miércoles, 4 de marzo de 2020

02 març 2020 (2) TV3 Link programa "Els dies clau"

02 març 2020 



Link programa "Els dies claus" de TV3, emes el dilluns 2 de març de 2020

Tema principal: atemptat de la banda terrorista ETA contra als magatzems “Hipercor”.
Amb intervencions de Sara Bosch, Robert Manrique, Nuria Manzanares i Maria Jose Olivé.


  

02 marzo 2020 elindependiente.com (opinón)

02 marzo 2020 



Una orden secreta permite a la Policía pagar en 'B' a confidentes sin ningún control

La instrucción que dictó el ministro Belloch en 1995 para gestionar los fondos reservados permite pagar a los colaboradores policiales sin autorización judicial, sin que quede rastro de sus identidades y sin tener que comunicar qué información facilitan

La orden secreta que el Ministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto Belloch implementó para gestionar los fondos reservados y el régimen de los confidentes -plenamente vigente en la actualidad- permite pagar a los colaboradores policiales sin necesidad de autorización judicial previa, sin que quede constancia en ningún documento oficial de las identidades de los que reciben esos abonos en ‘B’, sin que los funcionarios tengan la obligación de comunicar qué información facilitan y sin que ésta tenga que estar vinculada necesariamente a una operación determinada.

El Independiente ha tenido acceso al contenido de la instrucción interna que el ministro Belloch aprobó el 12 de septiembre de 1995 para establecer las normas de gestión y control de los fondos reservados y que permaneció oculta hasta mayo de 2019. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo requirió dicho documento al Ministerio del Interior en el marco de la pieza separadaKitchen, lo que obliogóal Consejo de Ministros a desclasificarlo previamente.

La norma veía la luz justo cuatro meses después de que el Gobierno aprobara una ley que, por primera vez en España, regulaba la utilización y control de los créditos destinados a los gastos reservados. Fue un año después de que El Mundodesvelara el cobro ilegal de sobresueldos por parte de altos cargos de Interior a costa de dicha partida, entre ellos el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

En su artículo 6, la citada ley obligaba a los titulares de Defensa; Justicia e Interior (hoy desgajados en dos) y Asuntos Exteriores -los tres únicos departamentos autorizados al pago de este tipo de gastos para la defensa y seguridad del Estado- a dictar las normas internas que fueran necesarias para garantizar que los fondos se destinen a financiar las citadas actuaciones y no se desviaran. Esa orden debía contar con el preceptivo informe favorable de la Intervención General del Estado.

La instrucción aprobada por el macroministerio que dirigió Belloch (1994-1996) -en el que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, estaba al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad- reguló el pago a colaboradores policiales, distinguiendo entre «fijos» y «ocasionales». De forma expresa, el texto venía a amparar «los pagos directos, comidas, consumiciones y regalos» que pudieran recibir aquéllos por proporcionar «información esporádica» o «con motivo del desarrollo y seguimiento de una operación concreta».

La redacción de esta orden comunicada abonaba la opacidad y la falta de fiscalización, dado que no establecía la obligación de comunicar ni a los altos mandos policiales, ni a los responsables políticos del Ministerio del Interior, ni a la Fiscalía, ni tampoco al juez quiénes son los confidentes a los que se entregan recursos públicos ni por qué información se les recompensa económicamente.

En el caso de los colaboradores fijos, la norma respalda que tan sólo aporten «información variada» para el «incremento de la inteligencia básica», sin necesidad de que los datos guarden relación con una determinada operación policial que estuviera en marcha ni que formen parte de una investigación judicial.

La orden tampoco plantea la exigencia de que la captación y pago a los confidentes cuente con la autorización previa de responsables policiales o políticos de Interior y no limita dicha cooperación a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, por lo que abría la posibilidad a pagar por cualquier información de interés policial. Ni siquiera detalla los requisitos de idoneidad que debían reunir aquéllos para prestar ese servicio, por el que el Estado habrá abonado decenas de millones de euros en los últimos 25 años.

Justificación del gasto

De la identidad de los informadores policiales tampoco queda rastro ni siquiera en la fase de justificación del gasto, al reseñarse en la contabilidad de los fondos reservados un concepto genérico -«colaboradores fijos» o «colaboradores ocasionales»- y desglosarse por operaciones con un nombre en clave.

Casi 25 años después de su aprobación, esta orden comunicada continúa en vigor en el ámbito del Ministerio del Interior, el departamento gubernamental que más fondos reservados consume al depender de él la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este diario no ha podido confirmar si Defensa -al que ha estado adscrito la mayor parte del tiempo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- y Asuntos Exteriores han modificado las normas internas que debieron dictar en cumplimiento de lo que establecía la ley de 1995.
  
