jueves, 23 de julio de 2020

22 julio 2020 (3) La Vanguardia (opinión)

22 julio 2020 



La mayoría independentista tumba la exoneración del CNI en los atentados del 17-A

Todos los grupos salvo Cs y PP piden que los Mossos d’Esquadra se integren en organismos de coordinación e intercambio de información policial internacionales como Europol o Interpol

Rechazada la conclusión que descartaba que los servicios secretos del Estado tuvieran conocimiento o información acerca de los atentados

Los grupos independentistas y los comunes lamentan que no hayan comparecido en comisión la mayoría de miembros del Gobierno, de mandos de los cuerpos policiales del Estado o del CNI

JxCat y la CUP cargan contra la ley de Secretos de Estado, que protege al CNI




El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles las conclusiones de la investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017, tal y como sucedió hace unos días en la comisión que ha indagado la materia a lo largo de 24 reuniones y 59 comparecencias.
De dichas conclusiones destaca el acuerdo de todos los grupos salvo PP y Ciudadanos para que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra se integre en organismos de intercambio de información y coordinación policial internacionales como Europol e Interpol – en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ya lo hizo -.
Pero además, ha caído la conclusión que decía que “se acredita” que el cerebro de los ataques terroristas, el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, era confidente y fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vez se descarta que los servicios secretos del Estado tuvieran conocimiento o información acerca de los atentados que se perpetraron en la capital catalana. Fue una propuesta del grupo PSC-Units la que alcanzó el consenso sobre esa cuestión en la comisión, con la abstención del soberanismo, pero ha caído hoy en el pleno con el voto en contra de los partidos independentistas.
Sobre ese punto, hay textos presentados por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana –con los votos en contra de Ciudadanos, PP y PSC– en los que también se deja claro que las piezas del rompecabezas no encajan y que la relación del imán con la Policía Nacional y con el CNI levanta muchas dudas.
En la sesión de ayer, cuando tuvo lugar el debate, los grupos independentistas y los comunes lamentaron que no hayan comparecido la mayoría de miembros del Gobierno, de mandos de los cuerpos policiales del Estado o del CNI que fueron citados por la comisión.
En su turno de palabra, desde Cs se reprochó a todos los grupos que el Congreso de los Diputados no abriera una investigación similar. El diputado naranja Matías Alonso señaló que la comisión se debería haber celebrado en al Cámara Baja. “Los muertos del 11-M no se investigaron en la Asamblea de Madrid”, apuntó. Además, se quejó de que hay “mucha literatura de copy-paste” en las conclusiones y párrafos que “se dan por verdad revelada”. “Algunas conclusiones dan pie a pensar que los atentados son consecuencia de nuestra forma de vida y falta de empatía con los que se han radicalizado”, desdeñó.
El exconseller de Interior Ramon Espadaler, en nombre del grupo de los socialistas catalanes, subrayó “el tono crítico y constructivo” de la comisión y pidió “lealtad y cooperación” entre gobiernos y cuerpos policiales para “una gestión eficiente de la información” junto con los servicios secretos de información. Además, puso sobre la mesa la propuesta del PSC que generó consenso. “No se puede desprender que los servicios secretos conocieran sus intenciones de atentar (de Es Satty). El CNI no es conocedor ni encubridor”, destacó.
Los comunes, con Marc Parés como portavoz, pusieron el acento en la prevención de la radicalización, que a su juicio, no ha sido eficaz y criticaron que se abatiera a los terroristas al neutralizarlos. Por ello, exigió “revisar los protocolos de actuación policial”, para “evitar que la búsqueda y captura acabe con fallecidos”.
También la CUP se posicionó en una línea similar, y la diputada Natàlia Sànchez cuestionó si se puede haber vulnerado la presunción de inocencia de los terroristas al abatirlos y preguntó si eran muertes “necesarias” o si sus testimonios no hubieran sido “útiles” en la investigación judicial.
Además, reclamó no abordar los atentados como “un hecho aislado” del imperialismo y la estrategia de la OTAN o como “una catástrofe natural” y que se tenga en cuenta la geopolítica. Así, aseveró que “no se puede entender el Estado Islámico sin hablar del Trío de las Azores” y que “no se puede desfilar en nombre de la paz y luego negociar con armas con Arabia Saudí o Turquía”. “Sus guerras, nuestros muertos”, zanjó.
Tanto los anticapitalistas como JxCat lamentaron que la ley de Secretos de Estado del franquismo proteja todavía hoy al CNI y que no se pueda investigar “qué hace o qué deja de hacer”.
Desde el PP, su portavoz Santi Rodríguez,señaló que “algunos grupos han priorizado un relato partidista en vez de detectar puntos débiles para mejorar la protección de la ciudadanía de cara al futuro” y replicó a las quejas de los demás grupos por la ausencia de dirigentes del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Parlament no puede controlar a los representantes del Estado. Le corresponde al Congreso”, sentenció.
Rodríguez consideró, en otro orden de las cosas, que fue “fundamental” la “falta de acierto” en la hipótesis de lo que había pasado en la explosión de Alcanar unos días antes de los atentados, cuando el nivel de alera terrorista era 4 sobre 5. Y apuntó que “no se pueden repetir errores” como que no hubiera policia en Las Ramblas el día del atentado, que se desestimara un aviso de la CIA, aunque no estaba vinculado con esa célula de Ripoll, o que no se hubieran puesto obstáculos en las zonas públicas de Barcelona para impedir el acceso de vehículos.
En ERC, por voz de Montserrat Fornells, pidieron que “los colectivos vulnerables” no sufran “déficit de representación”, ni en la prestación ni en la recepción de servicios y aseguraron que “la clave es romper la dicotomía entre ellos y nosotros” y “eliminar posiciones reduccionistas que simplifiquen y relacionen al mundo árabe con la violencia”. Así, también reclamaron que se haga un estudio independiente para “identificar riesgos sociales” que pueden llevar a la radicalización.
Aurora Madaula, de JxCat, realzó que “lo que ha quedado probado es que el cerebro del ataque era confidente del CNI y que tenía vinculación con la Policía Nacional, que hizo desaparecer su ficha tras la explosión de Alcanar”, algo que cuestionan autos judiciales. También pidió derogar la ley de Secretos –un punto incluido en las conclusiones y aprobado por el pleno– y que se priorice la prevención a los sistemas disciplinarios.

