19 junio 1997 (6) La Vanguardia

19 junio 1997 (6)

El company Antoni Batista va publicar un excel·lent reportatge que podríem calificar de “investigació”, de “política” o de tot plegat per tota la informació jurídica que va aportar. El va publicar a “La Vanguardia” el 19 de juny. Com era de esperar, el ejemple d’en Robert torna a aparèixer en aquest article.

La de Hipercor fue una bomba incendiaria que llenó la atmósfera de letal monóxido de carbono

Los 56 minutos de Hipercor

Diez años de proceso permiten reconstruir qué pasó entre el primer aviso de bomba y el peor atentado cometido por ETA

El Supremo cita “una cierta pasividad o por mejor decir conducta omisiva de las fuerzas de seguridad”

No se creyó el mensaje global pero sí la hora de la explosión, y cuando pasó se pensó que el peligro había pasado

El terror y la negligencia del Estado se cruzaron la tarde del 19 de junio de 1987 en los almacenes Hipercor y sobrevino el desastre. Mañana se cumplen diez años de la bomba. 21 muertos y 46 heridos fue el resultado de una masacre que protagonizó ETA por activa y el Estado por pasiva, pues según sendas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, si la policía hubiera desalojado el recinto, la catástrofe pudiera haber sido menor o pudiera haberse evitado. Un castellano y un gallego, en nombre de Euskadi, ponen una bomba en unos almacenes que piensan que son de capital francés, cuando son españoles, situados en una Cataluña que consideran provincia de España. Pensaban que iban a desalojar y quienes tenían que desalojar no lo hicieron porque no podían dar verosimilitud a un atentado indiscriminado que ni el propio entorno de ETA creyó en un primer momento que tenía su firma. Sobre un cúmulo de despropósitos, una Barcelona ajena al contencioso vasco y tantas veces solidaria con lo vasco y los vascos veía cómo su gente moría inocente cuando iba de compras. Como exactamente cincuenta años antes lloró por los vascos que, mientras compraban el día de mercado en Guernica, eran arrasados inocentes por las bombas incendiarias de la Legión Cóndor. Fue una bomba incendiaria laque provocó en Hipercor una escena del Apocalipsis. La profetizó San Juan en su brillante senectud literaria: “Se abrió el pozo del abismo y empezó a salir una humareda como la que hace un gran horno; el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo”. Exactamente esa imagen fue la que vio el carnicero Robert Manrique cuando, a las 16.08 h del 19 de junio de 1987, se disponía a despachar diez libritos de lomo. Entre él y su cliente, la broca de fuego que subía desde el sótano trepanándoles el futuro y marcándoles un porvenir que jamás podrían haber previsto. Manrique es hoy delegado en Cataluña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Mari Carmen, la cliente, es paciente crónica de un gabinete de psicología. Barcelona reaccionó y se movilizó. Salió a la calle multitudinariamente para acompañar a las víctimas y a sus familiares, solidaridad personal, y para manifestarse contra el terrorismo, acción política. Difícilmente, por otra parte, sin una activa y consciente colaboración ciudadana el comando que fabricó la bomba bajo el sol de Castelldefels hubiera caído tan rápidamente: la repulsa a ETA fue en este caso tan unánime que suscribieron críticas presos de Terra Lliure y algunos de los firmantes de un manifiesto que, sólo nueve días antes del atentado, habían pedido el voto catalán para HB en las elecciones europeas. HB alcanzó en Cataluña su “score” más alto fuera de Euskadi: 39.693 votos.

           

Protesta de las víctimas

Pero una vez el comando estuvo en la cárcel, cuando el agente activo fue condenado (por asesinato múltiple, lesiones y estragos con agravantes),los heridos y los familiares de los muertos empezaron a preguntarse por qué no se desalojaron los almacenes, cuando la primera llamada anunciando la colocación de una bomba se produjo 56 minutos antes de la deflagración. El 1 de febrero de 1989, los abogados de un grupo de víctimas remiten a la Audiencia Nacional el primer escrito en el que se plantea la posible responsabilidad del Estado por no desalojar. Desde entonces hasta el 31 de enero de 1996, en que el Tribunal Supremo falla el recurso de casación de Alvaro Cabrerizo, defendido por los abogados Juli de Miquel y Santiago Montaner, transcurren siete largos años que recuerdan “El proceso”, de Kafka. Alvaro Cabrerizo contra el Estado. Un ciudadano que perdió en Hipercor a su mujer y a sus dos hijas. El no murió pero su vida posterior ha sido sobrevivir. Dice el Supremo: “(...) Se obtiene la conclusión de que se produjo una cierta pasividad o por mejor decir conducta omisiva de las fuerzas de seguridad —a buen seguro determinada por la subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras veces, pues nunca se había atentado con anterioridad, en actuación indiscriminada contra establecimientos mercantiles—, en cuanto la policía no consideró conveniente o factible la evacuación del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni en fin acudió el servicio de detección de explosivos, a pesar de que según los bomberos eran suficientes para el desalojo del recinto diez minutos”.La sentencia de la última instancia jurídica fija una indemnización de 45 millones de pesetas para Alvaro Cabrerizo, pero, lo que es más importante, apunta la jurisprudencia en el sentido deque el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, es el garante constitucional de la seguridad de los ciudadanos.