Opinión:

A ver si lo entiendo bien… el gobierno no realiza la labor asistencial y social mínimamente exigible en cuanto a la atención a colectivos con problemas. Pongamos que hablo de víctimas del terrorismo. Y cuando estás asistiendo a cientos de personas y solicitas colaboración a ese Gobierno para que aporte cierta cantidad de recursos, los impedimentos, los requisitos y las patadas en la boca aumentan exponencialmente. Si lo solicitas a principios de año, quien lo recibe puede estar contento si le ingresan lo solicitado en septiembre, con lo que durante meses tienes que seguir adelantando el dinero para hacer la labor que, repito, debería hacer el propio Estado.

Además (lógico porque hablamos de recursos públicos) te exigen auditorías que corren de tu cuenta, te piden periódicamente las memorias de gestiones… y ahora “descubres” que lo que durante décadas habías sospechado e intuido se cumple con todas las letras. Es decir, se confirma que el Estado que tantas explicaciones exige y tantas trabas presenta para ayudar a efectuar una labor social se dedica a gastar lo que le apetece, lo que quiere, lo que le sale de (…) para conseguir información de confidentes.
Sin límite, sin recibo, sin facturas, sin control.

Que se confirme todo esto es realmente repugnante y más cuando tienes fundadas sospechas de que debieron untar con mucho dinero al que fuera Imán de Ripoll y responsable de la célula terrorista que atentó en Catalunya en agosto de 2017. Y digo “sospechas” porque hubiera sido todo mucho mas sencillo si se hubiera aceptado la creación de una Comisión de Investigación aunque ¿cómo lo iban a permitir? ¿para que alguien “tirara de la manta” y pidiera explicaciones?




01 marzo 2020 (3) Actos organizados por Asociación "11-Afectados por Terrorismo"

01 marzo 2020 

Asociación “11-M Afectados por Terrorismo”





Os informamos de los ACTOS 11-M 2020 “IN MEMORIAM” que la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo tenemos organizados.

ACTOS DEL 11 DE MARZO ORGANIZADOS POR NUESTRA ASOCIACIÓN:

10:30h. Acto, conjuntamente con CCOO, UGT y la Unión de Actores y Actrices, en Atocha, al lado de la cúpula de la estación de trenes de Atocha. Al finalizar el acto visitaremos la parte interior del monumento de Atocha, si han finalizado las obras.

13:30h. Acto en la Calle Téllez nº 30.

18:00h. Acto en Santa Eugenia, frente a la estación de trenes y junto a la escultura “Ilusión Truncada”.

19:00h. Acto en El Pozo, frente al monumento de la estación de El Pozo.

TODOS LOS ACTOS TERMINARÁN CON UNA OFRENDA FLORAL.


Un saludo cordial,


Opinión:


Si alguien está por la ciudad y quiere acercarse, allí estaremos. 

01 marzo 2020 (2) La Nueva España

01 marzo 2020


ETA contra la “mafia de la droga”, la tesis asturiana que da voz a otras víctimas

Pablo Garcia Varela

El historiador Pablo García Varela revela en su tesis doctoral las relaciones de ETA con el narcotráfico y cómo el entramado etarra acabó con la vida de 40 personas relacionadas con el mundo de la droga. Son muertos anónimos a los que se consideró, sin fundamento, confidentes de un Estado al que la neurosis terrorista acusó de utilizar la heroína contra la juventud “abertzale”
Mucha gente fuera del País Vasco desconoce que, a principios de los años 80, ETA inició una dura campaña contra el “mundo de la droga”. La banda señaló al Estado como el máximo responsable de la introducción de heroína en la región para desmovilizar y destruir a los jóvenes vascos. Más de 40 personas fueron asesinadas con la excusa del tráfico de drogas, acusación en muchos casos falsa y sin ningún fundamento.
ETA se erigió en juez y verdugo del pueblo vasco. Para luchar contra la tergiversación de la historia reciente de Euskadi, he trabajado durante los últimos años en una tesis doctoral que explica, a partir de datos y hechos probados, esta ofensiva de la banda y así también desterrar ciertos “mitos” sobre el fenómeno de la heroína. Igualmente, centré mi atención en las relaciones de la banda con el narcotráfico y los problemas de consumo de droga dentro de la organización.
En el País Vasco, la crisis de la heroína golpeó más fuerte que en otras regiones, pero no más que en Cataluña, Madrid, Andalucía o Asturias. La intromisión de ETA y su entorno hizo que el fenómeno se politizara y se perdiera toda objetividad.

