17 junio 1993 Deia

17 junio 1993


Cada any, al apropar-se les dades del 19 de juny, els medis de comunicació hem “masacrat” en Robert. Des de l primer dia i ja han passat gairebé 25 anys, ens ha atès amb la màxima educació i col·laboració i ningú dels que hem conegut en Robert tenim cap queixa sobre el tracte que ens ha dispensat. Es clar, en aquells anys en els que no existia la telefonia mòbil ni Internet ni les xarxes socials, tot ho fèiem a nivell telefònic i presencial, gravadora i llibreta en mà.. Pel contrari, amb algunes altres víctimes, molt menys expertes i molt menys educades, hem tingut veritables problemes per acordar entrevistes de cinc minuts però en Robert sempre ha estat disponible; matí, tarda, nit o matinada, dia laborable o festiu i fins i tot en període de vacances. En moltes ocasions, i mes en els anys en els que ser víctima de un atemptat era patir la exclusió social de tots els ignorants que s’han creuat en el camí dels afectats, era molt difícil poder parlar amb les víctimes. Però sempre comptàvem amb la col·laboració d’en Robert i ens facilitava molt la feina: ell mateix agafava la responsabilitat de començar la recerca de les víctimes, contactar i coordinar les entrevistes.

Aquest es un exemple, amb la noticia publicada al diari “Deia” i escrita pel company Paco Soto el 17 de juny de 1993.

Víctimas del atentado de ETA contra Hipercor culpan a la Administración de desatención y de falta de sensibilidad

Consideran que el Gobierno socialista hace demagogia con el tema del terrorismo

Los afectados por el atentado de Hipercor se sienten abandonados por la Administración central. Afirman que no han recibido ningún tipo de indemnización, ni asesoramiento jurídico, ni ayuda moral, ni información adecuada. Son un total de 24 familias que, valiente y dignamente, intentan superar aquel trauma, pero no pueden ocultar su angustia por un futuro que adivinan incierto.

“Al principio todo fueron buenas palabras. Luego, ha ido pasando el tiempo y se han olvidado de lo que prometieron. En mi caso, en seis años, el Gobierno Civil de Barcelona sólo se ha puesto en contacto conmigo una sola vez”. Quien así se expresa es Roberto Manrique Ripoll, un jóven de 30 añños de edad, padre de dos hijos y carnicero de profesión, que trabajaba en los almacenes Hipercor.

Jose María Fuster-Fabra, Robert Manrique i Fernando Martinez

Resultó gravemente herido en el atentado y padece todavía importantes secuelas físicas y psíquicas. Manrique, que desde diciembre de 1989 desempeña la función de portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña, es muy crítico en su valoración y no duda en afirmar que “por culpa de la desidia de la Administración, hay familias que lo han pasado muy mal, y no sólo económicamente, sino también desde el punto de vista psicológico y emocional. Seis años después del atentado, todavía no hemos cobrado las indemnizaciones reglamentarias como víctimas del terrorismo”.

Tramitar pensiones.

Asegura el portavoz de la Asociación Vïctimas del Terrorismo que “algunos afectados han empezado ahora a tramitar pensiones de invalidez”. Esto es así, según Roberto Manrique, “porque no se les ha dicho nunca por parte de ninguna Administración que tenían derecho a ello. Seis años después del atentado, muchos estamos empezando y algunos de nosotros terminando los trámites legales para solicitar indemnizaciones, pensiones, ayudas a la familia. Cosas que se podían haber pedido desde el principio, pero como nadie se pone en contacto con la víctima, pues nadie lo sabe”.

Actualmente, la legislación vigente marca que los herederos de una víctima mortal por atentado terrorista tienen derecho a cobrar una indemnización de 120 mensualidades equivalente cada una al salario mínimo interprofesional, pero, en palabras de Manrique “una cosa es lo que dice la ley y otra la falta de información, que hace que muchos afectados, al no saberlo, no soliciten esta ayuda al Estado”.

Etarras insolventes.

Otro punto polémico en el caso de Hipercor es la indemnización que dictó la Audiencia Nacional para los afectados en el juicio celebrado en octubre de 1989 contra  los autores materiales del atentado.

“Al declararse insolventes los etarras, el Estado se constituye en responsable civil subsidiario pero se da la circunstancia que nadie ha cobrado un duro todavía. Hay gente a quien se le debe 14 millones, otros 11 millones o 19 millones, a mé me correspondería cobrar unos ocho millones” señala Manrique.

No saben no contestan

Los afectados de Hipercor consultados por este periódico coinciden en un punto: la batalla legal por reclamar al Estado las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional es una de las más duras.

Estas palabras corresponden a José Vargas, que el día del atentado se encontraba con su mujer y su hijo, que no había cumplido los tres años, comprando en Hipercor.

