26 noviembre 2024
“El
derecho a saber la verdad”: el Congreso empieza a investigar a oscuras los
atentados del 17-A
La
comisión de investigación quiere “aclarar” lo que pasó, pero la Moncloa todavía
no ha desclasificado los informes del CNI
Palos
en las ruedas en el pistoletazo de salida de la comisión de investigación del
Congreso de los Diputados sobre los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y
Cambrils. Oficialmente, sobre el “derecho a saber la verdad” y las
“implicaciones derivadas” de unos atentados que causaron dieciséis muertos y
más de 250 heridos. Y con la voluntad de poner la lupa en la relación entre el
Centro Nacional de Inteligencia y el imán de Ripoll y cerebro de los atentados,
Abdelbaki Es Satty. Ahora bien, menos de 24 horas antes de su arranque, el
principal freno ha llegado de la mano del Gobierno, que todavía no ha
desclasificado la información relativa al 17-A que reclamó la comisión,
desoyendo así el compromiso contraído por Pedro Sánchez hace dos meses. Eso ha
impedido, de entrada, que los diputados puedan utilizar esta información para
preparar las dos primeras comparecencias: de Félix Sanz Roldán (director del
CNI entre 2009 y 2019) y de José Luis Olivera (exdirector del CITCO, el Centro
de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). En la respuesta
remitida a la cámara baja, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, el
Ministerio de Defensa alega que, mientras el Consejo de Ministros no la
desclasifique, la documentación solicitada “tiene consideración de secreta” y,
por lo tanto, el Congreso solo puede ser informado de ella en la Comisión de
Secretos Oficiales, que se celebra a puerta cerrada y que obliga a los
diputados a guardar el secreto de lo que se exponga. Esto es lo que pasó, por
ejemplo, en marzo de 2018, con Félix Sanz Roldán. Sin embargo, ahora la
finalidad de la comisión de investigación era poner luz y taquígrafos sobre
esta cuestión, y el Gobierno ha impedido que arranque el motor a pleno
rendimiento.
¿Cuál
será el objetivo de la comisión de investigación? Concretamente, el plan de
trabajo aprobado recoge que la comisión “recaudará del Gobierno” todos los
“documentos, informes, antecedentes o datos que haga falta” para “investigar,
aclarar y analizar las actuaciones e informaciones” relacionadas con el 17-A y
solicitará al Consejo de Ministros la “desclasificación de información
reservada o secreta” en relación con los atentados. Este es el paso que la
Moncloa todavía no ha dado, a pesar de que hace dos meses esgrimía que “no hay
nada que esconder” y defendía su “total transparencia”. El documento detallaba
que se solicitaría al CNI, entre otros documentos, el registro de visitas al
imán de Ripoll en la prisión de Castellón por parte de miembros de los servicios
secretos y las transcripciones de las entrevistas mantenidas por miembros de la
inteligencia española con el cerebro de los atentados del 17-A.
Investigar
el 17-A en el Congreso: a la cuarta fue la vencida
La
comisión de investigación sobre el 17-A está impulsada por Junts y es fruto del
acuerdo entre los juntaires y el PSOE para la elección de Francina Armengol
como presidenta del Congreso. Ahora bien, llevaban meses atascadas: el pleno de
la cámara baja la aprobó hace casi un año (el pasado 12 de diciembre), se
constituyó a finales de febrero, pero había sido paralizada hasta finales de
septiembre. Justo ahora hace un mes, se prorrogó su mandato y podrá estar en
marcha “hasta la finalización de los trabajos que tiene atribuidos”. El pasado
agosto, no fue la primera vez que el independentismo intentaba impulsar una
comisión de investigación sobre los atentados del 2017, pero sí que fue la
primera vez que la solicitud prosperó. Previamente, en los últimos meses de
Mariano Rajoy en la Moncloa, en marzo de 2018, la cámara baja no aceptó las
peticiones de ERC y el PDeCAT. Más tarde, ya con Pedro Sánchez, también se
vetaron las iniciativas de ERC y JxCat en julio de 2019 y de ERC, Junts, el
PDeCAT y la CUP en enero de 2022, todas con la voluntad de aclarar la relación
entre el CNI y el imán de Ripoll.
Una
de las personas que pasará por la comisión de investigación será José Manuel
Villarejo. El comisario jubilado de la policía español se refirió a los
atentados del 17-A hace casi tres años, en enero de 2022, durante el juicio por
el caso Tándem en la Audiencia Nacional. Ante el juez Alfonso Guevara,
Villarejo aseguró que los atentados fueron fruto de un error de cálculo del
Centro Nacional de Inteligencia. “El CNI calculó mal las consecuencias de dar
un pequeño susto a Catalunya”, declaró. Y señaló directamente al imán de
Ripoll, a quien acusó de trabajar en connivencia con el CNI. Según la versión
de Villarejo, los servicios de inteligencia españoles habrían consentido que Es
Satty “hiciera lo que encontrara oportuno”.
