6 mayo 1998
 |
| Robert Manrique i Paulino Baena (cap de premsa AVT) |
Aquesta noticia va aparèixer en mes de 100 medis de comunicació escrita. La tasca realitzada a nivell jurídic pels advocats Santiago Montaner (mort el 2010) i per en Juli de Miquel va ser exitosa. I la tasca informativa realitzada per en Robert en tots aquests anys va ser molt important. Recollirem algunes de aquestes mencions en premsa escrita....
La revista de l’antiga AVT “La razón” deia el següent:
En la acción terrorista resultaron muertas 21 personas, cuatro de ellas eran niños.
La sentencia, emitida el pasado 6 de julio, considera que aunque la verdadera causa de la tragedia fue la bomba colocada por ETA, se “advierte una dejación del deber de diligencia” de las fuerzas de seguridad tras recibir por triplicado –hubo tres llamadas de la banda terrorista- la amenaza de bomba.
En mayo del año pasado, la Audiencia Nacional dictó una primera sentencia en la que reconocía la responsabilidad civil del Estado por el atentado y concedía una indemnización de 45 millones de pesetas a Alvaro cabrerizo, que perdió a su mujer y sus dos hijas en Hipercor, auqnue el fallo fue recurrido por el Ministerio del Interior. Hecho que se ha vuelto a repetir con esta segunda sentencia, ya que el Estado piensa recurrirla.
Por su parte, Roberto Manrique, delegado de la AVT en Cataluña y uno de los afectados en el acto criminal, dijo estar de acuerdo con la sentencia “porque nos da la razón tras haber exigido durante seis años una indemnización al considerar que la actuación policial no fue la correcta”. No obstante, aseguró que posiblemente se recurra ya que el importe asignado es la tercera parte de lo que pedían las víctimas.
El Gobierno se niega a indemnizar a otras 29 alegando prescripción
Doce víctimas de Hipercor cobran del Estado 106 millones de pesetas
Doce de los afectados por el atentado de los almacenes Hipercor de Barcelona, perpetrado por la banda terrorista de ETA hace once años, cobraron el pasado 5 de mayo una indemnización por parte del Estado de un total de 106 millones de pesetas en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Supremo. Otros 29 afectados permanecen a la espera de que las instancias judiciales resuelvan si, como entiende el Gobierno, han reclamado este derecho fuera de plazo.
El 19 de junio de 1987, miembros de la banda criminal ETA hicieron estallar un coche cargado de explosivos en el aparcamiento de los almacenes que produjo 21 muertos y 45 heridos. Los afectados por aquel acto criminal recibieron, pasado un tiempo, las indemnizaciones administrativas, previstas por el Gobierno para quienes sufren atentados terroristas. Los familiares de los fallecidos cobraron cuatro millones y medio de pesetas y los heridos 600 pesetas por día de baja. Nadie se sintió compensado.
A finales de 1989 un grupo de 12 afectados inició una batalla legal para que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario. La Audiencia Nacional dictaminó, en 1995, a favor de los demandantes. El Estado recurrió esta sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en julio de 1997.
El Alto Tribunal consideró que, si bien los etarras que colocaron el coche-bomba fueron los responsables directos de la masacre, las fuerzas de seguridad no desalojaron los almacenes pese a que se produjeron varias llamadas de advertencia de los terroristas. Por lo que condenaban al Estado a pagar el 50% de las indemnizaciones que en concepto de responsabilidad civil se adeudan a las víctimas. La otra mitad la habrán de pagar los autores del atentado si algún día devienen solventes.
Los beneficiarios de estos 106 millones de pesetas fueron tres viudas, un viudo, seis personas incapacitadas para trabajar y otras dos que resultaron heridas. A cada una de las familias de los fallecidos correspondieron 15 millones, los restantes 46 se repartirán entre los heridos con cuantías que varían en función de las heridas recibidas y las secuelas que presentan.
El Estado ya tuvo que pagar, el pasado año, a Alvaro Cabrerizo que perdió en el atentado de Hipercor a su mujer y sus dos hijas, de 13 y 15 años, una indemnización de 45 millones de pesetas. A la espera quedan otros 29 afectados a los que el argumento de la prescripción, por parte del Gobierno, no deja en absoluto satisfechos. “Es inadmisible que se recurra a un resquicio legal para no indemnizar a las víctimas. Esto es de una insensibilidad clamorosa”, manifestó un portavoz de la AVT , quien añadió “el sufrimiento de los afectados no prescribe nunca”.
Humillados y olvidados
Pocas horas antes de que los damnificados acudieran a la Delegación de Hacienda de Barcelona, a cobrar sus indemnizaciones, la AVT ofreció una rueda de prensa. “Estas indemnizaciones-dijo en este acto Roberto Manrique, delegado de la A VT en Cataluña y herido en Hipercor- son el final de una lucha en la que nos hemos sentido humillados y olvidados por el Estado, pero el dinero no reemplaza la vida humana y la verdadera lucha de las víctimas por la justicia para que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario