12 abril 2018
La rectificación del juez con los
CDR ha arrojado luz sobre una reforma penal contra el terrorismo que, esta sí,
supone una regresión democrática
El titular de nuestro editorial de este miércoles era
inequívoco: "Las acciones de los CDR no
son terrorismo." Así lo refrendaron media docena de prestigiosos juristas consultados
por EL PERIÓDICO, quienes, aun estimando que la imputación tenía cabida textual
en el Código Penal, juzgaban un despropósito imputar un delito de terrorismo a los Comités de Defensa de la República. El juez de la Audiencia Nacional Diego
de Egea, el mismo que aceptó la denuncia de la fiscalía y autorizó la detención
de Tamara Carrasco por este cargo, les ha dado la razón al dejarla en libertad acusándola solo de desórdenes públicos.
Algunos políticos jalearon la primera decisión judicial.
Otros no valoraron la acusación de terrorismo, pero subrepticiamente la
avalaron al aludir a los CDR como "comandos". Y unos cuantos, por
fortuna, rechazaron la aplicación de la ley antiterrorista.
En un análisis de inteligencia, la Policía Nacional
diagnostica que el empoderamiento de los CDR refleja la "frustración"
de muchos independentistas tras el 1-O, la sensación de que por vías pacíficas
no lograrán sus objetivos y una "mayor aceptación de la violencia",
lo que podría derivar en un "enfrentamiento civil". Constituyen un
síntoma inquietante, si se quiere una potencial amenaza, pero en absoluto una
banda terrorista.
Una justicia garantista
Con la misma vehemencia con que aprovechó la acusación de
terrorismo para tachar a España de dictadura, el independentismo debería reconocer
que esta marcha atrás apuntala la separación de poderes y el carácter
garantista de la justicia española, no por ello exenta de errores y excesos. Si
un juez ha rectificado en apenas 48 horas, ¿dónde está escrito que el Supremo,
llegada la vista oral, no pueda desistir del cargo de rebelión contra los líderes del "procés"?
Este episodio, por cierto, arroja luz sobre la reforma del
Código Penal del 2015 que, so pretexto de la amenaza yihadista, amplió 'ad
nauseam' la definición del delito terrorista, con el apoyo del PP, del
PSOE y... también el de CiU. Urge reconsiderar una ley que, aplicada
sin mesura, acarrearía, esta vez sí, una regresión democrática.
Opinión:
Es curioso que, sin tener los
conocimientos jurídicos que se suponen consecuentes a una carrera de Derecho,
lleve 24 horas diciendo lo mismo que ha decidido el juez. Debe ser cosa de la “iluminación”.
Y debe ser también el llevar casi 30 años rodeado de excelentes abogados que
además de grandes profesionales son grandes amigos y me aportan clases diarias que
superan los mejores “masters” que se regalan en algunas universidades, lo cual me permite compartir páginas con prestigiosos juristas en varios medios de comunicación.
Gracias a esos conocimientos y a tantas horas de compartir preguntas, dudas y respuestas puedo ev¡tarme el hacer el
mayor de los ridículos en algún que otro programa de televisión...
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