El
17-A, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La
puesta en marcha de la comisión de investigación llega después de nuevos
movimientos en relación con la investigación de las autoridades españolas del
17-A. Por una parte, después del portazo del Tribunal Constitucional, Javier
Martínez, el padre del niño de tres años muerto en los atentados, presentó una
demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la “falta de
investigación exhaustiva” de los hechos por parte del Estado español. En el
escrito, Javier Martínez señaló que las autoridades españolas hicieron unas
investigaciones de “alcance limitado” de la acción terrorista en Barcelona y
Cambrils y dejaron “cuestiones claves” sin responder, cosa que implica una
violación del derecho a la vida y del derecho a conocer la verdad sobre los
atentados.
Por
otra parte, los familiares de las víctimas del 17-A pidieron a la Audiencia
Nacional que impida que se destruyan las pruebas de los atentados que todavía
están en manos de la Guardia Civil, precisamente, pensando en el recorrido del
caso a la justicia europea. Esta petición respondía la nueva demanda de la
Guardia Civil, que volvió a pedir al tribunal destruir las pruebas relacionadas
con el procedimiento judicial de los atentados almacenadas en su depósito
judicial.
Hace
un año, cuando el Congreso aprobó la creación de la comisión de investigación,
los partidos independentistas subrayaron la necesidad de analizar el hecho de
que el imán de Ripoll, el cerebro del 17-A, era confidente del CNI. “¿Cómo
puede ser que el CNI actuara con esta negligencia en torno al instigador de los
atentados, que era su colaborador, y que un yihadista radical que había sido
vinculado al 11-M pudiera preparar durante meses un atentado que tenía que ser
de gran magnitud?”, se preguntó Pilar Calvo. La diputada de Junts per Catalunya
afirmó que a día de hoy “no hay pruebas concluyentes para asegurar al 100% que
Es Satty está muerto” y esgrimió que el juez Fernando Andreu dijo que el imán
había muerto en Alcanar “sin ningún informe forense que lo avalara”. En su
intervención, aludió a la explosión de Alcanar el día antes de los atentados:
“Hay testimonios que vieron la furgoneta del imán Es Satty huir de Alcanar
justo después de la explosión, un hecho que nunca se ha investigado. ¿Quién
conducía esta furgoneta?”, planteó.
Por
su parte, Gabriel Rufián expresó que quería ser “muy cuidadoso y responsable” y
pidió “no comprar teorías como las de los peones negros del 11-M”. Eso sí, el
portavoz de ERC en el Congreso verbalizó que hay “cosas preocupantes”. “¿Cómo
es posible que el cerebro de uno de los peores atentados de Europa y en nuestro
país al mismo tiempo fuera un confidente reconocido del CNI?”, se preguntó.
“Hay miles de confidentes del CNI, pero eso no puede ser nunca una excusa”,
arguyó, así que apostó por investigar “cierta inutilidad en todo eso”. Más aún
viendo que, poco después de los atentados, el Ministerio del Interior “se gastó
82 millones de euros en pegar la gente en Catalunya por un referéndum”. “Es
decir, por recursos no era”, añadió Rufián. Y tiró un dardo al PP y Vox: “¿Por
qué ustedes hablan de mancillar el honor de la policía por querer investigar lo
que hace mal la policía o los servidores públicos?”.
Puigdemont,
Forn, Trapero, Rajoy y Zoido, entre los futuros comparecientes
El
listado de comparecientes que aprobó la comisión de investigación incluye, de
momento, 29 nombres. Entre las personas que serán citadas, hay Carles
Puigdemont (president de la Generalitat entre 2016 y 2017), Joaquim Forn
(conseller de Interior de julio a noviembre de 2017) y Josep Lluís Trapero
(mayor de los Mossos d’Esquadra). Con respecto al Gobierno, se convocará a
Mariano Rajoy (expresidente del Gobierno), Soraya Sáenz de Santamaría
(exvicepresidenta española), Juan Ignacio Zoido (exministro del Interior),
Enric Millo (exdelegado del Gobierno en Catalunya) y Diego Pérez de los Cobos
(representante del Ministerio del Interior en la Junta de Seguridad de
Catalunya en 2017). En representación de las víctimas, comparecerá Javier
Martínez.
Opinión:
Pues después de siete años o de tres y medio tras la primera
sentencia de mayo de 2021, por fin se inicia en el Congreso de los Diputados la
Comisión de Investigación sobre los atentados de agosto2017 en Catalunya.
Lo que en cualquier país de nuestro entorno que han
sufrido atentados gihadistas se ha hecho en cuestión de meses, aquí ha tardado
años… pero bienvenido sea si al final sirve para el propósito por el que la
inmensa mayoría de víctimas que conozco (más de 300) están esperando eta
Comisión: para saber qué errores se cometieron y así evitar que los
responsables de los mismos los repitan.
He podido escuchar, hasta ahora, la intervención de Felix
Sanz Roldán. Me guardo la opinión (de momento) porque también tendré que asistir
como compareciente junto a Javier Martínez y Sara Bosch. Pero sí puedo decir que
escuchar a algunos de los políticos que han intervenido en el turno de preguntas
hablando de “LAS” víctimas cuando no han hecho una sola llamada ni una sola
visita al despacho de UAVAT para interesarse por ellas, sinceramente, refleja
la realidad social de cientos de ellas.
Por lo menos, de las casi 300 a las que hemos atendido y
seguimos atendiendo como podemos.
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