13 agost 2007 (2) El Correo Español

13 agost 2007 (2)

El diari “El Correo” també publicava informació al respecte però ampliant les dades i els casos. El  responsable de la informació es el mateix company Miguel Pérez.

Todavía no se conoce el número exacto de afectados

El Gobierno busca a decenas de víctimas del terrorismo para que cobren indemnización

Dos asociaciones descubren unos 400 casos de personas que desconocen que son damnificadas porque ninguna administración se lo comunicó

Interior busca a 8 heridos que no han sido indemnizados por el atentado más cruel de ETA.

Al menos cuatrocientas víctimas del terrorismo desconocen que lo son de cara a la Administración o los tribunales y, por lo tanto, tampoco perciben las prestaciones sociales y económicas que les corresponden por ley. La razón es tan simple como insólita: ninguna institución se ha encargado de localizarles y comunicarles su condición, reconocida a partir de que en alguna sentencia judicial aparecieran como damnificados por un atentado. Tras adquirir el compromiso de buscar a los afectados, la oficina de Apoyo a las Víctimas del Gobierno central confirmó el viernes que “este mismo mes” se está trabajando ya en la localización de varios ciudadanos heridos en el ataque contra el Hipercor de Barcelona en 1987 para que reciban las indemnizaciones.
La mayoría de los damnificados que se encuentran en esta situación resultaron heridos o perdieron a un familiar en acciones terroristas ocurridas en las décadas de los setenta y los ochenta. Otros tiempos, donde, a la ausencia de asociaciones cívicas que pudieran servir de vínculo y canal informativo, se unía “la desatención general. Las víctimas salían del hospital y, salvo sus allegados, nadie se interesaba por ellas”, reprocha Roberto Manrique, presidente de la asociación catalana de damnificados (ACVOT) y herido en el atentado del Hipercor de Barcelona en 1987
Entre las búsquedas, 102 tienen su origen en ataques de ETA, la Triple A, Terra Lliure o los GRAPO. Las Brigadas Rojas, en un caso. Y entre setenta y un centenar corresponden a marinos y trabajadores que fueron ametrallados, secuestrados o atacados con minas hace tres décadas en medio del conflicto en el Sáhara español entre el antiguo Frente Polisario y Marruecos. Ya jubilados, muchos siguen creyendo, como entonces se les dijo, que las balas que recibieron fueron, oficialmente, un “accidente laboral”.

“Hablamos de resoluciones que habitualmente han salido diez, quince o veinte años después del atentado, cuando los terroristas han caído y se han celebrado los juicios. Es decir, perdidas en el tiempo para muchos afectados que ni siquiera saben que hay un fallo judicial. Teóricamente todos pensamos que la Administración debe ponerse en contacto con ellos para informales, pero eso no se ha hecho, al menos en todos los casos y con el rigor necesario”, critica Manrique.

La ayuda de detectives

Los primeros indicios de esta bolsa de víctimas sin localizar, cuyo número real no se conoce con exactitud aunque nadie duda que irá en aumento a medida que sigan indagándose sentencias antiguas y se resuelvan nuevos juicios contra etarras, tuvo lugar precisamente en 1999 a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Solidaridad. La normativa concedía un plazo a los damnificados para que pudieran inscribirse en el registro y tener acceso así a los pagos y diferentes prestaciones sociales, como becas de estudio para los hijos o facilidades en la adquisición de una vivienda.
La asociación catalana -entonces una sección dependiente de la AVT y, más adelante, como colectivo propio bajo las siglas ACVOT- comenzó a revisar resoluciones judiciales para facilitar los trámites a las víctimas. Repasó juicios que se remontaban incluso a 1968, año hasta el que la normativa tiene carácter retroactivo. Con estupor, la ACVOT constató que “de bastantes víctimas ni siquiera se conocía su paradero. Eran nombres y apellidos. No deja de ser curioso que una Administración pueda localizarte para enviarte una multa de tráfico o una citación judicial, pero que a la hora de comunicarte que eres beneficiario de una indemnización no ocurra igual”.

“Decidimos que había que ponerse las pilas para encontrar al mayor número posible con el fin de que pudieran acceder a las ayudas en el plazo previsto”, recuerda Roberto Manrique. Setenta víctimas fueron localizadas, paradójicamente, gracias a la ayuda desinteresada del Colegio de Detectives de Cataluña.

