21 marzo 2022
Interior y la ONCE facilitarán la inclusión de las víctimas del terrorismo con discapacidad
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, firmaron este lunes un protocolo de colaboración para facilitar la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las víctimas del terrorismo con discapacidad.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, firmaron este lunes un protocolo de colaboración para facilitar la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las víctimas del terrorismo con discapacidad.
Según informó Interior, en el acto de firma de este acuerdo celebrado en la sede de este Ministerio, Marlaska recordó que su departamento, a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, ofrece a este colectivo “una asistencia integral y personalizada” que incluye el asesoramiento y las políticas activas de empleo necesarios para que ejerzan los derechos laborales que les reconoce la ley.
“El protocolo de colaboración que hemos suscrito pretende en este sentido mejorar las expectativas de inserción laboral de todas de las personas con discapacidad víctimas del terrorismo”, indicó el ministro.
Por su parte, Carballeda recordó que la ONCE y el Grupo Social ONCE nacieron para estar “al lado de las personas, especialmente de quienes pueden tener más problemas” y destacó la necesidad de seguir avanzando en la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en todos los órdenes de la vida. “Ya estábamos trabajando con víctimas del terrorismo, pero avanzar en esa línea de mejora siempre es una buena noticia y esperamos poder dar soluciones reales de la mano del ministerio”, apuntó.
“Generación de oportunidades”
Con la firma de este protocolo de colaboración, Interior y la ONCE colaborarán en “el impulso de programas de formación y sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de contribuir en la difusión y en el ejercicio efectivo de los derechos que asisten a este colectivo y a sus familias”.
Ambas partes también desarrollarán “actividades de información, asesoramiento y apoyo en materia de formación profesional, empleo y accesibilidad a las víctimas de terrorismo con discapacidad”, así como a los empleados públicos con discapacidad de la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, así como a hijos y familiares con discapacidad de éstos.
El convenio también contempla “la generación de oportunidades de inclusión laboral en el marco de las actividades de las empresas de Ilunion, que aglutina a las empresas dependientes del Grupo Social ONCE”.
El protocolo de actuación firmado este lunes será de aplicación “a los familiares de personas con discapacidad fallecidas o a aquellos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de los fallecidos o heridos en atentado terrorista”.
Opinión:
Sinceramente, hay que llamar a las cosas por su nombre y ya cansa ver cómo se facilitan convenios e historias varias que siempre, desgraciadamente, van dirigidas a los mismos.
Desconozco si el señor Ministro no se entera o prefiere no enterarse pero le pasaré, desde estas humildes letras, una serie de reflexiones.
Primera: Los convenios y arreglos internos entre administración competente y empresas varias ¿se canalizan exclusivamente a través de las asociaciones de víctimas? De ser así…
Segunda: las víctimas que no están en el listado de ninguna asociación ¿son informadas de algún modo desde la administración competente?
Tercera: Si la administración competente reconoce públicamente que no busca a las víctimas de un atentado hasta que la sentencia es firme ¿cómo puede decir que se están generando oportunidades de inclusión laboral para “LAS” víctimas del terrorismo?
Cuarta: Si la administración competente reconoce públicamente que no busca a las víctimas de un atentado hasta que la sentencia es firme ¿cómo puede decir que se desarrollarán “actividades de información, asesoramiento y apoyo en materia de formación profesional, empleo y accesibilidad a las víctimas de terrorismo con discapacidad”?
Quinta: Todas esas ayudas, todos esos convenios… ¿son de ámbito estatal o solamente para ciertas zonas geográficas concretas?
Sexta: ¿entrarán en esas ayudas y convenios las casi 280 víctimas que el Ministerio de Interior se negó a buscar y asesorar tras una reunión mantenida en marzo de 2014?
Resumiendo, si pese a la obligatoriedad que marca la legislación, desde la administración competente no se dedican a buscar, localizar, asesorar e informar a las personas candidatas a tener esas colaboraciones ¿a quién van a ayudar? ¿a las de siempre? ¿a las que se ofrecen a entrar en el uso partidista?
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