Vargas y su familia pueden considerarse afortunados. El sólo sufrió heridas leves que tardaron algunos días en curar. Precisa, sin embargo, “que mi esposa y mi hijo no sufrieron heridas físicas, pero han padecido transtornos psicológicos graves. El niño tardó bastante tiempo en curarse, estuvo un par de años yendo al psicólogo; la mujer también”.

Vargas, que es agente comercial, se indigna cuando cuenta que le han embargado el sueldo y tiene una demanda judicial puesta por El Corte Inglés por unos recibos que no llegó a pagar. Además, se queja de que “estamos totalmente desatendidos por parte de todos los organismos. Te ofrecen ayuda los primeros días, pero luego se olvidan del tema, como si no hubieras existido jamás”.

Desinformación y abandono.

La sensación de desinformación y de abandono es compartida por todas las víctimas con quien ha hablado este periódico. Rafael Guell, vigilante jurado de profesión, no tuvo tanta suerte como José Vargas. Resultó ileso en el atentado pero perdió a su mujer y, desde entonces, tiene que cuidar a los dos hijos del matrimonio.

Considera que “nos han dejado un poco a parte. No nos informan. Yo nunca he recibido una miserable carta del Ministerio del Interior o del Gobierno Civil. Nada de nada. Económicamente tampoco se han portado, y no digamos moralmente, y eso que estamos todos psicológicamente destrozados”.

Alvaro Cabrerizo perdió a su esposa y a sus dos niñas y se encuentra todavía más desamparado. Así lo cuenta: “Hubiera sido esencial que nos informaran correctamente en cada momento. El Estado no nos ha atendido como debía. Hemos sido víctimas inocentes del terrorismo y víctimas de la desatención del Estado, psíquica, moral y económicamente”.

Administración cicatera.

En términos parecidos se pronuncia Adelina Somoza, que padece la invalidez total a causa de una herida en la pierna. Centra sus críticas en la falta de información y en la cicatería económica de la Administración.

Asunción Espinosa sufrió quemaduras en brazos y espaldas y padece todavía secuelas físicas y psíquicas. Señala que “tengo ganas de parecer que estoy bien, pero no me atrevo a ponerme en manga corta o ir a la playa por lo de las quemaduras. Peso no puedo llevar y estar mucho tiempo de pie tampoco. Son cosas que no matan, pero dejan huella”.

Su marido, José Manuel Alfonso, sufrió también graves quemaduras en los brazos y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Lamenta Adelina Somoza que “el Gobierno no nos atienda como Dios manda y que nos hayamos tenido que enterar de las indemnizaciones por la Asociación Víctimas del Terrorismo”.

Demagogia y justicia.

Las víctimas del atentado de Hipercor no sólamente se sienten maltratadas por la Administración, sino también utilizadas políticamente. Esto es lo que manifiestan alguna a DEIA. José Vargas es contundente en sus propósitos: “Este Gobierno que hemos tenido y que, desgraciadamente, vamos a seguir teniendo durante cuatro años, todo lo que ha hecho respecto al terrorismo ha sido más que nada pensando en sus propios intereses políticos y de partido. Ha hecho demagogia. Olvida que están donde están porque la gente les hemos elegido y les pagamos por eso”.

Roberto Manrique indica que, con la excepción de la consejería de Benestar Social de la Generalitat, “que nos ha asesorado y nos ha ayudado moralmente”, las demás Administraciones no hacen nada por las víctimas del terrorismo. “Sólo quieren salir en la foto y ghanar votos si pueden. De nosotros, que somos los más indefensos, kuego se olvidan”, puntualiza Asunción Espinosa.

Víctimas sin odio

Las víctimas de Hipercor no claman venganza y la mayoría ni siquiera está a favor del restablecimiento de la pena de muerte. “No siento odio ni quiero matar a nadie, y me parece que lo puedo decir con suficiente autoridad moral. Simplemente pedimos que nos sean reconocidos nuestros derechos como víctimas del terrorismo y que los gobernantes dejen de jugar con nosotros y con los sentimientos de la mayoría de la población”, recalca Manrique. “Odiar es ponerte al nivel de los que pusieron la bomba sabiendo que iban a provocar una tragedia. Nosotros hemos optado por pedir justicia”, añade Adelina Somoza.

Según explica a DEIA Eva Bernat, una psicóloga que ha tratado a varios afectados de Hipercor, “es lógico que no se den sentimientos de odio o de venganza. Muchos padecen trastornos de ansiedad y trastornos fóbicos y sufren síntomas depresivos. Lo que quieren es olvidar, y odiar es recordar”. Alvaro Cabrerizo solo sabe3 que “me lo he pasado muy mal y creo que el que ha cometido un delito tan mostruoso debe cumplir una pena”. No sabe si un día podrá perdonar a los asesinos de su esposa y de sus dos niñas, pero de una cosa sí que está convencido: “Tiene que haber justicia. Donde no hay justicia, hay venganza”.