10 febrero 2020
Yihadistas: 186 «bombas» cuando salgan de la cárcel
Los terroristas no aceptan los programas
No interiorizan que lo que han hecho es delito y se aferran
a que son «soldados de Alá», que les ordena seguir en la lucha
Son 186 «bombas de relojería» cuando abandonen la cárcel en
España. Y hay otros 78 que se pueden sumar a la lista. Los planes para sacar de
la radicalización a los presos yihadistas chocan con el fanatismo de quienes se
creen en posesión de la única verdad que les ilumina su dios Alá.
No están dispuestos a dejar su radicalización por más que
se articulen programas y protocolos para que abandonen el yihadismo. Los
presos, ante los psiquiatras, argumentan que los delitos que han cometido no
son tales, sino acciones consecuentes con la participación en la lucha.
No admiten su culpa y, en consecuencia, cuando salen de la
cárcel suelen estar más fanatizados y con un odio mayor a occidente, que, según
ellos, les ha privado de la libertad durante el cumplimiento de las penas. Que
cometan un atentado es sólo cuestión de tiempo.
En los últimos cuatro meses, ha ocurrido en dos ocasiones
en Inglaterra, lo que ha encendido todas las alarmas y ha puesto sobre la mesa
el asunto sobre qué hacer con estos presos en Europa.
Dos casos en
Inglaterra
En noviembre del año pasado, fue Usman Khan el que cometió
un atentado con cuchillo en el Puente de Londres. Había sido detenido en 2012
por pertenecer a una célula yihadista y, tras cumplir la mitad de la pena, fue
puesto en libertad. Hace unos días, un individuo de 20 años llamado Sudesh
Amman cometió un atentado, también con cuchillo, en la capital inglesa. Acababa
de salir de la cárcel.
En ambos casos, los terroristas fueron abatidos por la Policía , ya que portaban
chalecos que aparentaban contener explosivos. Las acciones criminales fueron
asumidas por el ISIS (Estado Islámico, Daesh); dijo que los fallecidos eran
soldados del califato.
Chérif Chekatt, autor del atentado en el mercado navideño
de Estrasburgo, el 11 de diciembre de 2018, también se había radicalizado en
prisión.
Pero no hay que irse tan lejos. Aquí, en España, se han
producido varios casos. El más reciente es el del camionero Allal el Mourabit,
detenido por la Guardia
Civil en julio del año pasado, al sospechar que podía cometer
atentados con el vehículo de gran tonelaje que conducía, como los ocurridos en
Niza y Berlín. Había sido ya arrestado en 2016 por intentar sumarse, hasta en
dos ocasiones, a las filas de Daesh. Fue juzgado por la Audiencia Nacional
y su estancia en la cárcel no debí servir para desradicalizarle, ya que tuvo
que ser arrestado de nuevo. Según se informó oficialmente, se había dedicado a
administrar perfiles y canales en redes sociales desde donde había difundido
gran cantidad de material propagandístico violento.
Un caso más lejano en el tiempo, pero de gravísimas
consecuencias, es el del argelino Allekema Lamari, uno de los responsables de
la célula que perpetró la masacre del 11-M en Madrid. Había sido detenido,
juzgado y encarcelado por pertenecer al GIA argelino y su estancia en prisión
(siempre se consideró inocente) sólo sirvió para radicalizarle. Fue uno de los
que se suicidó en el piso de Leganés.
¿Cuál es la situación actual de los presos yihadistas en
España?. Según han informado a LA
RAZÓN fuentes penitenciarias, existe, desde 2014, un plan
para, por un lado, realizar un seguimiento y control de los reclusos
condenados; e intentar su tratamiento para sacarles de la radicalización.
Tres grupos
Para ello, se les ha dividido en tres grupos:
A/los condenados, y preventivos por delitos de terrorismo
yihadista, que son 133.
B/Los condenados por cualquier otro tipo de delitos no
terroristas, pero que se sabe que son yihadistas. Se les considera como
posibles captadores de otros presos para que se sumen a la «lucha yihadista».
Son 53 reclusos.
C/ Y los internos que, por sus características,
vulnerabilidad y otras circunstancias, son susceptibles de ser captados. Estos
individuos son vigilados por los funcionarios, de acuerdo con unos parámetros y
protocolos, con el fin de detectar cualquier inicio de radicalización y actuar
en consecuencia. Son 78.
Se procura que del grupo A estén solos y han sido
dispersados por las distintas cárceles españolas. Se evitan, en la medida de
los posible, los contactos entre los que pertenecen a los grupos B y C, para
evitar captaciones.
Las fuentes consultadas admiten que, como ocurre en otros
países de occidente, la desradicalización de estos individuos es muy difícil y,
en muchos casos, imposible, ya que no admiten que han hecho el mal, que han
cometido delitos. Están convencidos que son «moujahidines» (combatientes) de la
yihad y que lo que les ocurre es culpa del occidente, que no se somete a la
única religión verdadera, el Islam en su versión más rigorista (Sharia).
La solución para atajar el problema es, en opinión de las
fuentes consultadas, la de someterlos a una libertad vigilada cuando cumplan
condena, ya que su fanatización se mantiene, si es que no ha aumentado, durante
su estancia en prisión.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado diversas
operaciones contra las redes de radicalización en las cárceles a lo largo de
los últimos años.
En agosto de 2018, la Guardia Civil
desarticuló un grupo formado por 25 internos afines a Daesh. Se encargaban de
captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Las pesquisas se iniciaron
tras aparecer en los muros de varias prisiones pintadas a favor de la banda
yihadista que lideraba entonces Abu Bark Bagdhadi. Detrás de lo que parecía una
simple acción contra el reglamento penitenciario, se escondía toda una
organización, en periodo de constitución, para coordinar el adoctrinamiento de
presos.
Más recientemente, en febrero del año pasado, fue el Cuerpo
Nacional de Policía el que desmanteló otra red, centrada en la cárcel de
Valdemoro, a uno de cuyos funcionarios habían captado con dinero para que les
suministrara el material necesario para sus actividades criminales.
Dos millones
El cabecilla, llamado Souleiman, había ofrecido a dos
internos, que iban a obtener la libertad, un millón de euros para que
cometieran atentados con mochilas bomba en Madrid y Barcelona. La operación
permitió determinar que la célula poseía recursos financieros, provenientes del
mundo de la droga y los delitos comunes; y logísticos, para que los actos
terroristas se pudieran llevar acabo, todo coordinado desde la cárcel y con un
enlace de Daesh en el exterior.
Las prisiones, como opinan los expertos, son un foco de
radicalización a través de reclusos catalogados, o cumpliendo condena, por
terrorismo, que ya están controlados por los Grupos de Seguimiento de
Instituciones Penitenciarias.
Pero, cada vez con más frecuencia, se puede constatar que
presos condenados por delitos comunes, que no han tenido ningún contacto a
priori con entornos yihadistas, se radicalizan durante su estancia en prisión.
En definitiva, las cárceles se convierten en «incubadoras»
y en ellas existe «un flujo constante de personas vulnerables, a menudo
violentas, muchas de ellas con trastornos de personalidad, enfermedades
mentales que se sienten agraviadas y alienadas».
Las citadas operaciones policiales pusieron al descubierto
el «Frente de Cárceles» de ISIS, cuyo objetivo es «adoctrinar, radicalizar y
captar ideológicamente» a otros reclusos para la ideología yihadista.
