29 enero 2021 thehuffingtonpost.com (opinión)

   29 enero 2021

 

 

Twitter suspende otra vez la cuenta de Vox por relacionar inmigración con terrorismo

La formación ultra había iniciado una campaña con el lema "Stop islamización" de cara a las elecciones catalanas del 14-F. Por “incitación al odio”. Vox ha visto nuevamente limitadas de forma temporal alguna de las funciones de su cuenta de Twitter.

Por “incitación al odio”. Vox ha visto nuevamente limitadas de forma temporal alguna de las funciones de su cuenta de Twitter. Los gestores de la red social entienden que ha incumplido algunas de las reglas por las que se rige, entre ellas, la “que prohíbe conductas de incitación al odio”.

La formación de ultraderecha había iniciado una campaña en redes con el lema “Stop islamización”, de cara a la campaña de las eleccions catalanas que comenzó anoche, y había subido poco antes varios comentarios contra los colectivos de inmigrantes magrebíes y musulmanes, a los que relacionaba con la delincuencia en Canarias y en Cataluña.

En uno de estos comentarios, Vox afirmaba que estos colectivos “suponen aproximadamente el 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias”, ahondando en una clásica del argumentario de extrema derecha. “La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Solo queda Vox!”, expresaban en el tuit.

Entre otros contenidos, el candidato a la Generalitat por Vox, Ignacio Garriga, ha difundido un vídeo en el que se mezclan noticias sobre la construcción de una mezquita o la instauración de clases de religión islámica en las escuelas con imágenes del atentado de agosto de 2017 en las Ramblas, identificando Islam  y terrorismo.

“Censura”, dice Abascal

Al conocer el bloqueo, el líder de Vox, Santiago Abascak, ha anunciado que presentarán una querella contra Twitter. Entiende que estamos ante un acto de “censura”. “Twitter hace hoy el juego a los violentos y a los manipuladores. Mientras unos nos apedrean literalmente, otros nos demonizan, otros nos manipulan, y Twitter nos silencia para que no tengamos defensa”, ha lamentado Abascal en varios mensajes que ha ido colgando en dicha red.

“Por cierto, el tuit que ha motivado la censura ofrece datos sobre la violencia que sufren los españoles... en Cataluña o en Canarias. Los millonarios tecnológicos no quieren que se conozcan las consecuencias de la invasión migratoria que promueven junto a algunos gobiernos”, ha señalado, después.

Ya el pasado año, Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Vox por considerar que uno de sus mensajes era ofensivo para el colectivo LGTBI. El comentario “violaba la Política de Twitter relativa a las conductas de incitación al odio”.

El origen de la disputa es una réplica a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. “No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio”, escribió la socialista.

“Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con el dinero público promováis la pederastia”, contestó la formación de extrema derecha.

Opinión:

De todos los tuts que se menciona en algunas de las noticias, no veo este… repugnante uso de la imagen de un niño de siete años asesinado en el atentado de La Rambla…

Pueden añadirlo al listado… por no hablar de la presencia del fundador de  la banda terrorista GRAPO y condenado por asesinar a un policía a martillazos…

Ah, un detalle más... el lider de esa formación es vasco y el terrorismo de la banda asesina ETA ya sabemos donde se originó pero ¿alguien relacionaría ser vasco con ser terrorista etarra? ¿Recordamos aquello que muchos coreábamos en las manifestaciones: "VASCOS SI, ETA NO"?

Pues eso.

 

 

28 enero 2021 (2) Diario Vasco (opinión)

 28 enero 2021 

 

«Mi padre todavía se resiste a hablar del asesinato de su compañero José María Ryan»

Anton Arriola reconstruye al cabo de cuatro décadas el secuestro del ingeniero vizcaíno que dirigía la construcción de Lemoiz en 'El ruido de entonces'

Anton Arriola tenía 13 años cuando ETA secuestró a José María Ryan, que además de ingeniero jefe en la construcción de la central nuclear de Lemoiz era compañero de trabajo de su padre y vecino de la urbanización en la que vivía. Este economista metido a escritor reconstruye en ‘El ruido de entonces’ la tragedia que sacudió a la sociedad vasca hace cuarenta años combinando fragmentos de la realidad con recuerdos autobiográficos. «Fue un episodio que nos marcó hasta el punto de que mi padre todavía se resiste a hablar de lo que pasó porque le resulta demasiado doloroso», dice.

