04 abril 2025
Más
pruebas de la imprudencia del Estado que abrió la brecha para el 17-A
El
sueldo del CNI que cobraba el imán de Ripoll, cerebro de los atentados, abre
tres derivadas nuevas en la responsabilidad política del caso
Era
una pieza del rompecabezas que faltaba y ha aparecido en un momento
sociopolítico y judicial concreto. Una alineación de varios factores ha
permitido afinar aún más la relación de los servicios de inteligencia del
Estado con el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty. La información publicada este
miércoles por el diario Abc detalla que el cerebro de la célula de los
atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 cobraba 500 euros
mensuales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cambio de sus
confidencias.
Un
dato que ha hecho saltar como un resorte a los portavoces de los grupos
políticos de la comisión de investigación del caso 17-A en el Congreso, que, a
la vista de los datos recogidos en las sesiones que ya se han celebrado,
esbozaban la tesis de la imprudencia o la negligencia de los servicios de
seguridad del Estado en el trato y el control que hacían a Abdelbaki es-Satty.
Una tesis que este diario defendió en la comparecencia del pasado 28 de enero
en la misma comisión: el comportamiento del Estado fue, más que una
negligencia, una imprudencia, pero en ningún caso deliberada. Una aseveración
que portavoces de la comisión consultados por El Món ven aún más «fundamentada»
y, de momento, ya ha servido para reclamar una nueva comparecencia del
exdirector del CNI, Fèlix Sanz Roldán.
Las
nuevas informaciones remachan la prueba e indicios recogidos tanto en la
instrucción del caso, la prueba practicada en el juicio a los tres yihadistas
en la Audiencia Nacional por parte de defensas como la conducida por Jaume
Alonso-Cuevillas y, sobre todo, el contenido de los documentos desclasificados
por parte del gobierno español sobre Es-Satty y su relación tanto con la
administración del Estado, como por ejemplo con miembros del servicio de
inteligencia o cuerpos policiales. En todo caso, la publicación del sueldo que
habría recibido el imán hasta el momento de los atentados implica varias
derivadas. Por una parte, una respuesta política del PP al PSOE, la voluntad de
descafeinar la demanda presentada ante el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) en
defensa del derecho a saber la verdad y la posibilidad de abrir una nueva vía
judicial, al orden contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial
del Estado, como ocurrió en el caso del atentado de Hipercor.
Faltaba
saber el sueldo del imán como confidente
La
información del sueldo de 500 euros que pagaba a Es-Satty «el oficial de
control» de la zona de las comarcas de Girona acabaría de acreditar la relación
sostenida del imán con el CNI. Una relación que Sanz Roldán negó rotundamente
en su comparecencia en la comisión del Congreso, una versión desacreditada por
los 34 documentos desclasificados posteriormente. De hecho, los informes
desclasificados añadían aún más información sobre una relación formal que ya
dibujaba la prueba documental de la instrucción, donde se hicieron constar
«cuatro visitas» de agentes del CNI y del servicio de información de la Guardia
Civil al imán en la prisión de Castellón.
La
primera sorpresa fue que los documentos chocaban con este primer informe del
Ministerio del Interior, que computaba cuatro reuniones con los dos servicios
de seguridad, cuando en realidad fueron seis, tres de cada servicio de
seguridad. Los informes de los agentes y analistas confirmaban la relación del
imán como colaborador, informador y confidente. Cabe destacar que el mismo imán
aportó informes manuscritos a cambio de proteger su seguridad. Además, días
antes de salir de la prisión y en plena tramitación de su derecho de asilo –una
de las condiciones de trabajar con los servicios de inteligencia era no tener
que regresar a Marruecos–, se le suspendió la pena de expulsión del Estado. Una
casualidad evidente y, además, con el apoyo explícito de la abogacía del
Estado.
De
hecho, los informes manuscritos que el imán entregó a los agentes de los
cuerpos del Estado que lo visitaban sirvieron para elaborar un detallado
estudio grafológico-psicológico por parte de los servicios secretos, que lo
definían como un “individuo con una alta inteligencia y mucha memoria” que
sería “capaz de manipular con eficacia”. Expresiones como que si no informaba
de cuestiones que debería informar, lo más probable era que estuviera
«mintiendo”. Incluso, lo describían de “fiable” porque percibía «muy bien el
entorno”, pero advertían que tenía tendencia a decir “lo que los demás quieren
saber”. También le reconocían una gran capacidad de “discernir”. Unas
descripciones que hacían sospechar que el CNI lo situara fuera de su radar.
Además, cabe recordar que el 29 de enero de 2019, en la comisión de
investigación del Parlamento sobre los atentados, Hamid Barbach, secretario de
la Comunidad Islámica Annour, donde trabaja el imán, detalló que el CNP
preguntó hasta tres veces por el comportamiento del imán y si tenía los papeles
en regla.
¿Una
pista de aterrizaje?
El
detalle importantísimo de un posible sueldo, corta de raíz el debate polisémico
de cómo era la relación del imán con el CNI. Es decir, si era confidente,
colaborador o informador. De hecho, son tres conceptos que vienen a decir lo
mismo y que ha servido para jugar a la ambigüedad para intentar restar hierro
al nexo de los servicios de inteligencia con Abdelbaki es-Satty. Pero el dato
sobre su sueldo confirma esta relación. Precisamente, hay un factor que no se
puede pasar por alto y es la demanda al TEDH interpuesta por los padres del
pequeño Xavi, el niño de 3 años de Rubí, asesinado en la Rambla.
