10 noviembre 2018
Jueces y
fiscales acordaron no investigar por terrorismo al hombre que quería atentar
contra Sánchez
Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Manuel
Murillo Sánchez el 19 de septiembre y lo pusieron a disposición del juez de
guardia de Terrassa (Barcelona), la localidad donde fue arrestado. Por la
naturaleza de los hechos y la relevancia pública que podía tomar el caso, tanto
el juez como la fiscal que estaban de guardia decidieron contactar con sus homólogos
en la Audiencia
Nacional para consultar si debían transferirlo allí por
terrorismo. Tras sendas conversaciones telefónicas acordaron, sin que hubiera
discrepancias jurídicas, que no había indicios suficientes y que la causa
siguiera tramitándose en Terrassa, según han explicado fuentes judiciales a EL
PAÍS.
Manuel Murillo, vigilante de seguridad de 63 años, fue
detenido después de explicitar en un grupo de WhatsApp su intención de matar al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien estaba furioso por su
intención de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los
Caídos. Una militante del partido ultraderechista Vox que estaba presente en
ese grupo denunció los hechos a la policía, que detuvo a Murillo en la calle.
En el registro de su casa, los agentes encontraron gran cantidad de armamento,
incluidas armas de guerra.
La fiscal de Terrassa se puso en contacto telefónico con la
fiscal de la
Audiencia Nacional Susana Landeras. Durante unos minutos,
comentaron el atestado sobre Murillo aportado por los Mossos d'Esquadra. Tras
intercambiar opiniones, concluyeron de mutuo acuerdo que no había elementos
suficientes para hablar de terrorismo y que, por lo tanto, la Audiencia Nacional
no era competente para indagar los hechos, explican fuentes del ministerio
público. "Este hombre había expresado su deseo de atentar, pero no tenía
un plan para hacerlo", sintetizan las mismas fuentes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa,
que estaba de guardia en ese momento, también hizo gestiones con un homólogo en
la Audiencia
Nacional. Según una de las fuentes consultadas, contactó
-también por teléfono- con el Juzgado Central de Instrucción número 4, del que
es titular Fernando Andreu. Ni la policía ni el Ministerio del Interior fueron
informados del episodio, según fuentes policiales.
El jueves, después de que el diario digital Público destapara las intenciones de Murillo,
la fiscalía señaló que no había "emitido ningún dictamen" sobre él
"puesto que no se le ha dado traslado de atestado ni de procedimiento
alguno para pronunciarse sobre ello".
Tras escucharle en declaración, la fiscalía pidió el
ingreso en prisión provisional del presunto francotirador especialmente por el
hecho de que guardase numeroso armamento en su casa. Está investigado, de
hecho, por conspiración para atentar contra autoridad, amenazas graves,
tenencia ilícita de armas y delito de odio. El juez -distinto del que estaba de
guardia- acordó la medida y desde entonces Murillo permanece en la cárcel de
Brians (Barcelona).
Ciertos sectores del independentismo en Cataluña se han
mostrado críticos con el hecho de que el supuesto atentado contra la vida de
Pedro Sánchez no se investigue como un delito de terrorismo. Sobre todo cuando
otros hechos, a su juicio de mucha menor relevancia, como las actividades de
los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han sido investigados por la Audiencia Nacional.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también criticó la actuación del tribunal.
"Parece que la AN
[Audiencia Nacional] se desentiende del francotirador que quería matar al
presidente porque no es terrorismo. Por el contrario, los titiriteros de
Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos juzgados y encadenados
por la AN ",
señaló en un mensaje en Twitter.
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