20 mayo 2019
Interior presiona a los reclusos de ETA para que paguen las indemnizaciones
En los últimos cuatro
años ha reclamado a más de 400 presos que empiecen a abonar la responsabilidad
civil para evitar que prescriba
Son más de 477 los millones de euros que el Ministerio del
Interior ha destinado a abonar las indemnizaciones a las víctimas fijadas en
sentencia judicial. Por ley, las cuantías oscilan entre los 500.000 euros por
fallecimiento y los 100.000 por lesiones no invalidantes. Es decir, la Administración
asume el pago de la responsabilidad civil de los presos a favor de los
damnificados para evitar su indefensión. Pero, ¿qué ocurre después? En los
últimos cuatro años el Gobierno central ha reclamado de oficio a 421 presos
terroristas, más del 95% de ETA, que abonen sus deudas con el Estado.
Seguir la evolución financiera de las personas condenadas
por terrorismo resultan difícil. La «picaresca», reconocen desde el Ejecutivo,
ha sido una práctica habitual. «Trabajos en negro, cuentas y bienes que nunca
están a su nombre...». La lista es larga. Pero fue hace cuatro años cuando el
Gobierno decidió 'meter mano' de manera decidida.
La clave fueron dos modificaciones legislativas. La
primera, la de la Ley
de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de 2011 -se hizo efectiva
cuatro años despúes-, que permitía al Gobierno actuar de oficio para reclamar
las cuantías que había adelantado para resarcir a los damnificados. La segunda
afectó a la ley de Enjuiciamiento Civil. En 2015 se fijó que la reclamación de
dichas indemnizaciones prescribían a los cinco años, en lugar de a los 15, lo
que obligó a Interior a pisar el acelerador. Más de 60 casos caducan en junio
de 2020.
El Gobierno delegó la reclamación de la responsabilidad
civil en la Dirección
de Atención a las Víctimas del Terrorismo. «Cuando un damnificado solicita la
indemnización a Interior fijada en sentencia, en el escrito a presentar figura
una cláusula en la que cede a la Administración la capacidad de reclamar el dinero
a los condenados», apunta la responsable de este departamento, Sonia Ramos. Es
decir, una vez el Ejecutivo abona la indemnización, la deuda del preso pasa a
ser con el Estado, no ya con la víctima.
Interior ha tejido a contrarreloj una red de colaboración
con profesionales de Instituciones Penitenciarias y la Audiencia Nacional.
«Ha sido complicado porque no es fácil obtener una información que en muchos
casos no está digitalizada. Se han escaneado sentencias y se ha creado una base
de datos», explica Ramos. Conocer en qué cárcel se encuentra cada preso y
certificar la cuantía que debe, así como si ha empezado o no a abonar la
responsabilidad civil, son algunos de los pasos que el Ejecutivo debe dar antes
de formalizar una reclamación oficial.
Dicho esto, Interior ha abierto 775 expedientes -petición
de información, etcétera- en los últimos cuatro años relativos a 358
sentencias. Cabe recordar que en una misma resolución puede haber sido
condenado más de un terrorista.
Embargos de bienes
«Hace dos años que el sistema empezó a funcionar con mayor
velocidad y podría decirse que desde el último trimestre está engrasado»,
afirma Sonia Ramos. La pasada semana llegó a firmar casi una treintena de
reclamaciones. ¿Cuál suele ser la respuesta de los reclusos? «La mayoría
presentan alegaciones. Algunos dicen que pagan el peculio -dinero que reciben
los presos de familiares para sus gastos-, otros que ha prescrito y hay quienes
se declaran insolventes», explica la directora de la oficina de víctimas. La
clave, ahora bien, es que la mera petición formal interrumpe la prescripción de
la responsabilidad civil.
Lo habitual es que los presos ni siquiera empiecen a pagar
parte de lo que deben. «Solo lo hacen los de la 'vía Nanclares' y pocos más»,
asume Ramos. Y eso que de hacerlo, supondría un gesto tangible hacia sus
víctimas. Cabe señalar que para obtener el tercer grado los presos tienen que
haber empezado apagar la responsabilidad civil.
Interior mantiene reuniones con la agencia tributaria para
que, «de detectar algún ingreso», proceda a su embargo. Los reclusos, tanto
dentro de prisión como los que están en semilibertad, pueden acceder a un
trabajo. «El salario mínimo -el Ejecutivo acaba de subirlo a los 900 euros- no
puede ser embargado, pero a partir de esa cantidad, sí. Siempre que no cobre en
negro y todos los trucos que suelen utilizarse», subraya Ramos. La pregunta es
clara: ¿Cuánto dinero ha recuperado el Estado? Se desconoce, pero las fuentes
consultadas aseguran que es una cifra «irrisoria» si se compara con la deuda
que acumulan.
Opinión:
Qué poca memoria tienen algunos cuando hablan sobre
terrorismo. Es inaudito leer que la legislación sobre la reclamación de las
cuantías se presentó en 2011 cuando la realidad muestra que fue en 1999.
Durante aquel año, en plena tregua de la banda terrorista ETA iniciada en
octubre de 1998, un grupito de unas pocas víctimas dedicamos cientos de horas a
trabajar para preparar y presentar la propuesta de lo que llegó a ser la Ley de Solidaridad con
Víctimas del Terrorismo, aprobada en diciembre de 1999.
Lo recuerdo perfectamente porque el año 2000 y entre
la enorme cantidad de trabajo que generó aquella nueva legislación, tuve que
tramitar cientos de expedientes de víctimas por atentados ocurridos en
Catalunya, que llegaron a la cantidad de más de 1.300.000.000 millones de
pesetas (casi 8 millones de euros) de los que, evidentemente, no cobré jamás
una sola comisión… al contrario que algunos que últimamente aparecen como
especialistas y se llevan un porcentaje por pedir a una víctima una sola firma
en un modelo de solicitud descargado de Internet o solicitan 2.000 euros a una
víctima por hacerle una fotocopia de una sentencia.
Explico esto porque va siendo hora de ir replicando
a todos los que tanto opinan y tan poco saben. En aquellos años tan duros de
los 80 y los 90 se hizo un trabajo tan difícil y tan excelente que ahora evita
tantos problemas añadidos a tantas víctimas que es de justicia que se sepa. Y
en cuanto a la percepción de las indemnizaciones a las que estaban condendados
los terroristas, todo empezó en 1999. Miles de víctimas hemos recibido nuestras
indemnizaciones gracias a aquel trabajo y a los que quieren esconder esa
realidad, les invito a que aprendan un poco de historia.
