16 junio 2002Los olvidados de Hipercor
“No hay mayor dolor que la indiferencia”. Quien esto afirma no es otro que el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña, Roberto Manrique, un carnicero que resultó gravemente herido el viernes 19 de junio de 1987, cuando Eta hizo volar un coche-bomba con 25 kilos de amonal y 20 litros de líquido inflamable en el aparcamiento de los grandes almacenes de la avenida Meridiana de Barcelona. El próximo miércoles, cuando se cumplen quince años del considerado como el atentado más sangriento de la banda terrorista en toda su criminal trayectoria (si exceptuamos lo ocurrido en el hotel Corona de Aragón de la capital zaragozana el 12 de julio de 1979), muchas heridas siguen todavía sin cicatrizar. Incluso, muchas víctimas de aquella tarde de dolor y fuego siguen sin ser reconocidas como tales, mientras los dos jefes de Eta que ordenaron al ‘comando Barcelona’ accionar su artefacto incendiario, Santiago Arróspide Sarasola, alias ‘Santi Potros’, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias ‘Josu Ternera’, han celebrado durante años en libertad y junto a los suyos la criminal acción que segó la vida a 21 personas y produjo heridas graves a otras 45. Cuatro de los asesinados eran niños que acompañaban a sus familiares en el momento de la compra.
Detenciones
La bomba contra los almacenes Hipercor la tarde de un viernes, cuando se encontraban en su interior mas de cien empleados y 500 clientes apuraban sus compras de fin de semana, conmocionó al mundo entero y recibió una repulsa masiva y generalizada solo equiparable a la muerte del concejal de Ermua, Miguel Angel Blanco. Dos de los tres integrantes del ‘comando Barcelona’ que colocó el coche-bomba en la segunda planta del aparcamiento de Hipercor fueron detenidos tres meses después en una céntrica vivienda de la capital catalana.
Se trataba de Domingo Troitiño Arranz, natural de Palencia, Mercedes Ernaga Esnoz, nacida en Navarra y José Luis Gallastegui Lagar, que llegó a Barcelona dos meses después del atentado para sustituir a Rafael Caride Simón, de origen gallego y a quien se le atribuye la colocación del vehículo. Todos ellos actuaron bajo las órdenes de Santi Potros y Josu Ternera (actual parlamentario de Batasuna y cuyo procesamiento estudia el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón), a la sazón jefes de la banda terrorista que permanecían ocultos en Francia. La sentencia condenatoria de 794 años de prisión para los autores del atentado juzgó a los dos jefes de Eta en rebeldía, hasta que el 30 de septiembre de 1987 se detuvo en Francia a Santi Potros y, posteriormente, se le extraditó a España donde todavía sigue sin ser juzgado por el brutal atentado en los grandes almacenes.
Al dolor físico de las víctimas se une el rechazo social que algunas de ellas han padecido a lo largo de tres lustros. También la incomprensión de la Administración hacia los afectados, 33 de los cuales siguen todavía sin cobrar las indemnizaciones que les prometieron. El último de estos casos es el de la joven Jessica López Rodríguez, una adolescente de tan sólo 14 años, hija de una cajera de Hipercor, que nació sordomuda seis meses después del atentado. A la joven Jessica no se le reconoce la condición de víctima porque no está apuntada en la lista de los heridos de aquella fatídica tarde del 19 de junio.
Audifonos para Jessica
Su madre estaba embarazada de tres meses y, según diversos análisis a los que se sometió, tanto ella como su hija, la sordera pudo producirse como consecuencia de una fuerte explosión, pero el Gobierno no lo ve así. Los audífonos que necesita para robar algunas notas al sonido han sido facilitados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y los numerosos logopedas que la han ayudado a lo largo de todos estos años han sido sufragados por sus padres. La AVT ha prestado su calor y apoyo a la familia, algo que a Jessica le sirve para dar algo de sentido a su corta existencia.
Otro caso también espeluznante es el de Alvaro Cabrerizo, padre de dos niñas (Sonia y Susana Cabrerizo) que murieron junto a su esposa en el incendio que se produjo tras la explosión de Hipercor, mientras cargaban el coche con las compras de ese día. Sus cuerpos fueron hallados junto al ‘Panda rojo’ con las bolsas todavía en la mano. Alvaro es consciente de que nunca encontrará la paz interior y, menos, podrá olvidar. Estuvo a punto de irse aquella tarde con sus tres mujeres a los grandes almacenes. “Ahora ya estaría muerto y, seguramente, más tranquilo”, ha declarado en diversas ocasiones a este periódico. “Al principio no lo aceptas, pero el hecho está ahí, terco. Eres incapaz de admitirlo. Luego –añade- todo es muy doloroso. Tu mismo te vas hundiendo en una soledad que te ahoga y de la que nadie te puede sacar”.
Indemnizaciones
Su caso es el único en el que la Administración actuó con celeridad. Cobró treinta millones por las tres “pero el dolor y el sufrimiento los arrastraré conmigo como una condena a perpetuidad” sentencia. Alvaro se fue de Cataluña hace apenas tres años. “Necesitaba cambiar de lugar, no pasear por las plazas donde antes estuve con mi mujer e hijas. No frecuentar las mismas calles, la misma casa....”. Ahora ha adoptado a una niña colombiana con la que trata de rehacer su quebrada existencia. “Ya tengo motivos para seguir luchando”, ha dicho más recientemente.
Su opinión hacia los políticos tampoco es muy favorable. “A esos hay que estar achuchándolos constantemente para conseguir algo. Los propietarios de Hipercor ni siquiera se dirigieron a mi. Antes, cuando veía un atentado pensaba en la pobre gente que se queda sin padres o sin hermanos. ¿Qué querrán estos mal nacidos? ¿Por qué matarán? El hecho terrorista lo veía muy ajeno a mí, jamás pensé que me pudiera pasar. Es horrible”.
Dramas como el de Jessica o Alvaro hay tantos como víctimas de Hipercor. Sufrieron el fuego en sus carnes y después el frío helado de la desatención y el olvido. El responsable de la AVT catalana ha tenido que recurrir a investigaciones casi privadas para lograr reunir a las víctimas. “Acabo de localizar a una madre y su hijo en Huelva. Se fueron tras el atentado y nunca más han querido saber nada de Cataluña. Cuando hablé con ellos desconocían que las víctimas tenemos derecho a una indemnización –pero si estoy entera, no me falta ninguna pierna ni ningún brazo ¿cómo voy a cobrar?- me respondieron”. Manrique también sabe en carne propia lo que cuesta que se admita esa condición. “Solo 13 personas han recibido indemnizacion del Estado o del seguro de la empresa. Ese dinero llegó en algunos casos diez o doce años más tarde. Mientras, nos ignoraron”. Y mientras ellos esperan, Josu Ternera cobra de las arcas del Estado su sueldo de diputado en el Parlamento vasco. Otra bofetada.
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