La versión de la Audiencia

La Audiencia Nacional, instancia jurídica previa al Supremo, ya se había pronunciado en similar sentido. La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 5 de abril de 1994,decía: “(...) En este desgranar los hechos se podrá reargüir que ‘tal vez’ el siniestro hubiese producido igual quebranto, pero es lo cierto que nada se hizo, que en la práctica hubiese habido tiempo bastante para evitar las consecuencias o, al menos, para aminorarlas y que, en todo caso, tal vez no estuviésemos entonces hablando de responsabilidad patrimonial de la Administración. No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer, es que, sencillamente, no hizo nada, y ello plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero no a cualquier precio de vidas humanas. ¿Que no se puede culpar a la Administración de los daños por un atentado terrorista?;Eso no es un axioma con valor absoluto porque es posible en ocasiones, como la presente, tal vez no evitar el acto pero sí, en todo o en parte, sus consecuencias poniendo la diligencia exigible en cada caso y si aún así se producen, nos hallaríamos ante otro cauce de resarcimiento”. Esta sentencia, que en la cita recoge por pasiva la falta de diligencia, habla también, en otro párrafo y explícitamente de “negligencia operativa”.Del estudio del sumario se pueden inferir los numerosos equívocos que se acumularon en los 56 minutos que van desde la primera llamada que avisa de la colocación de la bomba hasta su estallido. La primera cuestión, en este sentido, es por qué desaparece casi en el mismo punto de origen una información básica cual es que el terrorista que realiza dicha primera llamada, concretamente a la Guardia Urbana, hace dos exactísimas referencias al parking en el que aparcaron el coche bomba, según consta en la trascripción de la grabación magnetofónica de la llamada, recogida en el sumario. El mismísimo jefe superior de Policía de Barcelona, en informe remitido al Consejo de Estado, negaba que en los avisos ETA mencionara el parking, según consta en el informe del citado organismo fechado el 6 de junio de 1991.También se alega que los equipos de explosivos no intervinieron porque sólo actúan en el caso de que se haya detectado un objeto sospechoso, pero es que resulta que en Hipercor sí detectaron un objeto sospechoso. Treinta y ocho minutos antes de la explosión, se encontró una maleta sospechosa que abrió el director del centro, que fue reprendido por la policía por su imprudencia. Pero no avisaron a los especialistas.

Son dignas de tener en cuenta contradicciones que podemos situar en el ámbito comunicacional, ajenas en este caso al sumario pero no menos significativas. En primer lugar, ETA envía un mensaje inverosímil, pues antes de Hipercor jamás habían preparado un atentado indiscriminado de tales características. La credibilidad de una fuente que envía un mensaje inverosímil desaparece automáticamente. Por tanto, la policía tenía verosímiles razones para no creérselo. Pero, si no se creyó el mensaje en peso, ¿porqué sí se creyó una parte? En buena lógica, hay un desfase: no creyeron el mensaje global pero sí la parte que daba una hora de explosión, y cuando pasó esa hora se pensó que el peligro había pasado.

El Supremo sienta precedente

Probablemente un buen abogado del Estado no habría perdido el recurso de casación o por lo menos habría dado más juego jurídico. El editorial de “El País” de 23 de junio de1987 se refería a “la impericia policial o la rutina con que se comprueban a veces las amenazas”, en relación a los hechos. Quizá algo de eso hubo también en un lábil alegato de los letrados del Estado, que se ventilaron en tres folios y medio el poderoso aparato legalístico de Juli de Miquel y Santiago Montaner. La sentencia del Supremo, en fin, es algo más que una retribución que nunca resarcirá a Alvaro Cabrerizo de la pérdida de sus seres más queridos. Crea jurisprudencia para casos similares —ya hay otros procesos en marcha— y demuestra que valió la pena luchar por un Estado de Derecho, que en junio de1987 justo cumplía sus primeros diez años.

Este reportaje resume la investigación de Antoni Batista para su libro “Terror i negligéncia. Hipercor i la construcció periodística d’ETA” (Ed. La Magrana), que acaba de salir al mercado