Opinión:

El pasado martes tuve la oportunidad de acudir, junto a Javier Martínez, al Parlament de Catalunya para escuchar, en vivo y en directo, las declaraciones y las conclusiones que cada representante de los grupos parlamentarios pudo presentar.
La noticia redacta perfectamente lo ocurrido en la cuestión técnica. Cada sigla planteó su conclusión y, evidentemente, cada víctima tiene derecho a aceptar cualquiera de la conclusiones presentadas. Y digo cada víctima porque son ellas (y las de los atentados de agosto 2017 en especial), las que tienen el mayor derecho a opinar.
Hago esta salvedad porque tras haber asistido a mas de 200 afectados de esos atentados desde la UAVAT conozco perfectamente sus opiniones y puedo decir bien alto y bien claro que la inmensa mayoría coinciden en varias cuestiones: la decepción/cabreo por no haberse constituido la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, la decepción/cabreo por haber vivido el desprecio por parte de los responsables políticos que se negaron a acudir a declarar, la decepción/cabreo por la asistencia recibida desde la administración competente, la decepción/cabreo por la escasa o nula información recibida desde las administraciones competentes…
Pero también coinciden en la exigencia por saber quien era el imam de Ripoll y en cuántos equipos jugaba al mismo tiempo.
Y todas estas dudas y sospechas se habrían podido aclarar, o al menos intentarlo, en una Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. No haberla permitido con la excusa patriotera de que habría sido un riesgo de utilización política es solamente un error más de los muchos que demasiados políticos han cometido desde agosto de 2017.

Y tengan por seguro que siempre habrán víctimas dispuestas a luchar pos sus derechos siendo uno de ellos la aclaración de todas las dudas generadas por esa negativa.

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