Medios de comunicación, partidos políticos y algunos médicos especialistas participaron del “juego” propuesto por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), la especulación sustituyó a la razón y, en ese terreno, la izquierda abertzale se movió como pez en el agua. No fue un caso excepcional y hay factores que explican por qué afectó más a esta región. Por ejemplo, un mayor porcentaje de población juvenil, una tasa elevada de consumo de alcohol, el fenómeno de las “cuadrillas” y quizá el más importante: la incapacidad para actuar con normalidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

01 marzo 2020 La Vanguardia

01 marzo 2020



¿Por qué han aumentado los atentados terroristas de ultraderecha en Europa?
Tres expertos analizan cuáles son las causas que han provocado el auge de la violencia ultra y cómo hacerle frente tanto desde los gobiernos como la sociedad civil

El ataque terrorista del 20 de febrero en Hanau, Alemania, dejó 11 víctimas, mientras que los atentados de estas características han aumentado un 320% en los últimos 5 años, según el Índice de Terrorismo Global 2019.
Salvando las distancias, el asalto en Hanau guarda similitudes con el atentado en la mezquita en Christchurch (Nueva Zelanda) el año pasado, o con el del tiroteo en Noruega de la mano de Anders Breivik. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para entender el auge de estos acontecimientos?
A pesar de la imposibilidad de cuantificar todas las variables que participan de los procesos de radicalización, los expertos coinciden en señalar la polarización de algunos bloques políticos de los países europeos como un caldo de cultivo de la situación actual.
Moussa Bourekba, del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB), resalta la dimensión social del problema.
En este sentido, subraya una “legitimación lenta pero segura del uso de la violencia por parte de individuos afiliados a la ultraderecha”.
Un fenómeno acompañado de una normalización y banalización de los discursos de odio, ya sea en los medios de comunicación o por parte de “actores no directamente relacionados con la extrema derecha”.
Una retórica política que hace conexiones de manera irresponsable puede llegar a criminalizar algunas comunidades y hacer creer a personas que hay un discurso que les legitima a llevar a cabo acciones violentas.
Cristina Ariza, del Tony Blair Institute for Global Change, destaca también la ola de atentados yihadistas en Europa de los últimos años como catalizador del auge del terrorismo de ultraderecha. “Es concebible que los grupos de ultraderecha reaccionen violentamente”, añade.
Algunos académicos señalan con preocupación un tratamiento diferente entre los atentados terroristas de extrema derecha y los yihadistas.
Es el caso de Moussa Bourekba, quien afirma que mientras los atentados perpetrados por personas que se identifican como musulmanas se califican como terroristas sin ninguna cautela, cuando son a manos de un hombre blanco hay más propensión a utilizar eufemismos, como ‘autor de la matanza’.
“Esto nos lleva a ocultar que lo que tenemos delante no son actos de individuos desequilibrados, sino una campaña violenta que usa el terror por parte de individuos de extrema derecha”, concluye Bourekba.
Los autores de los atentados terroristas, especialmente de índole ultraderechista, son frecuentemente calificados de ‘lobos solitarios’. Un concepto con el que muchos expertos no se sienten cómodos.
“Es un concepto que tiene más complejidad de la que parece”, opina Pere Vilanova, catedrático de Ciencias Políticas e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CEI).
Vilanova aduce que hay muy pocos casos de hombres que se radicalizan sólo por internet y casi siempre hay un mínimo de estructura relacional que fortalece su discurso. “A partir de este momento, puede actuar completamente solo”, afirma.

Cada país tiene una normativa específica para luchar contra los atentados terroristas

Pere Vilanova cita, por ejemplo, las ‘Fichas S’ que utilizó el gobierno francés, cuyo objetivo era tener controladas a las personas que viajaban al Próximo Oriente con el fin de radicalizarse.
 “Los países deben repensar los criterios de seguridad preventiva, no sólo reactiva, y a la vez hacerlos compatibles con el mantenimiento del Estado de Derecho”, concluye el catedrático.
“La mejor manera de hacer frente al terrorismo de ultraderecha es querer entender por qué determinados individuos deciden formar parte de grupos terroristas”, explica Moussa Bourekba.
El investigador pone énfasis también en cómo se está comunicando el problema. “El acto terrorista per se es un mensaje que un grupo quiere pasar. Los medios de comunicación tienen un papel crucial, porque pueden contribuir a pasar el mensaje como los terroristas quieren”, advierte.

