02 abril 2013
Los altibajos del Gobierno con la ‘vía Nanclares’
Abandonó su apuesta tras las reacciones a la libertad de Bolinaga.
El futuro de la vía Nanclares que ensayaron los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López con una veintena de presos disidentes de ETA es una incógnita desde que Mariano Rajoy desembarcó en La Moncloa. Primero la avaló, lanzando incluso un plan de reinserción por primera vez como oferta pública a los reclusos de ETA. Pero desde que la política penitenciaria se erigió en cuestión nacional con los nombres de Josu Uribetxeberria Bolinaga y Henri Parot en verano de 2012, la apuesta por esta vía de resocialización desde las prisiones vascas se ha detenido.
Aquel verano fue el punto de inflexión. Coincidieron la excarcelación del primero, enfermo de cáncer, que soliviantó a algunos sectores, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot, que mantiene entre rejas a unos 60 de los terroristas más sanguinarios de ETA, y que ahora revisa la Corte Europea por última vez.
Desde esas fechas, la apuesta del Gobierno por los presos disidentes de ETA se ha difuminado. El problema no lo tiene el presidente en el conjunto de España, pero sí en el País Vasco. En la clase política vasca ajena a su partido cunde la idea de que el Ejecutivo central ha despreciado la vía de reinserción que se estaba convirtiendo en una potente herramienta para subrayar la sinrazón del terrorismo.
La noticia filtrada esta semana de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ha negado el tercer grado a Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores ha ahondado en esta sensación. Mientras, desde la Administración aseguran que son tres casos aislados y tres decisiones «temporales» que no implican un carpetazo a la vía de reinserción.
La filtración de esta noticia, que en realidad es vieja -las resoluciones, al contrario de que lo ha trascendido, datan de marzo, junio y septiembre-, empuja de hecho a pensar que al Gobierno le interesa demostrar, sobre todo ante los colectivos de víctimas, al igual que con la doctrina Parot, que su política es estricta con los presos terroristas, ante la posibilidad de que, en los próximos días, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional , José Luis de Castro, pueda adoptar la decisión contraria.
Pero el Ejecutivo no arrancó así. En mayo de 2012, Fernando Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares culminaron por primera vez el programa diseñado por el PSOE alcanzando la libertad provisional como superación del tercer grado, después de haberse desvinculado completamente de ETA, haber pedido perdón por sus crímenes y empezar a pagar las indemnizaciones derivadas de sus delitos.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, también ha concedido el tercer grado a tres disidentes: Juan Manuel Fernández Pérez de Nanclares (febrero de 2012), Joseba Andoni Díaz Urrutia (abril de 2012) y Jurgi Oteiza Nazabal (julio de 2012).
Todo esto antes del caso Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara cuya excarcelación desató entre los populares un miedo atroz a perder la base social del mundo de las víctimas, al menos el de las asociaciones más combativas y que más influyen a través de los medios de comunicación.
El escándalo también interrumpió un plan que había empezado a gestarse con la colaboración del PP vasco para dar continuidad a las aulas de convivencia a las que había acudido una decena de reclusos en la etapa anterior. La idea de los populares era cambiar la fórmula, de modo que estuviera totalmente controlada por funcionarios de la cárcel y no basada en debates con invitados externos.
Por aquellos talleres habían pasado 13 políticos, profesores, responsables de asociaciones pacifistas y también víctimas del terrorismo de todas las sensibilidades (Joseba Arregi, Gorka Landaburu, Jonan Fernández, Manuel Reyes Mate…). Este plan, por ahora, está parado, a la espera de nuevos presos que no llegan.
Y no llegan, en parte, porque en las cárceles el mensaje que les hace llegar la izquierda abertzale es que esperen sin significarse: les aseguran que ellos les conseguirán un plan de salidas colectivo aunque escalonado. Así que, de momento, nadie quiere iniciar el arrepentimiento público si puede seguir siendo considerado como un héroe para los suyos.
El problema del Ministerio de Jorge Fernández Díaz es que, si no apoya -en forma de permisos o cambios de grado- la reinserción en la que dice confiar, corre el serio riesgo de que su oferta a los presos que aún no han dado el paso pierda toda credibilidad. Si los que sí cumplen los requisitos legales no consiguen los beneficios previstos -a los que los reclusos siempre se han negado por orden de la banda terrorista-, a sus ojos esa vía no merecerá la pena.
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