El diari “El País” publicava al següent amb la crònica del company Pere Rios el dia 11 de setembre de 1997:
La sentencia del tribunal Supremo es firme
El Estado pagará 112 millones a un grupo de 12 víctimas del atentado de Hipercor
El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 112 millones de indemnización a 12 personas por el fallecimiento de familiares o por las graves heridas que sufrieron como consecuencia del atentado cometido por ETA el 19 de junio de 1987 en el hipermercado Hipercor de Barcelona. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los perjudicados, solicitó ayer del Gobierno “voluntad política” para indemnizar al resto de damnificados y “evitarles el calvario” de varios años de trámites judiciales. El atentado de Hipercor es el más sangriento de la banda terrorista y se saldó con 21 muertos y 45 heridos graves.
La sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fue dictada el pasado 18 de julio, aunque no trascendió hasta ayer, cuando la AVT convocó a la prensa para explicarla. No puede recurrirse contra la sentencia por lo que ya es firme y pone fin a seis años de reclamaciones administrativas o en los tribunales de este grupo de 12 perjudicados. En 1993, una persona que resultó gravemente herida en el atentado de Hipercor, Alvaro Cabrerizo, ya obtuvo otra sentencia en este mismo sentido, y un grupo de otras 21 personas tienen presentada otra demanda con idéntica reclamación.
La resolución del Tribunal Supremo establece el pago de 15 millones de pesetas a cada una de las cuatro personas que perdieron a sus cónyuges en el atentado. Del mismo modo, la sentencia fija 10 millones de pesetas de indemnización para la hermana de otra víctima y cantidades de entre cinco y nueve millones de pesetas para siete personas más que estaban realizando sus compras en el establecimiento Hipercor el 19 de junio de 1987 cuando estalló la bomba etarra y que todavía sufren secuelas de las graves heridas sufridas. Uno de ellos es Roberto Manrique Ripoll, delegado en Catalunya de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que en junio de 1987 era carnicero del supermercado de Hipercor. Manrique será indemnizado con cinco millones de pesetas porque quedó inválido del brazo derecho.
Antecedente
La sentencia entiende que ese comportamiento de la policía pudo estar motivado por la “subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras veces, pues nunca se había atentado con anterioridad en actuación indiscriminada contra establecimientos mercantiles”, pero precisa que la policía ni “consideró conveniente o factible la evacuación del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni, en fin, acudió al servicio de detección de explosivos”. El tribunal recuerda que, según los bomberos, en 10 minutos se podía haber desalojado el hipermercado y entiende que “no se adoptaron las debidas precauciones”, pese a que la llamada anónima advirtió que la explosión se produciría antes de las 15.40 horas y finalmente no ocurrió hasta las 16.08 horas.
Después de esta sentencia judicial, la AVT exigió ayer que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cumpla su palabra, pues con motivo del décimo aniversario del atentado aseguró que se aceleraría el pago de las indemnizaciones a los perjudicados. “Hasta ahora todo ha quedado en buenas palabras”, aseguró ayer Roberto Manrique, quien dijo también que se sentían discriminados respecto a otras víctimas del terrorismo. “Lamentablemente sólo se hace una fundación cuando la víctima es un político y no un policía o un ciudadano”, precisó Manrique en referencia clara a la iniciativa de perpetuar la memoria del concejal del PP en Ermua Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA el pasado mes de julio.
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