02 febrero 2020 (2) Deia

02 febrero 2020 

Cuando ETA era el MLNV

Pedro Sánchez tiene la oportunidad de afrontar la situación de los presos de ETA, y ahí se enmarca el plan de Lakua para un acercamiento global. Pero el PP promete dar guerra pese a que Aznar acercó a reclusos y Rajoy sondeó beneficios

Utilizar la política antiterrorista como argumento de confrontación política cuando está en la oposición y aplicar beneficios penitenciarios, e incluso acercar a los presos a cárceles de Euskadi, cuando gobierna en Moncloa. Es la dinámica en la que permanece instalado el PP y en la que insistirá en la recién inaugurada legislatura en el Estado a tenor de las críticas que ha vertido a los traslados llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, y al plan del Gobierno vasco para acercar en bloque a Euskadi a los 217 reclusos diseminados en prisiones de todo el Estado. La ofensiva popular, que no atiende a la disolución total de ETA el 3 de mayo de 2018, se ha extendido hacia la posición de EH Bildu en la sesión de investidura de Sánchez y a la negociación de los Presupuestos en Nafarroa, y se ha vehiculado en escenarios tan poco apropiados como el acto de homenaje a Gregorio Ordóñez en el 25 aniversario de su asesinato. Ello provocó la respuesta del lehendakari Iñigo Urkullu, que recordó la evidencia: durante su mandato en Moncloa, José María Aznar acercó a casi 200 presos de ETA, organización a la que se refirió como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) en la antesala de los contactos con la banda que avaló en 1998.

Fue el propio Aznar el que, nada más ser elegido presidente del PP en el X Congreso del partido celebrado en 1990, inauguró la estrategia de echar mano de la política antiterrorista para azuzar la batalla partidista, dinamitando así cualquier grado de consenso, al menos con su partido en la oposición. Todavía tuvo que esperar al 5 de mayo de 1996 para tomar posesión como el cuarto presidente del Gobierno español tras el regreso de la democracia, y entonces cambiaron las tornas. Durante su primer mandato se produjo el acercamiento de 190 presos de ETA, el más abultado hasta entonces. Especialmente significativo fue el año 1999, último de esa legislatura, con 105 traslados.

La tregua que ETA anunció en septiembre de 1998 explica en parte esta flexibilidad de la política penitenciaria, pero en los años anteriores el Gobierno del PP se enfrentó a una de las etapas de actividad más duras de la organización, incluyendo el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (entre el 17 de enero de 1996 y el 1 de julio de 1997) y diez días después el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. Lo cierto es que, durante ese primer mandato de Aznar, el acercamiento de presos a cárceles de la CAV y Nafarroa se produjo de forma constante, como un goteo: 33 reclusos en 1996, 26 en 1997, la misma cifra en 1998 y más de un centenar el año siguiente. La tregua se rompió en noviembre de 1999, pero antes Aznar avaló los contactos con la banda armada, a la que se refirió como el MLNV, expresión que llamó la atención sobremanera y que ha quedado para la Historia.

ETA anunció el cese definitivo de su actividad el 20 de octubre de 2011, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno español. Sin embargo, hasta llegar ese momento, Mariano Rajoy, como presidente del PP y líder de la oposición, tomó las calles en una feroz confrontación a Zapatero y al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: el PP encabezó hasta una decena de manifestaciones para denunciar las supuestas cesiones políticas del Ejecutivo del PSOE a ETA en una negociación entre ambos. Esta forma de proceder cambió sustancialmente al llegar Rajoy a Moncloa.

Información de la cárcel

Durante la presidencia de Mariano Rajoy en el Gobierno español, entre 2011 y 2018, se concedieron beneficios penitenciarios de forma puntual. Según una respuesta parlamentaria a EH Bildu pocos días antes de la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa el 1 de junio de 2018, de los 243 reclusos de ETA que había entonces en cárceles españolas, 28 vieron sus condiciones mejoradas: 11 accedieron a un segundo grado muy flexible, en la práctica un régimen de semilibertad, y otros 17, en segundo grado ordinario, pudieron salir de la cárcel de forma periódica al contar con permisos penitenciarios. La gran mayoría de los presos de la banda, más de 200, estaban clasificados en primer grado, el más duro, que impide disfrutar de cualquier permiso de salida, y el PP aseguraba que limitaba los beneficios a quienes hicieran autocrítica.

