6 mayo 1998 (5) ABC

 6 mayo 1998 (5)

 
Malgrat ser molt important el tema de les indemnitzacions i, per sobre de tot, donar la cara representant als grups de víctimes que encara tenien temes pendents amb les administracions, en Robert se li apilaven moltes altres feines i responsabilitats sobre la taula de treball.

Un altre cop, al diari “ABC” del dimecres 6 de maig presentava una important informació continuant amb l’assumpte de la indemnització rebuda pels dotze afectats.

Ens deia en Josep Clemente que

Las víctimas del terrorismo critican que Pujol pidiera perdón al PNV

Un grupo de doce víctimas del atentado más sanguinario de la banda terrorista ETA, perpetrado contra los almacenes Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987, cobraron ayer del Gobierno 106 millones de pesetas en concepto de indemnización por un error policial al no desalojar a tiempo el centro comercial.

Esta cantidad sería el 50 por ciento de lo que le correspondería cobrar a las víctimas, ya que con anterioridad los autores del criminal atentado fueron condenados a pagar a cada uno de los fallecidos 30 millones de pesetas, cantidad que lógicamente no han satisfecho al haberse declarado insolventes. Pese a la contenida satisfacción de algunos de los afectados, la mayor parte de ellos criticaron ayer la lentitud de la justicia así como al Gobierno, al Ayuntamiento de Barcelona y a los grandes almacenes, que “nos han tenido desasistidos desde el primer día del atentado”. La peor parte de las críticas se las llevó el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por haber pedido disculpas al gobierno vasco tras acusarles de usar el terrorismo para presionar políticamente. El delegado de la AVT, Roberto Manrique, que ayer compareció en rueda de prensa junto a la mayoría de los afectados de Hipercor, dijo que “Pujol no debió pedir perdón”.

Once años después de aquel brutal atentado terrorista, el más cruel y sanguinario que se recuerda de la banda etarra, las víctimas inocentes que ese día llenaban el carrito de la compra o simplemente desempeñaban en esos grandes almacenes su actividad laboral, han sido indemnizados. “Once años, 132 meses, 3.973 días dan para mucha desesperación y dolor”, dicen las personas que aquel fatídico 19 de junio de 1987 tuvieron la desgracia de conocer en directo el rostro amable de ETA: “Encima y para mayor sufrimiento –explica el delegado de la AVT en Cataluña- muchos de nosotros hemos tenido que aguantar a la gente que nos dijera que estábamos forrados con todo el dinero que habíamos cobrado de la indemnización, cuando la realidad era que no habíamos visto ni una sola peseta”.

El pago que ayer efectuó el Ministerio de Interior se produce como consecuencia de una sentencia de 1997 en la que el Estado fue condenado a indemnizar a los 12 afectados, por no desalojar la Policía a tiempo los grandes almacenes. “La culpa de lo que ocurrió aquella tarde –precisa Roberto Manrique- no la tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino los asesinos de ETA que colocaron al coche-bomba para que acabara provocando una matanza”.

Insolvencia económica

La cantidad ahora satisfecha es el 50 por ciento de lo que fijó una sentencia de la Audiencia Nacional, que condenó a los terroristas al pago de 30 millones por cada una de las personas fallecidas en Hipercor. Al declararse en situación de insolvencia el Estado quedó como responsable civil subsidiario y de ahí que se haya visto en la obligación de indemnizar a las víctimas. Además de los doce afectados que ayer cobraron del Estado, otras víctimas han sido también indemnizadas al haberse probado con claridad la situación de sus familiares. Alvaro Cabrerizo, el hombre que perdió a su esposa y dos hijas en aquel atentado de 1987 fue indemnizado con 45 millones, ya que el Gobierno acordó pagar 15 millones por cada uno de los fallecidos. Los 106 millones actuales se distribuirán de la siguiente manera: 15 millones de pesetas para cada una de las cuatro viudas afectadas (lo que totaliza un global de 60 millones de pesetas), y los restantes 46 se repartirán entre los heridos con cuantías que varían en función de la gravedad de las lesiones y heridas sufridas aquella tarde de junio de 1987.

Al margen de esta docena de personas que ayer vieron la salida del túnel, hay otro grupo mucho más numeroso (29 afectados) que no sólo no ha visto ni una peseta, sino que además su situación es más complicada al no ser admitida por la Abogacía del Estado sus insistentes reclamaciones. Entre estos casos figura el de la niña Jessica López Rodríguez, actualmente con diez años de edad y sordomuda de nacimiento como consecuencia de que sufriera la rotura de un tímpano que le provocaría posteriormente esa grave anomalía. Su madre Milagros Rodríguez era cajera en los grandes almacenes cuando estalló la bomba.

En esos momentos se encontraba embarazada y no presentó reclamación alguna porque pensaba que no le había sucedido nada, hasta que al año de nacer descubrió que la pequeña era sordomuda. El Gobierno no le admite la reclamación entre otras cuestiones por haberla presentado fuera de plazo y haber prescrito el período de reclamaciones de Interior.

Malestar generalizado

Las víctimas vivieron ayer una jornada con sabor agridulce, pues la lógica alegría de las indemnizaciones quedaba atemperada por el largo tiempo transcurrido y el abandono a que han estado sometidas las víctimas por parte de las distintas administraciones. “También nos quejamos del trato del actual ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que prometió recibirnos y aún los estamos esperando”, dijo Manrique. También el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se llevó un tirón de orejas del delegado en Cataluña de la AVT, por pedir perdón al gobierno vasco cuando hizo alusión al número de muertos por el terrorismo que deberían producirse en Cataluña para que en el resto de España se aceptara y quisiera a los catalanes como a los vascos. “Nunca en todos estos años las víctimas del terrorismo en Cataluña o en cualquier otro lugar hemos recibido disculpas del gobierno vasco por el terrorismo importado desde su tierra, no entiendo como ahora Pujol ha tenido que hacerlo”.

También el Ayuntamiento de Barcelona fue criticado, por el silencio a una petición de la AVT para instalar un monumento a las víctimas frente al lugar del atentado al otro lado de la Meridiana. Este monumento (ver ABC-Cataluña del 15 de febrero de 1998) es obra de Jesús Fructuoso, hermano de otra víctima de ETA asesinado en Barcelona.