A tres años del atentado del aeropuerto de Reus los
afectados reclaman atención.
Las víctimas del atentado de ETA
en el aeropuerto de Reus se sienten desamparadas. A punto de cumplirse el
tercer aniversario de aquel suceso —que causó heridas a35 personas, la mayoría
turistas británicos— la
Asociación de Víctimas del Terrorismo reunió ayer en dicha
ciudad a afectados por éste y otros atentados terroristas para reivindicar
una vez más la ayuda de la
Administración. “No exigimos dinero, sino apoyo moral y un
seguimiento de los afectados y de sus familias”, pidió ayer Robert Manrique,
delegado de la asociación en Catalunya y víctima del atentado del centro
comercial Hipercor de Barcelona.
Y es que, según la entidad, aún
queda mucho por hacer: “Nuestro objetivo es conseguir que el Gobierno preste
más atención social y psicológica a los huérfanos, a las viudas y a otras personas afectadas directa o
indirectamente en un atentado de estas características”, explicó Manrique. El
delegado de la entidad añadió que, muchas veces, “los terroristas reciben un
trato más ético y más humano que nosotros”.
María Lorenzo, de 57 años y su hija Isabel de 35,
trabajaban corno empleadas de la limpieza en el aeropuerto cuando explotó la
bomba de ETA, el20 de julio de 1996
a las19.40horas. Las dos, así como la hija de Isabel, de
13 años, aún no han superado del todo el trauma que sufrieron a consecuencia
del atentado. Según lamentó ayer el marido de Isabel, “la subdelegada del
Gobierno Civil, Margarita López, no nos ha llamado en tres años”. Este hecho
—que la subdelegación del Gobierno niega— es, según la asociación, una muestra
del “olvido” dela Administración a los afectados por agresiones de este tipo.
Lluisa Ruiz, de 39 años, es miembro de la asociación desde que resultó herida
en la explosión de una bomba de la organización terrorista Terra Lliure
colocada en una oficina del INEM del barrio barcelonés de Horta, el 25 de mayo
de1992. La afectada trabajaba de administrativa en dicha oficina y reside ahora
en Gandesa, donde se trasladó tras perder el empleo a consecuencia de las
secuelas que sufre desde el atentado. Lluisa Ruiz también asegura que la Administración no
la ha ayudado como debiera.

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