recordó lo más mínimo.
Dicho esto, el hecho de que se hable de los presos vascos
que no pertenecen (o pertenecieron) a la banda terrorista ETA me recuerda a
unos argumentos que la ANTIGUA AVT
ya mencionaba en los años 90 del siglo pasado, cuando denunciábamos y a nadie
parecía importarle, que al utilizar las palabras “presos vascos” estaban
haciendo enormes diferencias entre los delincuentes nacidos en el País Vasco.
Porque a nadie se le puede escapar que hay muchos presos
nacidos en el País Vasco cumpliendo condena en cárceles fuera de su territorio
natal pro que no pertenecen a ETA, del mismo modo que se llama “presos vascos”
a miembros de ETA que no han nacido en el País Vasco… por lo que una manera
correcta de llamarles sería “miembros de ETA que cumplen condena fuera de
Euskadi”.
Así que los delincuentes nacidos en el País Vasco que
cumplen condenas que nada tienen que ver con el concepto “terrorismo” serían,
con todo orgullo de nacimiento, considerados realmente presos “vascos”…
