20 febrero 2025 (18.02.25)
Oficialmente
murieron 18 personas
Las
víctimas de El Descanso estudian emprender acciones para aclarar el atentado
Las
víctimas del atentado de El Descanso, ocurrido el 12 de abril de 1985,
analizarán las circunstancias desveladas por La Vanguardia los dos últimos días
para emprender acciones que aclaren los hechos. La junta de la asociación
sopesará en su próxima cita lo ocurrido en aquel ataque, que causó oficialmente
18 muertos y 82 heridos, según explicó una fuente cercana a la dirección.
Este
diario reveló que una colaboración entre funcionarios españoles y militares
americanos permitió la noche de la matanza sacar del restaurante El Descanso de
Madrid de forma clandestina los cadáveres de tres militares –uno de ellos de
alta graduación– asesinados allí, posiblemente por casualidad. Los militares
cenaban en aquel lugar vestidos de civil. El alto mando, según explicaron dos
fuentes diferentes, pertenecía a la estructura de la OTAN y estaba de paso por
la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. El aparato militar de Estados
Unidos habría simulado un accidente aéreo en los días siguientes para
justificar estas muertes. Un accidente que encajaría en estas coordenadas
sucedió el 20 de abril en Pensilvania.
El
caso está judicialmente archivado. En el 2005 se reabrió cuando un posible
inductor de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid –Mustafá
Setmarian– fue identificado por una víctima como el hombre que dejó junto a la
entrada la bolsa que contenía el explosivo. Fue archivado meses después, porque
el tipo estaba en paradero desconocido. Aquel año fue supuestamente detenido en
Pakistán y entregado a las autoridades estadounidenses. La investigación ya
había quedado archivada el 9 de marzo de 1987 por falta de autor conocido, pese
a que uno de los retratos robot realizados por testigos del atentado era
sorprendentemente parecido a Setmarian, un sirio –se acababa de nacionalizar
español– que corría por Madrid y era conocido de la policía.
La
operación de Madrid se ejecutó según ambas fuentes ocultándola deliberadamente
al juez instructor, Carlos Granados, titular entonces del juzgado de
instrucción 10 de Madrid. Este ha declinado todas las peticiones de este
periódico para conocer su versión de los hechos y ayer insistió por correo
electrónico en que su testimonio carece de valor “dado el tiempo transcurrido”.
Granados llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del
Estado y hoy es director de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de
Madrid.
El
abogado de la asociación de víctimas, Antonio Segura, estima que, si se actuó
de ese modo, pudieron cometerse los delitos de encubrimiento y obstrucción a la
justicia; quizás, apuntó, fraude procesal, aunque para ello “habría que
acreditar el daño causado a las víctimas”. En tanto que algunos de los
actuantes eran funcionarios públicos, podría haber habido prevaricación. Todos
estos presuntos delitos, casi 40 años después, estarían prescritos.
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