27 juliol 2009
El company Luis R. Aizpeolea (molts pocs sabem què vol dir la “R”) signava un excel·lent treball de reportatge del 27 de juliol sobre la tasca iniciada per l’AMIC Robert amb la intenció de localitzar a víctimes del terrorisme disperses per tot Catalunya.
Interior localiza a 300 víctimas de ETA y reconoce su indemnización
Se han revisado 187 sentencias de la Audiencia Nacional entre 2000 y 2007
En junio de 2007, Roberto Manrique, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, se encontró con Antonio Pérez, en la vista del juicio por el atentado de ETA contra el Gobierno Militar de Barcelona, que la banda terrorista cometió en abril de 1994. Pérez era una de las víctimas del terrorismo que Manrique trataba de localizar porque desconocía su derecho a percibir una indemnización en concepto de responsabilidad civil. Desde entonces han sido localizadas 300 víctimas.
Muchos desconocen que les corresponde una compensación económica
Pérez pertenecía a ese colectivo de centenares de víctimas del terrorismo que no solicitaron en su día su derecho a indemnización por desconocimiento o por falta de información al no estar personados en la causa o no serle comunicada la sentencia en la Audiencia Nacional. Algo que ha sucedido frecuentemente con las víctimas que no pertenecen a ninguna de las asociaciones.
Para Manrique, este caso no era inédito. El primero que recuerda es el de Rosa Peñalver Abad, la hija del conserje del semanario El Papus, víctima de un atentado terrorista de la extrema derecha, ocurrido en Barcelona en septiembre de 1977. Rosa Peñalver conocía a Manrique porque había sido cliente suyo en la carnicería de Hipercor de Barcelona en la que trabajaba Manrique, antes de resultar herido en el atentado de junio de 1987.
Peñalver se acercó al despacho de Manrique en 1995. Le contó las circunstancias del asesinato de su padre y le preguntó si había sido un atentado terrorista y si la familia tenía derecho a la indemnización por su fallecimiento. Lo logró cuatro años después, en 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, que concedía el derecho a la indemnización si la víctima o sus familiares lo solicitaban con la prueba de la sentencia.
Pero el problema de las víctimas no localizadas adopta un primer giro cuando, tras la sentencia firme del atentado de Hipercor, Manrique descubre que desconoce a medio centenar de las personas que figuran en el texto. La conclusión es que en otros sumarios sucederá lo mismo. No tardan en comprobar que hay centenares de víctimas y familiares que desconocen sus derechos en atentados terroristas diversos, algunos muy espectaculares, sobre todo de ETA: plaza de Ramales de Madrid (1994); Cuartel General del Aire (1987); Dirección General de la Guardia Civil (1988); plaza de España de Barcelona (1986); Gobierno Militar de San Sebastián (1986); Corazón de María de Madrid (2001)...
El segundo giro se produce cuando Manrique y su asociación consiguen, tras reunirse con Gregorio Peces-Barba, entonces Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, y su número dos, el hoy director general de Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, que el 11 de marzo de 2005 el Consejo de Ministros abra un plazo de seis meses para que las víctimas puedan beneficiarse de la indemnización si demostraban que no habían sido avisadas de sus derechos.
A la semana siguiente, en una cena de la Asociación de Detectives de Cataluña a la que es invitado Manrique, éste les pasa un listado de víctimas que desconocen sus derechos y a las que no consiguen ubicar. En poco tiempo localizan a muchas de las que aparecen en el listado, pero no a todas.
En agosto de 2007, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo da un paso más: pone en marcha un plan de localización de víctimas que desconocían sus derechos. El plan consiste en revisar sentencias penales para localizarlas, qué personas son reconocidas como beneficiarios de una indemnización y a cuáles no se les habían notificado sus derechos. Una vez localizadas se les remite el modelo de solicitud para dirigirlo a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas e iniciar el expediente, de acuerdo con la Ley de Solidaridad de Víctimas. En primera instancia, se escoge el tramo de 2000-2007.
La base de este programa, avalado por la Abogacía del Estado, es que los derechos de las víctimas no caducan si demuestran que no habían sido informadas de sus derechos. En la carta que envía la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a las víctimas localizadas les recuerda que hay dos momentos indemnizatorios: el primero es el "anticipo", la ayuda económica que, previa solicitud de las víctimas antes del primer aniversario del atentado, resuelve el Ministerio del Interior en aplicación de la Ley de Víctimas. La segunda deriva de la sentencia firme del tribunal que lo juzga. La víctima recibe la diferencia entre sentencia y anticipo.
Según el último recuento de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, las sentencias revisadas en el tramo 2000-2007 es de 187. De ellas, 51 recogen a víctimas objeto del programa. El número de víctimas es 368: 300 ya han sido localizadas.
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