sábado, 11 de abril de 2015

11 abril 2015 (24.02.15) (2) La Provincia Canarias (opinión)

11 abril 2015 (24.02.15)

Las víctimas canarias del terrorismo reclaman que se juzguen 300 casos

Interior se reúne con más de 150 familiares para dar a conocer las ayudas

“Es inadmisible que España no haya celebrado un juicio”





La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) reclamaron ayer al Ministerio de Interior que inicie una investigación para esclarecer los 300 casos de ataques terroristas del Movimiento por la Autodeterminación del Archipiélago Canario (Mpaiac) y el Frente Polisario de los que cientos de canarios han estado involucrados.

La presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, realizó esta petición durante la reunión que mantuvieron más de 150 familiares de víctimas con la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, en la delegación del Gobierno en Canarias. En el acto,Lucía Jiménez solicitó a Interior, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado que “no dilaten más en el tiempo la impunidad judicial que ha venido disfrutando durante años el Frente Polisario y el grupo independentista Mpaiac”.

Jiménez calificó como “inadmisible” que España “no haya tramitado, localizado, juzgado, capturado ni celebrado un solo juicio contra los asesinos” y denunció la “perversa dejación” de las administraciones “ante un tema tan sangrante y doloroso para nuestras abandonadas y desprotegidas  familias”.

Asimismo, Jiménez señaló el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro y el Presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, ya le han prometido tratar de resolver los 300 casos de terrorismo tras recibir un listado de los atentados.

En la reunión, Sonia Ramos y las subdirectoras de Ayuda y Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Eva Blanco y Paloma Pérez, explicaron las ayudas y derechos a los que se pueden acoger las víctimas. Ramos incidió en la prestación de atención en el ámbito laboral, familiar, social y escolar, así como los aspectos indemnizatorios. Sin embargo, Lucía jJménez apuntó que estas prestaciones son inviables en las Islas mientras no exista una ley canaria sobre la materia y tildó de “paupérrimas” las indemnizaciones que reciben en comparación con las que se concede a víctimas de ETA o del 11-M.

Al encuentro, en el que también estuvo presente la delegada del Gobierno, Maria del Carmen Hernández Bento y el subdelegado, Luis Molina, acudieron víctimas de los ataques terroristas como el majorero Antonio Martín Hernandez, quien estuvo secuestrado siete meses y diez días por el Frente Polisario en un zulo de El Aaiún. O Soraya Perez, hija de un isleño que resultó herido en un atentado del Frente Polisario en 1976. Pérez criticó la “cobardía” de las distintas formaciones políticas del parlamento de Canarias, que no han aprobado durante la actual legislación la ley canaria de víctimas del terrorismo prometida por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. “Nos han mentido”, se quejó.


Antonio Martín Pérez, secuestrado siete meses y diez días:
“Pasé siete meses y diez días secuestrado en un zulo y con la misma ropa”

Soraya María Pérez, hija de una víctima:
“Los partidos nos han mentido con la ley canaria de víctimas del terrorismo”

Víctor González, hijo de víctima:
“Mi madre nunca tuvo un nivel de vida normal por culpa de la bomba del Mpaiac”

Melitona Hernández, familiar de desaparecidos:
“En el hundimiento del “Cruz del Mar” perdía a mi hijo, mi padre, mi marido y mi primo”.


Opinión:

Desde que aquel lejano 22 de septiembre de 2006 tuve la oportunidad de presentar la entonces recién creada Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) he tenido contacto constante con Lucía Jiménez y la gente que le ha ido apoyando con el paso del tiempo y me constan las trabas que han ido sufriendo desde ese momento para que las actividades cometidas entre 1974 y 1988 del entonces llamado “subversivo” Frente Polisario fueran reconocidas como atentados terroristas.
Personalmente no conozco en profundidad la historia del Frente Polisario como para ofrecer datos mas concretos, pero sí conozco las circunstancias de dos ciudadanos residentes en Cataluña de los que preparé sus expedientes como “víctimas del terrorismo” de cara a la legislación indemnizatoria. Y me consta que ambos fueron reconocidos como víctimas de pleno derecho, motivo por el que entiendo absolutamente ajustado a derecho que el resto de ciudadanos (especialmente de origen canario) que sufrieron los ataques de ese grupo sean reconocidos igualmente como víctimas. Solo faltaría que a las diferentes categorías que la administración plantea entre víctimas del terrorismo tuviéramos que añadir a las víctimas del Frente Polisario en una división inferior.

Una de aquellas víctimas me envía, de su puño y letra, esta explicación que considero suficientemente demostrativa de la situación que llevan viviendo:  

“Desmontando las mentiras construidas entono al Frente Polisario y su justificación romántica…Y contra los sucesivos gobiernos democráticos que se han puesto de perfil de forma ignominiosa, pero son atentados terroristas claros y delitos de lesa humanidad contra la población civil canaria/española contra un grupo concreto y fines concretos de exterminio a cambio de la independencia del Sáhara y para presionar a España desde 1974 hasta finales de 1988 contra trabajadores de las minas de fosfatos de Fosbucrá en el Sáhara español, y marineros que faenaban en aguas territoriales...”

Me consta también que estas gestiones se han desarrollado hasta llegar a la Audiencia Nacional entendiendo que no existe prescripción alguna, incluyendo otra razón de índole moral: ningún ciudadano debe ver menoscabados sus derechos como consecuencia de las nefastas o desconocidas gestiones realizadas por parte de la Administración que debería garantizar sus derechos y su seguridad. Estaríamos hablando de 300 acciones que, en su momento y pese al tiempo transcurrido, deberían ser reconocidas como terroristas.

Ante la soledad, el desamparo y el olvido  a la que se enfrentan todas estas víctimas solo me queda ofrecerles mi colaboración... tal y como hice aquel 22 de septiembre de 2006 sin imaginar, ni por lo mas remoto, que llegarían a encontrarse tantas y tantas familias desamparadas.

Y luego los representantes del Ministerio de Interior ya pueden ir a la ONU, a la OTAN, al Parlamento Europeo o a donde les de la real gana a explicar a quien se lo quiera creer “lo bien que trabajamos en beneficio de las víctimas del terrorismo en España”... mientras les ofrecen (ofrecemos) datos completos de víctimas que necesitan ser localizadas y, por lo tanto, atendidas.... mientras miran hacia otro lado o te dicen “que la víctima que quiera algo ya sabe donde estamos”.

Hipocresía. Pura hipocresía.





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