30 enero 1998
En el diari “ABC” de 30 de gener de 1998 van publicar un article d’en Robert amb un títol, com a mínim, impactant. En aquest article en Robert Manrique entra a fons en el tema de les maneres que els polítics creuen adients per preocupar-se de les víctimes i els invents que es van fer en aquelles èpoques. Fins i tot denuncia que el Govern de aleshores oferia intercanvis econòmics als membres del GRAPO a canvi de deixar de atemptar. Però la coherència estava fora de tot dubte: en Robert va fer entrega a l’AVT la quantitat que li va correspondre de aquell sorteig de loteria.
Comportamiento hipócrita
“Ya van a pagaros con el dinero de la lotería, estarás contento, ¿no?”. Estas palabras han sido dirigidas a numerosas víctimas del terrorismo durante las últimas semanas por parte del camarero donde tomamos el rutinario cafetito matinal, por parte del panadero que nos sirve “el pan nuestro de cada día”, por parte del vecino que solo sea acuerda de nosotros cuando huele el dinero... Es increíble descubrir el total desconocimiento que, al respecto, mantiene gran parte de la población que nos rodea. Cada ocasión en que se habla de terrorismo fluyen una ideas y las consiguientes conclusiones que en altísimo porcentaje nada tienen que ver con la realidad a la que se enfrentan los afectados por el terrorismo en nuestro país.
La penúltima muestra: el dichoso reparto de las cantidades recaudadas en el sorteo de lotería del pasado octubre. Tras leer y meditar las recientes informaciones ofrecidas por los responsables políticos, del todo capciosas, sólo es posible llegar a la siguiente conclusión: la decisión tomada en relación a los destinatarios mes totalmente arbitraria y de interés político únicamente, por lo menos desde el punto de vista de la víctima real del terrorismo. Hay suficientes puntos oscuros que deben ser desvelados para información de los lectores que deseen saber la verdad completa al respecto.
Se habla de un montante de 650 millones de pesetas a repartir entre las víctimas de ETA y del GAL. Para empezar a aclarar toda la verdad, hay que recordar que en nuestro país existen cientos de familias (sí, cientos) víctimas del terrorismo de GRAPO, con 71 asesinados entre 1975 y 1993. Pero se demuestra un interés creciente en ayudar a los presos de la citada banda terrorista, ya que desde abril de 1996 “el Gobierno ofreció a los GRAPO ayudas económicas si la banda se disolvía”. Las viudas, los huérfanos, los heridos, la familia Cordón, continúan preguntándose cuándo el Gobierno llamará a sus puertas para conocer sus respectivas situaciones y poner a salvo sus derechos.
Lo mismo podemos decir de los afectados por atentados de Terra Lliure, tanto en Borges Blanques como en otras poblaciones de Cataluña. Todos siguen esperando que el Gobierno se acuerde de ellos. Otro punto discordante es el permitir que las probables víctimas del GAL también tengan derecho a recibir un porcentaje del reparto, y eso partiendo de la base de que todas las muertes son condenables, sea cual sea el motivo de las mismas. Pero se han aplicado en esta decisión dos motivos que nos merecerían un especial seguimiento: de un lado, no existe todavía ninguna base jurídica ni legal que acredite a los miembros de los GAL como “banda armada”, razón por la cual sus víctimas no merecen ser catalogadas de “afectados por terrorismo”, al menos por el momento. Pero existe una absurda contradicción en este caso: el mismo interés demostrado por calificar de víctimas del terrorismo a los damnificados por acciones del GAL es inversa y contrariamente proporcional al interés demostrado en reconocer como víctimas del terrorismo a los 78 muertos y decenas de heridos en el Hotel “Corona de Aragón” en julio de 1979. Por no hablar de Jessica, la niña con importantes secuelas de sordomudez tras el salvaje atentado de Hipercor aquel infausto junio de 1987, justo cuando el GAL “dejaba” de actuar. Y como remate, treinta y tres familias destrozadas en Hipercor llevamos esperando diez años y medio a que nuestros valedores del Estado sean capaces de obedecer una sentencia condenatoria que les obliga a indemnizar, con cantidades ridículas, a los familiares de los muertos o a los heridos sobrevivientes.
Tantas prisas en favor de unos y tanta lentitud en relación con otros es, cuanto menos, motivo de denuncia.
Pero el descontrol y la desinformación interesada es tal que nadie habla de unos puntos oscuros que necesitan luz clara y diáfana. Según la ley vigente, debería ser considerada víctima del terrorismo toda aquella persona que sufre un acto terrorista en territorio español, siendo el mismo reivindicado por bandas armadas reconocidas como tales. Ninguna acción reivindicada por los GAL ocurrió en España.
Pero en relación con el famoso sorteo de lotería surgen más cuestiones pendientes de respuesta. Sin usted, querido lector, compró su décimo de lotería con la intención de demostrar su colaboración con las víctimas reales, reconocidas, del terrorismo, pregúntese: “¿Habría hecho lo mismo de saber que mis pesetas podían ir a parar a víctimas no reconocidas como tales, como pueden ser los afectados por acciones de los GAL?”. La respuesta depende de usted, pero una encuesta realizada al efecto no demuestra que casi el 86 por ciento de los que habrían jugado no lo habrían hecho. Se sienten engañados.
Son demasiadas preguntas sin respuesta clara, sin respuesta satisfactoria máxime cuando uno solamente lee los titulares pero sin entrar a meditar en el fondo de la cuestión. Si uno se plantea el porqué de estas medias verdades llegará a una única conclusión: existe un interés político recalcitrante, incluso comprensible, para intentar quedar bien con todas las partes implicadas. Pero lo que no tiene la más mínima razón de ser es ese deseo inmoral en colaborar al máximo con el autor de los crímenes dejando al margen al afectado directo y su innegable exigencia de justicia. No se entiende que se utilicen reales decretos ni revisiones de la legislación para mejorar la situación del asesino mientras nadie se preocupa del estado, de la condición, del lesionado o de las familias rotas por la intolerancia disfrazada de diversas ideologías.
Solo unos apuntes más: al cumplirse veinte años del incendio en la sala de fiestas Scala Barcelona, las familias de los cuatro muertos todavía no han sido reconocidas oficialmente como víctimas del terrorismo, por no haber sido una banda reconocida como tal la autora del siniestro.
Como conclusión, las palabras de un miembro e “Jugadores Anónimos”, de una lógica aplastante. “No se puede entender que en España se tenga que financiar la conciencia política hacia los afectados por terrorismo con dinero proveniente del juego”. Las víctimas del terrorismo (reales o probables) tampoco lo entendemos.

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