10 octubre 2013 El Mundo (opinion)

10 octubre 2013

Los presos de la “vía Nanclares”, la llave para resolver 82 crímenes de ETA

El propio Bolinaga podría tener datos de al menos una decena de asesinatos de la banda.

La llamada vía Nanclares nació para romper el bloque del colectivo de presos de ETA, para intentar que los terroristas dieran pasos hacia el arrepentimiento, para dejarles abierta una puerta si decidían romper con la sangre. Y ese camino dio algunos frutos. Pocos, pero algunos. Lo que no está claro es que los etarras que están accediendo a esta vía estén cumpliendo completamente su parte del contrato. ¿De qué hablamos? De la colaboración con la Justicia.

Los datos son demoledores. Cerca de un centenar de crímenes se podrían esclarecer si los terroristas que están inmersos en esta vía estuvieran echando una mano cierta y real a la Justicia para poner luz en todos aquellos atentados pendientes de resolver.

Es Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, quien desvela estas cifras en un prolijo informe publicado en el último número de la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Según este estudio, los 17 presos de ETA que gozan de beneficios penitenciarios en la cárcel de Zaballa (Álava) podrían esclarecer 82 asesinatos. Y uno de estos etarras es, precisamente, de los que más rechazo ha provocado en las víctimas por su excarcelación. Se trata del carcelero de José Antonio Ortega Lara, Josu Uribetxebarria Bolinaga, el etarra que le dejó encerrado durante más de 500 días y que tiró la llave del zulo en el olvido tras ser detenido, el etarra que disfruta de una decisión humanitaria que él le negó al funcionario de prisiones, a quien se mostró dispuesto a dejar morir en Mondragón.

Bolinaga podría tener datos que permitirían avanzar en el esclarecimiento de una decena de asesinatos, según este estudio.

Los 17 miembros de ETA que gozan de beneficios penitenciarios – como puede ser la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permisos ordinarios y extraordinarios, semilibertad o libertad condicional – podrían esclarecer 82 de los 229 casos que se han sobreseído, que están prescritos o de los que no hay constancia documental en la Audiencia Nacional desde el año 1980 hasta la actualidad.

Al menos 15 de estos 82 casos aún no están prescritos, por lo que se podría actuar aún contra el autor o los autores. En cualquier caso, aunque estén prescritos, el hecho de que las víctimas puedan tener información completa de quién o quiénes acabaron con la vida de sus seres queridos es, al menos, una reparación moral.

Sin embargo, no existe constancia judicial de que los 17 presos hayan colaborado activamente para esclarecer estos casos de asesinato sin resolver, tal y como les exige la ley para acceder al tercer grado o la libertad condicional.

El estudio detalla que Bolinaga formó parte de varios comandos en los años 80 y 90. Durante esos años, este miembro de ETA pudo tener información directa que ahora sería muy valiosa para esclarecer 10 de los 229 casos sobreseídos o prescritos. Concretamente, podría colaborar con la Justicia para esclarecer cuatro casos que todavía pueden investigarse, pero que, en los próximos años, quedarían archivados sí este miembro de ETA no colabora.

La cárcel de Zaballa es conocida por ser el último escalón hacia la libertad para los presos etarras, por lo que los reclusos de Zuera o Villabona suelen ser trasladados allí para acogerse a los beneficios penitenciarios que se están aplicando continuamente. Sin embargo, la realidad comienza a ser otra, ya que terroristas como José Luis Álvarez Santacristina Txelis o José Manuel Fernández Pérez de Nanclares se encuentran ubicados en cárceles aún más cercanas a sus domicilios, como Martutene (San Sebastián) o Basauri (cerca de Bilbao).

Los 17 etarras de Zaballa están condenados a un total de 5.435 años de prisión por haber cometido 104 asesinatos, entre otros delitos, de los que solamente han cumplido 314 años; es decir, ni siquiera un 6% de la condena global.

Por ejemplo, Fernando de Luis Astarloa, adscrito a la cárcel de Zaballa, goza de libertad condicional desde marzo de 2012, a pesar de haber cumplido únicamente 23 de los 100 años a los que fue condenado por dos asesinatos.

Otro miembro de ETA adscrito a la cárcel de Zaballa que goza de la libertad condicional es José Miguel Latasa Guetaria, condenado a 490 años por nueve asesinatos, de los que sólo ha cumplido 25 años de cárcel. Latasa formó parte del comando Goierri Costa desde 1983 a 1986 y del comando Donosti hasta julio de 1988. Podría esclarecer 21 casos que, estando prescritos, podrían aliviar el dolor de los familiares de los asesinados, pero no lo ha hecho hasta el día de hoy.

También hay otro miembro de ETA adscrito a la cárcel de Zaballa que se encuentra en libertad condicional sin haber colaborado con las autoridades para esclarecer los casos sin resolver. Se trata de Miguel Simón Ruiz de Eguilaz Bengoa, condenado a 40 años de prisión, quien formó parte del comando Shanti-Araba desde 1986 a 1988. Se sabe que este comando podría tener conocimiento o cometió el atentado contra el artificiero de la Guardia Civil Fernando Amor Calvo.