                         

29 febrero 2020 El Correo

29 febrero 2020 


Murieron demasiados para que el dolor se hiciera postura ética y política
José Ignacio Calleja
Nada cambia en la vida de la gente por las palabras bellas y limpias, pero sin ellas la nada es más definitiva si cabe, la nada es entonces un agujero negro en la prehistoria de cada generación. Eso sucedió hace veinte años en el asesinato de Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez. Y sucedió antes, mucho antes, en una larga lista de víctimas del terrorismo que sus familiares nos han de ayudar a recordar con igual claridad.
No sé cuándo fue la primera vez que cada uno de nosotros le puso nombre propio al terrorismo de ETA. Seguramente desde hacía tiempo, mucho tiempo, desde los primeros días, el corazón de muchos vascos iba por delante en su decir ‘no, no hay derecho’, porque el sufrimiento siempre precede a las ideas. Cada ciudadano deberíamos hacer este ejercicio de memoria moral y responder con la mano en el corazón desde cuándo me fue insoportablemente injusto aquel recuento de víctimas y aquella expulsión de discrepantes de las calles comunes. Porque hay un tiempo de la palabra hecha comunicado y otro de la conmoción interior. Y este doble movimiento se dio sin duda en miles de ciudadanos vascos entre los años 80 y 90, hasta que tarde, demasiado tarde, estalló en las palabras bellas y limpias por donde la conciencia digna respira.
Somos egoístas morales hasta en la solidaridad, es nuestro límite, pero la vida se vale de ello para hacernos mejores y decir, ‘hasta aquí, no sé bien por qué hoy, pero ni un día más: esto es terrorismo puro y duro y quienes lo practican son terroristas’. Y a partir de ese momento ya es imparable este juicio contra quien se instala en la barbarie moral y política como modo de vida.
Y así fue. Con más valor unos, con más cautela otros, con eco público éstos, discretamente aquéllos, pero en el mismo lado muchos, muchísimos. Ya estaba en marcha una gran movimiento cívico y político alzándose a tientas por hacer entender, con los medios de la moral y la ley, que cualquier pueblo tiene que reconocer la ética de los derechos humanos, primero, y la pluralidad social, política e identitaria que en libertad le corresponde a su gente, a la vez. Y que le corresponde hoy, mañana y siempre. De ahí el juego democrático y lo que la política en serio debe brindar como servicio a esa diversidad que nos define. Hubo excesos en el uso de la ley y bien hicieron los que los denunciaron y bien que nos dolió comprobarlos. Pero la verdad es siempre verdadera, incluso contra los propios. Así es el bien moral de la vida social.
Y después de aquellos días -otros los escrutarán con nombres y apellidos, con días y horas de muerte y llanto-, ya muchos empujamos de mil modos a favor de las víctimas contra el terror de los terroristas y contra el magma identitario supremacista que los sostenía. Y el miedo ya no fue el mismo, y las movilizaciones tuvieron otra concurrencia, y los argumentos éticos y políticos de las partes se mostraron incomparables. Ya no era que cualquier violencia es mala venga de donde venga, sino que había una violencia que se expresaba como terror en política y nacía de una concepción totalitaria de la sociedad; había que ponerla, por tanto, en su lugar para sobrevivir los demás.
Murieron demasiados para que el dolor que estaba al fondo del corazón de tantos y tantos se hiciera postura ética y política, grito sobre dónde hay una persona de bien o no. ETA era terrorismo puro y duro, en medio de un conflicto social con diferencias políticas, pero terror puro y duro por su cuenta y riesgo. Y a su alrededor, con mejor o peor conocimiento y propósito, muchos ciudadanos que nunca entendieron ni aceptaron, hasta hoy, que aquello era tan perverso como digo. Tamizado de diferencias políticas sobre la identidad nacional y social, pero terrorismo sin contemplaciones ni tapujos.
Nada cambia en la vida de la gente por las palabras bellas y limpias, pero sin ellas la nada es más definitiva si cabe. Por eso fue y sigue siendo tan decisivo el lenguaje que pone nombre a la verdad de lo que pasó en cada caso y en su conjunto, a la memoria de las víctimas concretas de esa maldad radical, a la justicia que les devuelve su dignidad. Y sigue siendo decisiva la mirada de los vascos sobre nosotros mismos para vernos tal como fuimos y somos; en absoluto quién hizo más, mejor y antes, sino, ante todo, quién hace todavía lo mismo por falta de piedad contra el horror, quién desprecia a los otros por distintos, quién se apropia del presente callando sobre el pasado. Esta es la cuestión que las víctimas me permitirán que apunte en este cierre de palabras.

