Continuaven les declaracions sobre la reunió mantinguda a Vitoria amb els representats de la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno Vasco. El company Octavio Egea ho plentajava aixì en el diari “El Correo” del dia 16 de juny. I encara quedava tot l’esdeveniment del vintè aniversari de l’atemptat a Hipercor per davant. Gairebé res...
Ley para la protección de las víctimas del terrorismo.
Las asociaciones piden que se defina el concepto de damnificado
Las asociaciones de afectados recibieron ayer con cautela las primeras informaciones respecto al borrador de la futura Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Unas y otras se congratulaban de los avances que puede suponer una nueva normativa -de la que oficialmente nadie les ha informado, según señalaron-, pero en la que echan en falta «que deje las cosas claras» y defina con exactitud «quién es víctima del terrorismo».
«Hay que saber a quién ampara, eso es lo primero», pidió Roberto Manrique, portavoz de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Manrique acogió con «satisfacción» las propuestas. «Por fin podremos dejar de ver a las familias de aquellos que han intentado matarnos». Pendiente queda, a su juicio, conseguir la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de «un terrorismo que va contra el Estado». «Por ejemplo, no puede ser que una víctima que acudió a un juicio como testigo lleve trece meses esperando recibir los cuarenta euros que le costó el autobús para ir a Madrid», explicó.
Más crítico, Eloy Ruiz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Galicia (Agavite), aseguraba ayer que la norma supone un paso adelante «milimétrico» si no aclara «al menos, quién no es una víctima», algo «de lo que huyen tanto el Gobierno vasco como el central», lamentaba. El colectivo gallego prepara un documento que propone exenciones fiscales para aquellos empresarios que contraten a víctimas o sus familiares y espera que «se pueda incorporar» a una ley a la que también exigen un protocolo de actuación. «Las administraciones deben actuar de oficio sin que los afectados tengan que reivindicar sus derechos antes de que prescriban. Cuando ocurre un atentado mortal, una viuda está pensando en enterrar a su muerto e irse a casa, no en levantar la voz», zanjó.
Desde el colectivo vasco de víctimas, Covite, el punto «clave» de la futura ley será el aumento del flujo informativo a los afectados. «Es una asignatura pendiente», aseguró Cristina Cuesta, portavoz de la asociación, quien mostró sus dudas sobre la medida de reducir al mínimo la presencia de los afectados en los juicios.
«Estar en la sala es un derecho», recordó antes de insistir en la necesidad de definir el estatus de víctima. «Actualmente, el reconocimiento es discreccional en base a una normativa poco definida». «Hay amigos de fallecidos muy afectados psicologicamente que necesitan el alivio del reconocimiento moral».
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