Resulta muy llamativo el caso del preso de ETA Kepa Picabea Ugalde, también adscrito a la cárcel de Zaballa, que goza de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y es el autor de 11 asesinatos, aunque fue solamente condenado a 191 años de prisión, por haber prescrito muchos de los atentados en los que participó. Desde 1979 hasta julio de 1995, Picabea formó parte de los comandos Adarra, Urko, Goierri-Costa y Donosti, y puede saber y disponer de información de gran valor sobre 36 asesinatos sin resolver. Tampoco hay constancia de que haya colaborado con las autoridades judiciales para esclarecerlos. De estos 36 asesinatos, sólo uno no ha prescrito, aunque está a punto de hacerlo: el del guardia civil retirado Juvenal Villafañe García, cometido el 16 de septiembre de 1993 en Andoain (Guipúzcoa).

Otros históricos adscritos a la cárcel de Zaballa son José Luis Urrusolo Sistiaga, Carmen Guisasola e Idoia López Riaño, condenados a 296, 92 y 2.114 años, respectivamente, por ser los responsables de 14, cuatro y 23 asesinatos cada uno. Estos tres terroristas podrían disponer de información sobre 51 casos sin resolver de asesinatos de ETA. Once de ellos aún no han prescrito, porque se produjeron entre 1993 y 1997. El terrorista Urrusolo podría facilitar información sobre los mismos, ya que, entre marzo de 1992 y enero de 1997, formó parte del comité ejecutivo de ETA, que era el encargado de fijar los objetivos que debían ser asesinados.

El currículo del terror

Bolinaga. Hay constancia judicial de que participó en tres asesinatos y en el secuestro de Ortega Lara. Entre 1985 y 1987, formó parte de los “comandos Txantxangorri” y, entre 1991 a 1997, del “comando Goherri”. En libertad condicional, por razones de salud, tras cumplir sólo 15 años de prisión, a pesar de estar condenado a 260 años.

Pérez de Nanclares. Formó parte del “comando Vizcaya” entre 1991 y 1992. Debería haber colaborado con la Justicia para esclarecer los asesinatos, en 1991, de los guardias civiles Francisco Díaz de Cerio, Francisco Álvarez Gómez y Carlos Pérez Dacosta y del vendedor Manuel Etxebarria, cometidos por este sangriento comando.

Fernando de Luis Astarloa. Perteneció al “comando Orbaiceta”, desde 1985 hasta 1990. Este grupo es el responsable de, al menos, cinco atentados en los que murieron, en 1985, el analista Jesús García Vadillo y el guardia civil Eugenio Recio García; a los policías Manuel Fuentes y Julio Sánchez, en 1986, y la civil María Luisa Sánchez Ortega, en 1987.

Opinión:

Aunque siempre he manifestado la presente opinión, lo hago de nuevo para evitarme las burradas que algun@s puedan decir desde su ignorancia.

Si la llamada "doctrina Parot" se aprueba, perfecto. Será una decisión que deberán acatar los "malos" del mismo modo que se aprovechan de los beneficios que la legislación les otorga.

Dicho esto, me permito recordar lo vivido en y desde 1989 tras la sentencia del atentado en Hipercor. Las explicaciones jurídicas sobre el cumplimiento integro de las condenas que me dieron Juli de Miquel y Santiago Montaner (q.e.p.d.) me hicieron comprender la realidad. Años después, con la sentencia por el atentado en Vic, José Maria Fuster-Fabra me repitió la misma explicación. Tanto en un caso como en el otro (y los que vinieron después) fui el encargado de explicar aquella información a todas aquellas victimas que lo solicitaron incluidos los cambios por los atentados a partir de 1995 en el Código Penal, cambios solicitados y coordinados desde la antigua AVT.

Ello llevo a hacer una pedagogía "jurídica" enorme dirigida a cientos de victimas, muchas de las cuales están ahora presentando muchas dudas sobre la actual situación.

Resumiendo...independientemente de la condena (de 31 a p.ej. 3000 años) para atentados anteriores a 1995 la máxima estancia en prisión son 23 años. Para los atentados cometidos a partir de 1995 serán 30 años. ¿que con la doctrina Parot serán siete años mas...de 23 a 30? Bueno...muy bien...será legal pero seguirá sin ser proporcional al daño causado. Esa es la explicación que muchos abogados, incluso los que estaban en la antigua AVT con los que he hablado o he visitado en los últimos meses, comentan constantemente.

Imaginemos un terrorista que ha asesinado a dos personas y cumpla la diferencia de siete años, de 23 a 30 años... esos siete años de mas ¿en nombre de cual de las dos víctimas se cumplirán? ¿los familiares de las dos víctimas se sentirán resarcidos realmente?

Es una cuestión compleja y un riesgo muy peligroso... si se pierde el asunto de la doctrina Parot los “malos” se envalentonarán y todavía lo venderán como una victoria. Maldita la gracia.

En cuanto al tema de el esclarecimiento de los atentados, naturalmente que hay que exigir que cooperen y ayuden si se creen acreedores de un beneficio penitenciario. Sólo faltaría... para eso están los jueces y la propia legislación que debe aplicarse.