”Nos causó una gran sorpresa que hubiera afectados por el terrorismo sin localizar. Tampoco entendíamos que, si nosotros podíamos encontrar a una víctima, ¿cómo no podía hacerlo la Administración con todos sus medios?”, explica un portavoz del Colegio, que prefiere omitir detalles de una búsqueda “que a veces fue sencilla y, otras, muy difícil. Nunca hemos querido darle publicidad porque creemos que perdería su espíritu: simplemente, entendimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados”.
Entre 1999 y 2005, la asociación dio con el paradero de otras veinte víctimas, que se incorporaron a las prestaciones contempladas por la Ley de Solidaridad después de la apertura de un nuevo plazo de inscripción (11 de marzo-11 de septiembre) por mediación de Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado del Gobierno para las Víctimas del Terrorismo, y del director de la Oficina de Apoyo a las Víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes.

Uribes pidió también al colectivo que le entregara el listado de todos los damnificados 'anónimos' para que Interior iniciara su búsqueda: ahora mismo, esa lista se eleva a 102 ciudadanos. Entre ellos, figuran una veintena de heridos en los atentados de Hipercor y la casa-cuartel de Vic, dieciséis afectados por la explosión de un coche-bomba de ETA en un cuartel de la Policía Nacional en Barcelona en 1986 y otra decena que resultó lesionada por el paquete bomba que la Triple A hizo detonar en la redacción de 'El Papus' en 1977.

La pregunta inmediata, a la vista de estos hechos, es: ¿Por qué los propios interesados no se han movilizado por su cuenta durante todos estos años? “Por desinformación, falta de medios o dolor”, responde Manrique. “Es un tema muy complejo. Hemos hallado víctimas que no se consideraban como tales porque un día lograron recuperarse. Habían visto como otros perdían una extremidad y pensaban: 'Si yo he salido por mi propio pie del hospital, no puedo compararme con aquél que ha quedado inválido'”. “Otro caso: recientemente hemos localizado a dos hermanos heridos en el incendio del hotel Corona de Aragón en 1979. Ellos seguían pensando que, como se dictaminó al principio, lo suyo fue un accidente y que no eran afectados por el terrorismo, como los declaró el Gobierno hace unos años. Y hay una cuestión recurrente: muchas viudas y huérfanos han dejado de indagar en algún momento para no continuar regresando a un pasado doloroso”.

Sin plazos

Finales de los 70. Lucía Jiménez tenía 10 años cuando su padre, electricista en una empresa de fosfatos en el Sáhara, resultó herido en atentado. El 'Land Rover' en el que viajaba pisó una mina. Un compañero murió. Él salvó la vida, pero regresó a Canarias ciego, sordo y con abundante metralla alojada en sus extremidades. El Gobierno lo consideró un “accidente laboral” y le concedió una paga de invalidez permanente de 40.000 pesetas. Estaba casado y tenía cinco hijos.

A raíz de la Ley de Solidaridad, Lucía y su familia iniciaron un proceso para ser reconocidos como víctimas del terrorismo. Inútil. “La Audiencia Nacional nos respondió en 1999 que 'eso no se remueve'”. En 2005, cuando el Ejecutivo estableció un nuevo plazo de incorporación a la normativa, volvió a la carga. Se reunió con Gregorio Peces-Barba, “que se echó las manos a la cabeza. Es un hombre sensible hacia las víctimas. En cambio, las gestiones con el anterior Gobierno fueron terribles”, reprocha. En 2006, empezó a llegar el reconocimiento a los españoles con cicatrices del antiguo conflicto del Sáhara. “Este Gobierno ha sido valiente en reconocerlo. Era algo tan flagrante que actuó de oficio”. Para Francisco Jiménez llegó tarde: murió dos semanas antes de recibir la notificación.

Desde la asociación canaria de víctimas, Lucía lleva ocho meses buscado a casi un centenar de marineros y operarios atacados en aquel territorio y en el banco canario-sahariano, así como a unos 200 familiares, tanto de los heridos como de los fallecidos. “Son personas que están debajo de la alfombra administrativa. La mayoría sigue pensando que fueron víctimas de un accidente laboral o ha renunciado a pelear porque quiere olvidar. Pero eso no evita que tengan derecho a una indemnización”.
Para estas asociaciones, los 400 casos detectados representan únicamente la punta del iceberg. Ante la presunción de que sigan aflorando, los catalanes han pedido al Gobierno que anule los plazos de inscripción para recibir ayudas y convierta este trámite en “'ad eternum', con el fin de que cualquier damnificado que encontremos pueda incorporarse directamente al registro sin esperar uno o dos años a que se abran los plazos”.

La asociación gallega de afectados por el terrorismo abordará también este conflicto durante unas jornadas que celebrará en octubre en La Toja. “Existe descontrol”, subraya su presidente, Eloy Ruiz, en unas declaraciones que no eluden la autocrítica. “Veamos si somos capaces de contactar con la sociedad, pero también con nuestra propia gente”.