07 marzo 2022 El Correo

07 marzo 2022 

 

Los presos de ETA y la ley

Cabe exigir el máximo rigor en el cumplimiento de las condiciones para acceder al tercer grado, pero no vetarlo si son respetadas El régimen de semilibertad concedido por el Gobierno vasco a ocho presos de ETA –la primera medida de este tipo desde que Euskadi asumió la competencia de prisiones– ha generado ruido político y un comprensible malestar entre las víctimas.

Es natural el dolor que produce en amplios sectores sociales la salida a la calle de pistoleros con un abultado historial criminal a sus espaldas y una parte de su condena pendiente. Pero nada impide que los etarras encarcelados –levantada la prohibición de acogerse a beneficios penitenciarios impuesta en su día por la banda a sus militantes– puedan acceder, como los demás reclusos, a progresiones de grado, sujetas a unos requisitos tasados cuyo cumplimiento han de verificar las juntas de tratamiento.

En los casos de terrorismo, entre ellos figuran una «declaración expresa de repudio» de la violencia y una petición de perdón a los damnificados. La normativa penitenciaria española está enfocada a la reeducación y reinserción social de los presos, en línea con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución.

Cabe un debate jurídico sobre si los terroristas a los que les ha sido otorgado el tercer grado han cumplido o no de forma escrupulosa las condiciones para acceder a él, algo que corresponde dictaminar a la Audiencia Nacional. Pero no sobre su derecho a acogerse a esa opción si han respetado rigurosamente los pasos exigidos por la ley, que en una democracia obliga a todos, por muy execrables que sean los delitos que han cometido y muy dura que resulte esa situación para quienes han sufrido de lleno la barbarie de ETA. Los recelos que ha podido suscitar el movimiento del Gobierno vasco están relacionados con la sospecha de que los etarras presos forman parte del mercadeo partidista. La alimenta la coincidencia entre el apoyo de EH Bildu a Pedro Sánchez y el giro radical en la política penitenciaria con el acercamiento masivo de reclusos a Euskadi. Y la confesión de Arnaldo Otegi de que la puesta en libertad de todos ellos es el objetivo por el que respalda al Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos.

Las asociaciones de víctimas cumplen con su deber al pedir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha revocado varias progresiones de grado, que revise si las recién anunciadas se atienen a la legalidad. El futuro del jefe del ministerio público en ese tribunal, cuyo relevo pide la izquierda abertzale, ofrecerá pistas sobre la actitud del Gobierno central.

Opinión:

“Las asociaciones de víctimas cumplen con su deber al pedir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha revocado varias progresiones de grado, que revise si las recién anunciadas se atienen a la legalidad”.

Bien, de acuerdo.

Pero entonces, solo una pregunta ¿por qué no se hizo lo mismo en otras muchas ocasiones cuando habían otros gobiernos?