10 julio 2022 (4) La Vanguardia (opinión)

10 julio 2022

 

El atentado que cambió conciencias

La imagen es icónica: han pasado unos pocos minutos desde que se ha confirmado la muerte de Miguel Ángel Blanco y los ertzainas que custodian la sede de Herri Batasuna en San Sebastián están rodeados por decenas de personas más que indignadas que amenazan con asaltar el local. Primero uno, luego otro, todos los agentes se quitan el “verduguillo”, el buf que les cubre casi toda la cara. En aquella Euskadi de los 90, les sirve sobre todo para que nadie les reconozca como policía, para que nadie les pueda señalar como posible objetivo de ETA.

Aquella tarde del 13 de julio de 1997, primero un agente y al final todos se quitan la máscara y con ello, sin palabras, le dicen a la masa enardecida que están en el mismo lado. Algunas personas los abrazan. Algo acaba de cambiar en Euskadi.

“ETA seguramente no calculó que había un humus, que la gente ya estaba saliendo a la calle. Las imágenes de Ortega Lara saliendo del zulo [fue liberado el 1 de julio de 1997, tras 532 en un sótano] fueron un shock, y en lugar de dar un descanso a eso, ETA desafía de nuevo al Estado secuestrando a Blanco con ese plazo de 48 horas. Eso permite que haya una movilización y un clamor sociológico sin precedentes”, analiza Martxelo Otamendi, director del periódico Berria y profundo conocedor de la realidad vasca.

Para María Jesús Funes, socióloga especialista en participación y movimientos sociales, profesora de la UNED y autora de La salida del silencio. Movilizaciones por la paz en Euskadi: 1986-1997 (Akal), Miguel Ángel Blanco fue “el eslabón final de un proceso”. En la década anterior nace y se consolida Gesto por la Paz, una entidad con presencia desigual en Euskadi que generó una dinámica clave: “Estableció un día y una hora fijo para protestar por los atentados”, apunta Funes, “y en términos de movilización social es muy importante esa rutinización, porque permite prever. A partir de ahí, de encontrarlos cada lunes a tal hora en tal sitio, la gente o se sumaba o lo evitaba. Ese acto interpelaba”.

Para Iñaki Ortega, por entonces presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, compañero y amigo de estudios de Blanco en la universidad de Sarriko, aquel asesinato “supuso el fin del duelo doméstico, que estaba bien pero que no ayudaba a acabar con ETA. La calle cambió. Apenas dos años antes, en 1995, cuando ETA asesina a Gregorio Ordóñez yo había estado poniendo carteles de protesta en la universidad, y estaba solo. Después del asesinato de Miguel Ángel en esos actos ya éramos muchos”.

El secuestro sacudió inmediatamente también a la izquierda abertzale. Patxi Zabaleta era miembro de Batasuna, pero dentro del partido impulsaba Aralar, que era una corriente interna crítica con la violencia que desde 2001 se desgajó como partido: “Nosotros sacamos un comunicado inmediatamente después del secuestro –recuerda– y lo primero que pedimos fue su liberación, y también un respeto por los derechos humanos y políticos. Teníamos una idea estratégica, sabíamos que aquello podía tener consecuencias políticas importantes, pero no hubo ningún tipo de ayuda desde ningún lado”, lamenta.

“Es obvio –añade– que la responsabilidad fue de ETA pero también es verdad que el gobierno de aquel momento ni siquiera se pronunció. Con que hubiera dicho dos frases ETA lo habría tenido más difícil para justificar aquel horror. Pero el gobierno solo buscó el aprovechamiento político de lo que iba a ser un asesinato. Y no solo un asesinato, también iba a ser un grave error político de ETA”.

“Sin entrar en detalles, me consta que hubo llamadas de Madrid a gente de la izquierda abertzale para que intercedieran, sé de qué hablo. Se intentó que ETA aplazara el ultimátum, o que pidieran en público un aplazamiento, pero no lo hicieron”, desvela Otamendi. “Y aquello supuso un mojón en la historia de ETA. Mucha gente se activó a partir de aquello, pero también dentro de la izquierda abertzale”.

Ortega discrepa de los efectos políticos del atentado en la izquierda abertzale: “Batasuna no se dio ningún baño de realidad, simplemente sintieron pánico porque podían quedarse sin votantes, se dieron cuenta de que aquello les podía barrer. Pero a continuación lo que hicieron fue el pacto de Lizarra, para acercarse a otros nacionalistas”, recuerda. La Vanguardia contactó con dos mandos de Bildu, la heredera política de Batasuna, que declinaron ofrecer su opinión.

Veinticinco años después, y pese a lo que aquel atentado supuso en la derrota de ETA, la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, dice en una entrevista por correo electrónico que “no hemos derrotado que parte de la sociedad, en especial la vasca y navarra, mantenga una legitimación del terrorismo. No existe un relato compartido por todos. Quedan muchos temas pendientes y, por desgracia, mucha desunión”.

“Me tocó vivirlo muy en primera persona y por eso justo ahora –explicó esta semana por teléfono Iñaki Ortega- escribo un artículo sobre él. Quiero que mis hijos sepan quién era: un hijo de emigrantes, que vivía en un pueblo obrero, que iba a trabajar en tren, que fue secuestrado y asesinado por quien decía defender a ese pueblo obrero. A ese hombre le pegan dos tiros en el monte. Necesito que mis hijos sepan lo que ocurrió en este país”.

Opinión:

Excelente artículo el que nos presenta Ignacio Orovio. Describe perfectamente lo ocurrido incluso a nivel se ideologías y siglas políticas en aquel momento de 1997 y después.

Y por ello, leído y meditado el artículo, me vuelvo a reafirmar en lo que siempre me ha parecido una enorme muestra de hipocresía política. El asesinato de un chico joven, anónimo y perteneciente a un partido político

¿tuvo que ser la espoleta para que la sociedad “vasca” se atreviera a dejar atrás décadas de miedo y chantaje?

¿Por qué extraña razón no lo había sido la mayor masacre cometida por la banda terrorista ETA en Hipercor, diez años antes?

¿Es que para algunos habían veintiún ciudadanos absolutamente alejados de la práctica política, a mayor o menor medida, que tenían menos derecho a tener los mismos derechos humanos?

¿O es que quizás no se le ocurrió a nadie del gobierno buscar rédito político en aquel atentado mientras sí lo han hecho en otros?

Son preguntas que, evidentemente, también podríamos extrapolar a otras CCAA del Estado español.