03 abril 2025
Los
dos etarras arrepentidos: «Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero
colaborar»
“Me
he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la Justicia y la
Guardia Civil”. Es parte de la declaración de uno de los dos exetarras que
declararon ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel
García-Castellón —recientemente jubilado— el 22 y el 23 de abril. Sus casos son
únicos, ya que son los primeros exmiembros de la banda que declaran con la
condición de testigos protegidos. Uno de ellos fue un integrante activo de ETA
en los años ochenta. El otro lo fue desde principios de los noventa hasta el
2001.
Ambos
contestaron a más de 200 preguntas del juez y de la Fiscalía, recogidas por Efe
y Europa Press. Sus declaraciones atribuyen al comité ejecutivo de ETA una
responsabilidad directa en los crímenes de la banda. «Siempre ellos decidían
contra esos objetivos», apuntó uno de ellos, que destacó la escasa autonomía de
los comandos a la hora de escoger a quien asesinar.
También
hablaron de nombres propios. De Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, dijeron que
«mandaba en todo». Estos testimonios han sido incorporados a siete causas de la
Audiencia Nacional. Serán claves para determinar si el comité ejecutivo etarra
es responsable de varios crímenes de la banda. Entre ellos, el de Miguel Ángel
Blanco, en 1997. La causa fue juzgada por García-Castellón. Él mismo la
reabrió, a su vuelta a la Audiencia Nacional, en el 2022.
Los
dos testigos protegidos afirman que la cúpula de ETA pudo impedir su muerte.
«Evitar sí se podía evitar, pero la dirección no quería evitarlo. El comité
ejecutivo mandó ejecutar a Miguel Ángel Blanco», señaló uno de ellos. No creen,
en cambio, que Arnaldo Otegi, exmiembro de ETA y coordinador general de EH
Bildu, pudiera impedir el asesinato del concejal del PP.
Una
postura «impopular»
Sabedor
de que su postura es «impopular» y contrario al criterio de todas las
acusaciones, el fiscal Carlos García Berro defendió este lunes que la presunta
responsabilidad de la cúpula de ETA en el asesinato del edil de Ermua ha
prescrito y que, por tanto, la causa abierta contra tres de sus miembros debe
archivarse. Se trata de Mikel Antza, Iñaki de Renteria y Anboto. En el 2010 se
aprobó una reforma del Código Penal que sentenciaba que los asesinatos
terroristas no prescriben. Pero García Berro señala que la medida no es
retroactiva, por lo que el asesinato de Blanco, perpetrado en 1997, no entra en
esta modificación. A los líderes etarras se les aplicaría el marco legal
anterior a la reforma, que establece un máximo de 20 años para que prescriban
sus presuntos crímenes. Quedaría fuera de esta ecuación otro cabecilla,
Kantauri, ya que fue procesado en el 2016. Las declaraciones de los testigos
protegidos se incluyen en siete sumarios. Bajo la tesis del fiscal, solo un
proceso sigue activo: el atentado de la T4 del 2006.
Opinión:
A ver donde están ahora los tres impresentables que se dedicaron a atacarme cuando, allá por junio de 2012, me entrevisté con uno de los autores del atentado en Hipercor.
¿Se van a dedicar a atacar también a otras víctimas que han hecho lo mismo?
¿Van a atacar al fiscal Carlos García Berro?
¿Hablarán tanto de la defensa del “estado de derecho” como han hecho en otros temas o se mantendrán calladitos?
¿Habrán aprendido que la legislación, aunque no guste, hay que acatarla en lugar de utilizarla como ariete contra quien no comparte sus “sesudos” criterios?
Por cierto ¿dónde estaban cuando en 2001 aparecimos unas
pocas víctimas denunciando públicamente la burla que representaba que Josu Ternera
estuviera como representante en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Vasco?
A esos tres y a otros como ellos, un mensaje: lecciones
por su parte, las justas.
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