El
procedimiento, que ya ha pasado el primer filtro de su tramitación, se ha
abierto por vulneración del derecho a saber la verdad. Es decir, la negativa
del Estado a investigar la relación del imán con el CNI que ya apuntaban los
indicios y las pruebas recogidas. Causalmente, una vez se presentó la demanda,
llegó la primera gran desclasificación de documentos donde se acreditaba que
Abdelbaky Es Satty era confidente de los servicios de inteligencia. Una manera
de descafeinar la reclamación que, tal como estaba planteada, podía tener
números para ser estimada.
Ahora,
el hecho de que se haya difundido que tenía un sueldo, permite una pista de
aterrizaje al Estado después de ocho años como es simplificar en una «dejadez»
el hecho de que el imán «engañara al CNI». De esta manera, se cerraría una
carpeta incómoda para el Estado y que ha permitido nutrir la teoría de la
conspiración sobre el papel del imán en un contexto sociopolítico muy concreto
y tenso a dos meses de la celebración del referéndum del Primero de Octubre.
Reducir a negligencia, dejadez o imprudencia, el descontrol que el CNI tenía
sobre el imán mientras preparaba los atentados.
Una
nueva vía judicial
Los
resultados de la comisión de investigación recogidos hasta el día de hoy y las
informaciones que han ido surgiendo en paralelo, permiten ya a algunas de las
víctimas plantearse la apertura de una nueva vía judicial. De hecho, abogados
como Agustí Carles que dirigió la defensa de Javier Martínez, o Robert
Manrique, asesor de la Unidad Atención Valoración de Afectados por Terrorismo,
y que compareció hace una semana en la comisión, sopesan abrir la vía
contenciosa administrativa. Una posibilidad que no es precisamente nueva, al
contrario.
El
precedente es el atentado de Hipercor en la capital catalana el 19 de junio de
1987. En aquella ocasión, tanto la sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional como posteriormente las sentencias en casación ante el
Tribunal Supremo obligaron al Estado a pagar millones de las antiguas pesetas a
las víctimas de la masacre que provocó 21 muertos. “No es que digamos que la policía no hizo
correctamente lo que tenía que hacer; es que, sencillamente, no hizo nada, y
esto plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero no a
cualquier precio de vidas humanas”, sentenciaba la Audiencia Nacional.
Además,
los magistrados añadían que “se produjo una cierta pasividad o para decir mejor
conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad – sin duda determinada por la
subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras
veces, ya que nunca se había atentado con anterioridad, en una actuación
indiscriminada contra establecimientos mercantiles-“. “Así que la Policía”,
continuaba la resolución, “no consideró conveniente o factible la evacuación
del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni
finalmente acudió el servicio de detección de explosivos, aunque según los
bomberos bastaba con diez minutos para desalojar el recinto, por lo que se
puede interpretar (…) que no se adoptaron las precauciones pertinentes, sobre todo
cuando la explosión se demoró desde las 15.40, límite superior señalado por los
terroristas y momento en el cual que se reintegró al servicio normal una de las
dos dotaciones policiales, hasta las 16.08″. Un argumento que articulaba
jurídicamente la negligencia y que sirvió para pagar indemnizaciones que casi
llegaron a 112 millones de las antiguas pesetas. Un caso perfectamente
extrapolable porque, según los cálculos jurídicos, aún podrían estar dentro del
plazo para presentar la reclamación.
¿Y
el PSOE?
La
noticia aparecida en el ABC también tiene otra derivada nada menor.
Concretamente, derivar cierta responsabilidad a un alto cargo del CNI de la
máxima confianza del PSOE, Luis García Teran. Este militar entró al servicio de
espionaje español al CESID, -Centro Superior de Información de la Defensa- el
padre del actual CNI, en 1992. Desde entonces no se ha movido con diferentes
responsabilidades, altísimas, por otro lado, dentro de los servicios de
inteligencia y la acción exterior. Teran era el jefe de la División
Antiterrorista durante el 2017, es decir, el responsable de los oficiales de
control que vigilaban, fiscalizaban u obtenían información de los confidentes y
los sospechosos de actividades terroristas. Así, que los informes sobre el imán
y el gasto del pago recaían en su departamento.
Teran,
después de un puñado de años en mandos de la inteligencia española, en mayo de
2019 fue nombrado director general de Inteligencia. En diciembre de 2024 fue
nombrado secretario general del CNI, eso significa que es el número dos de la
organización. La mano derecha de la actual directora, Esperanza Casteleiro, que
fue nombrada por Pedro Sánchez, después de la crisis por el caso Pegasus que
supuso el cese de Paz Esteban. Cabe decir, que con Sánchez en la Moncloa, ha
sido la única vez que un presidente ha cesado a dos directores de los servicios
de inteligencia -Esteban y Sanz Roldán-. De esta manera, el PP ve una brecha
para implicar a un responsable de la seguridad del Estado nombrado por el PSOE
en un asunto que el exjefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, definió como una «gran cagada de
todos».
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