No son las más urgentes para ellas, tal vez, sino las que más oportunidades crean para esta convivencia que defino, por el reconocimiento del otro a la reconciliación posible. Pero primero, el reconocimiento del otro. Nada cambia en la vida de la gente por las palabras bellas y limpias, pero sin ellas la nada es más definitiva si cabe.

28 febrero 2020 elplural.com (opinión)

28 febrero 2020



La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo desmiente el anuncio con el que presume el Gobierno de Díaz Ayuso
Los presididos por Eulogio Paz matizan las cifras de la Comunidad de Madrid y explican a ElPlural.com la realidad de las solicitudes de indemnización

La Comunidad de Madrid concede 20 millones de ayudas a las víctimas del terrorismo”. Este es el anuncio con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso saca pecho en sus comunicados, tal y como han publicado ciertos medios como el diario El Mundo. Sin embargo, tal y como ha expuesto la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo en un comunicado, al que ha tenido acceso ElPlural.com, estos datos no son ciertos.
Primeramente, la asociación cuestiona que se trate de ayudas como tal, ya que las 1.200 a la que hace referencia el Ejecutivo regional son las indemnizaciones que las víctimas han presentado amparándose en la Ley de Víctimas del Terrorismo que rige ahora mismo en la Comunidad. Además, y pese a que el Ejecutivo dice que utilizará 20 millones para dar respuesta a estas 1.200 indemnizaciones, 15 ya fueron utilizados en 2019 para abonar 300 de estas solicitudes.
Y es que, tal y como el propio Ignacio García Vinuesa -Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo- confirmó a las asociaciones en una reunión el pasado 27 de enero, el presupuesto para este año es de cinco millones de euros, faltando aún 900 solicitudes de indemnización por abonar.
“Para esas 900 solicitudes que quedan pendientes de abonar son para las que la Comunidad de Madrid ha presupuestado cinco millones para este año 2020, cifra que nos parece insuficiente para poder satisfacer dichas 900 solicitudes. De hecho, el Comisionado nos dijo que iba a intentar ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid que, al igual que en el año pasado la cifra presupuestada fue de 15 millones, esta cifra lo fuese también para este año 2020”, sostiene la Junta Directiva de la Asociación, contradiciendo así las cifras expuestas por el equipo de Isabel Díaz Ayuso y matizando el anuncio realizado por el Ejecutivo madrileño.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con Eulogio Paz, presidente de la asociación, que ha manifestado que la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a 900 solicitudes, que todavía no han sido tramitadas ni abonadas, pero, teniendo en cuenta que el plazo para devolverlas ha expirado (6 meses), “el silencio de tramitación positivo hace que tengan que abonarlas”.
No deja de ser sorprendente que en 2019 se presupuestaran 15 millones de euros para hacer frente a 300 solicitudes de indemnización mientras que este año, tal y como ha confirmado el propio Paz, solo se hayan presupuestado cinco millones (un tercio del montante del año anterior) para dar respuesta a las 900 restantes (el triple de las tramitadas en el curso pasado). Es por ello que la Asociación 11-M Victimas por el Terrorismo considera esta cifra como “insuficiente”, máxime teniendo en cuenta que, como expone su presidente, “según la Ley de Víctimas del Terrorismo, que se comprometía a dar el 30% más que el Ministerio de Interior”.
Eulogio Paz pone de manifiesto que es “especialmente relevante manifestar que la falta de presentación de memoria económica y la falta de referencia al número de víctimas del terrorismo total en Madrid cuando se presentó la Ley provoca esta falta de concreción”.

Opinión:

Siempre ha sido un objetivo prioritario el explicar las verdades con pruebas y contrastadas. Por ello en 2004 ya inicié los contactos con víctimas que solicitaban respaldo y apoyo tras los atentados sufridos el 11 de marzo. Una relación que ha continuado en el tiempo y que nos ha llevado a trabajar conjuntamente en multitud de asuntos, especialmente al ser una entidad que ha seguido denunciando las mentiras y luchando contra el uso político que algunos hacen del dolor ajeno.
Los años transcurridos son buena prueba de ello y la última demostración (hasta el momento) es la colaboración que estamos compartiendo en la representación legal de, hasta ahora, cerca de 100 afectados por los atentados de agosto 2017 en Catalunya.
Nuevamente desde la La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo toman la iniciativa y con la valentía que les caracteriza (y que, desgraciadamente, no encontramos en otras entidades que dicen trabajar por las víctimas) desmienten nuevamente una información que les afecta directamente y que no se ajusta a la realidad.
Seguiremos.