Con ETA ya totalmente disuelta, el segundo Gobierno de Mariano Rajoy, con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, estaba preparando el terreno para proceder a acercar a los presos a Euskadi. Según diversas informaciones, esta medida iba a afectar a 40 presos de la banda y con este fin en febrero de 2018 Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, pidió de manera urgente a los directores de las cárceles información de los 29 internos de ETA clasificados en segundo grado y los 11 que padecían enfermedades graves para conocer si habían dado muestras de aceptar las vías legales que facilitaran su reinserción, como la progresión de grado, que facilita la semilibertad. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraron de forma explícita que la finalidad era elaborar una lista de reclusos candidatos a ser acercados a cárceles vascas.

Esta vía se cortó de forma abrupta con la moción de censura, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez echó mano de la información recabada para impulsar su propio plan de acercamiento, ya con 233 presos de ETA en cárceles del Estado. Según datos remitidos por Instituciones Penitenciarias a la AVT el pasado diciembre, el gabinete del PSOE trasladó a cárceles próximas a Euskadi a 32 presos y concedió, al menos, 28 segundos grados. Además, 24 salieron en libertad, la mayoría por cumplimiento de condena y dos por sufrir una enfermedad grave.

Nada más producirse el relevo en Moncloa, Pablo Casado, elegido presidente del PP el 21 de julio de 2018, cargó duramente contra Sánchez por los acercamientos de presos que empezó a llevar a cabo. El nuevo líder de la oposición le acusó de romper el consenso, hacer concesiones a los nacionalistas y menospreciar a las víctimas. Mientras el Gobierno del PSOE alegó que "no hay ningún cambio en la política penitenciaria" y que "se está estudiando cada caso de manera individual", Casado aseguró en agosto de ese año que estos movimientos suponían la "contraprestación a una moción de censura vergonzante", en referencia a "batasunos y el PNV", a la que "nos vamos a oponer frontalmente". Un modus operandi heredado directamente de Aznar y Rajoy.

En concreto, Casado se refería al traslado de dos reclusos de ETA a una cárcel vasca tras obtener el tercer grado y, por primera vez desde que se recuerda, sus declaraciones fueron afeadas por colectivos de víctimas tradicionalmente afines al PP. "Siempre ha habido acercamientos. José María Aznar acercó a casi 200 presos. Todo el mundo se pone a decir burradas, pero sabemos cómo funcionan los acercamientos y el acceso al tercer grado. Se ajusta a la ley, no nos oponemos", dijo la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. "Estos dos casos cumplen todos los requisitos, se ajustan a derecho y no nos podemos oponer, aunque no nos guste", apostilló Maite Araluce, presidenta de la AVT.

Como contraste a las críticas del PP, en la antesala de la gran manifestación en favor de los derechos de los presos que recorrió Bilbao el pasado 11 de enero, la entidad organizadora Sare consideró los pasos del Gobierno del PSOE totalmente insuficientes: "Han sido pasos tímidos, muy pequeños y creemos que deben proseguir de manera más audaz y urgente", afirmaron los portavoces de la red ciudadana. El propio colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) consideró que el número de acercamientos realizados "está lejos de las expectativas generadas".

Sin perdón

La forma de proceder de Sánchez, reelegido como presidente español el 7 de enero, supone una continuación directa de los planes que estaba a punto de implementar el gabinete Rajoy, y de hecho está en línea con las promesas que, desde el PP, se habían lanzado de acabar con la dispersión de los presos una vez ETA echara el cierre. "No habrá acercamientos de presos hasta que ETA se haya disuelto", afirmó en febrero de 2012 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Por su parte, el dirigente del PP de la CAV Iñaki Oyarzábal señaló en enero de 2017 que "en el momento en que se disuelva, los presos se acercarán a cárceles vascas".

Pese a que el discurso del PP cambia diametralmente cuando integra las filas de la oposición, Mariano Rajoy tuvo tiempo de poner en marcha en 2012 un ambicioso plan que contemplaba el acercamiento de presos para acelerar el fin de ETA. Como paso previo se exigía el abandono de la banda y el rechazo explícito del terrorismo, lo que suponía una suavización de las condiciones de la vía Nanclares, que incluían pedir perdón a las víctimas. Una vez en cárceles de Euskadi o próximas, los presos debían asistir a determinados talleres y podían acceder a beneficios penitenciarios, para lo que, esta vez sí, ya era necesario ese perdón. El número de reclusos que se sumaron a este plan fue muy reducido y acabó diluyéndose.