Un altre cop es el diari “El Correo” el que recull la tasca que en Robert efectuava per la presentació de les propostes de la nova llei en la que s’estava treballant a nivell del País Basc. Moltes de les seves propostes han servit per beneficiar a altres víctimes.
Las alegaciones de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) basculan especialmente sobre tres aspectos. El primero es la propia definición de víctima -una idea compartida con otras organizaciones para evitar que el término acabe por difuminarse- que, a juicio de su presidente, Roberto Manrique, requiere de una ley integral a nivel de Estado. Según la ACVOT, esa calificación debe aplicarse a quienes son reconocidos como tal en una sentencia judicial o una resolución administrativa.
Manrique, responsable también de la federación autonómica de asociaciones de víctimas, aboga en segundo lugar por eliminar la “territorialidad” y establecer mecanismos de coordinación entre administraciones regionales, con el fin de evitar que un afectado por ETA “que vive en un municipio de Euskadi tenga una serie de derechos de los que carezca otra víctima que resida en Barcelona o Jaén”. En tercer lugar, la ACVOT considera que la norma no debe establecer periodos de inscripción “porque el reconocimiento de un damnificado y su derecho a recibir una ayuda no depende de que 'entre en plazo'. Se es víctima con independencia de la fecha”.
La valoración de Manrique sobre la legislación vasca “es beneficiosa, pues recoge lo que a una persona le hace falta cuando sufre un atentado y, sobre todo, el sentimiento y la queja de muchas víctimas durante muchos años”.
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