miércoles, 5 de febrero de 2014

05 febrero 2014 (3) El Dia de Valladolid

05 febrero 2014 (04.02.14)

La polémica sacude a la AVT
El Ministerio del Interior deja la puerta abierta a una posible investigación a la Asociación de Víctimas del Terrorismo tras aparecer en los medios una serie de presuntas irregularidades

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) atraviesa por un momento delicado. Y es que, según diversas informaciones publicadas en diversos medios en los últimos días, existen sospechas de que pudiera incurrir en graves irregularidades. Se ha acusado al colectivo que capitanea Ángeles Pedraza de tener una presunta contabilidad B, así como de que hay socios que no merecen ser tales pues no fueron damnificados por grupos terroristas -yihadistas, ETA, Grapo e IRA son los que expresamente se mencionan en sus estatutos-. Entre ellos podría estar su segundo, Miguel Ángel Folguera, por quien Pedraza pudo haber mediado para que fuese reconocido como tal. Ante un asunto tan sumamente delicado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que no tiene «motivos suficientes» para pronunciarse sobre este asunto, al tiempo que afirmó que su departamento no tiene previsto iniciar ninguna investigación mientras no se produzca una denuncia formal. «No tenemos por qué hacerla», sentenció.

«Nadie puede dudar de que el Ministerio ha estado, está y estará siempre con las víctimas del terrorismo», zanjó el barcelonés en un acto oficial en el que se premiaba la labor de la Policía en las redes sociales.

La situación es sumamente complicada para Pedraza, que fue reelegida para liderar el colectivo en mayo de 2012 tras una tumultuosa votación. De hecho, de los más de 4.000 miembros de la AVT, se contabilizaron 1.180 sufragios, poco menos del 30 por ciento, de los que la cordobesa obtuvo 1.114.

La retirada de la lista alternativa, que contaba también con la viuda del dirigente socialista Fernando Múgica, Mapi de las Heras, y otras siete víctimas, causó «sorpresa» a la mujer que lleva al frente del colectivo desde el 26 de mayo de 2010, después de las «graves acusaciones y a pesar de todo lo que han intentado» para impedir la reelección de la actual junta directiva. Esta lucha interna y las acusaciones al equipo de Pedraza de «opacidad», ausencia de transparencia en las cuentas o falta de firmeza en política antiterrorista acabaron en los tribunales con una querella contra Paulina Cerezal, viuda del guardia civil Francisco Díaz de Cerio, asesinado en Bilbao en 1991.
El terremoto que está haciendo tambalearse los cimientos del colectivo se desencadenó cuando varios medios de comunicación publicaron, basándose en testimonios de extrabajadores de la AVT, presuntas maniobras en la actual directiva de la asociación y su entorno para manipular comicios y aprovecharse fraudulentamente de subvenciones públicas.

Así, acusaron a Pedraza de haber convertido a su mano derecha, Miguel Ángel Folguera -que, presuntamente, cobra 800 euros al mes más gastos extra-, en víctima del terrorismo por un atentado de ETA en Madrid en 1987. En un encuentro celebrado el 20 de octubre de 2011, ésta entregó un dossier a los entonces responsables de Oficina de Atención a Víctimas, del Ministerio del Interior. Lo extraño es que no se ha probado que estuviera en el lugar del suceso.
Por si esto fuera poco, también se ha publicado que la asociación podría estar manejando una contabilidad B.

Ésta no es la primera vez que la sombra de la sospecha planea sobre la AVT. En junio de 2005, el que era su jefe en aquel momento, Francisco José Alcaraz, demandó, por un presunto quebranto económico próximo al medio millón de euros, a las juntas que dirigieron la asociación entre 1997 y 2003, presididas por dos de las socias fundadoras, Ana María Vidal y Sonsoles Álvarez.



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