Arriola (Durango, 1967) residía en 1981 con su familia en una urbanización de chalets del monte Unbe, un enclave rodeado de naturaleza a pocos kilómetros del centro de Bilbao. Su casa lindaba con la de José María Ryan, un joven y brillante ingeniero especializado en energía atómica que había formado un hogar con su mujer y sus cinco hijos, el mayor de ellos de 9 años. El padre de Arriola había sido compañero de estudios de Ryan y trabajaba también en Iberduero, la compañía eléctrica que había proyectado construir tres centrales nucleares en la costa vasca. ETA secuestró a Ryan el 29 de febrero –mañana se cumplirán 40 años– y amenazó con asesinarle si en una semana la central nuclear de Lemoiz, la única de las tres que se había empezado a construir, no era demolida. El cadáver del ingeniero fue hallado amordazado y maniatado el 6 de febrero con un tiro en la cabeza en un bosque de Zaratamo.

«Lo que he pretendido –explica el autor de ‘El ruido de entonces’– es contar la tragedia de un hombre inocente atrapado en una encrucijada histórica. Tenía muy presentes los recuerdos de la semana en que Ryan estuvo secuestrado porque nos tocó muy de cerca. Era nuestro vecino, trabajaba en Iberduero, como mi padre, que de hecho acudió al bosque de Zaratamo donde se halló su cadáver para identificarlo. Incluso mi padre llegó a estar en aquella época en la diana aunque no trabajaba directamente en Lemoiz y tuvimos que irnos durante un tiempo»

Ficción y realidad

Arriola llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de reflejar aquel episodio en un libro. Inicialmente se planteó hacer un relato muy pegado a la realidad recabando testimonios de la viuda de Ryan y de quienes vivieron aquella tragedia en primera línea. «Me encontré con tal muro de dolor y resistencia que me di cuenta de que estaba aún demasiado cerca para construir una crónica con nombres y apellidos». El escritor dio marcha atrás y optó por la vía de la ficción. «Escribí una al·legoria en la que hablaba de un ingeniero que no era Ryan, de una central nuclear que no se llamaba Lemoiz... La ficción funcionaba a un determinado nivel, pero al verla con perspectiva me pareció que estaba coja porque le faltaba la realidad. El lector iba a saber que estaba hablando de forma alegórica de Lemoiz y se iba a preguntar qué es lo que había ocurrido en realidad, de forma que cuando llegó el confinamiento se me ocurrió combinar la ficción con la realidad y los recuerdos autobiográficos»

Arriola cree que la alternancia de ficción y realidad proporciona mayor fuerza al relato. «La ficción me permite reflejar los sentimientos y las emociones de Ryan, algo que en una narración muy pegada a la realidad no funcionaría». El recurso a un ficticio diario que escribe el ingeniero, añade, es una forma de introducirse en su mundo interior sin que el relato chirríe. La realidad se construye a partir de los recuerdos de lo ocurrido, muy vivos a pesar de que el autor solo tenía entonces 13 años, y los testimonios de familiares, especialmente sus padres.

En algunos episodios tuvo que recurrir a su madre, ya que su padre aún se resiste a hablar de aquello. «Mi padre se encerró en su silencio cuando empecé a escribir la novela porque los recuerdos aún le resultan demasiado dolorosos. Al final fue mi madre la que compartió conmigo su memoria sin que eso quiera decirque a ella le impactase menos todo aquello. De hecho empiezola novela con un recuerdo suyo muy recurrente: el de que seguia escuchando el ruido de la segadora con la que Ryan cortaba todos los sábados por la mañana la hierba de su jardín, que estaba al lado de nuestra casa, mucho tiempo después del asesinato. Mi madre se despertaba con ese ruido en la cabeza hasta que se dabacuenta de que no era un ruidoreal, que su vecino ya no estaba porque le habían matado».

Opinión:

Hay víctimas de atentados terroristas que conocen un proyecto que inicié hace años y que, tras los atentados de agosto de 2017, he dejado aparcado. Se trata de un libro en el que se recogen muchas de las circunstancias y experiencias vividas desde el atentado en Hipercor de 1987. Ya inició la idea un buen amigo, Goyo Martinez, con su libro “Pido la palabra” y cuando Goyo murió hace unos años por un fulminante ataque de corazón, me plantearon que continuara con el proyecto que él había iniciado.

Por eso, recibir esta noticia a través de un buen amigo vasco conocedor de mi intención, es de agradecer. Y lo digo porque el libro que ha escrito Anton Arriola se inicia también desde los recuerdos de la situación padecida. Es decir, hablará sin duda alguna de hechos vividos, contrastados y documentados. Ello significa que hablará de verdades, de esas verdades que a algunos les podrá molestar pero que, aunque duras, son reales.

Decía que desde los atentados de agosto de 2017 en Catalunya no tengo tiempo de sentarme a escribir y retomar lo que ya tengo redactado a fecha de 2007. Asistir a más de 200 víctimas es una labor a “full time” y aún me queda explicar más de diez años con la duda de si terminar el libro con lo ocurrido en agosto de 2017 o seguir hasta los días de hoy, con el juicio por esos mismos atentados.

Lo que sí puedo confirmar es que todo cuanto aparezca en el libro será cierto, absolutamente contrastado. Y a quien no le guste, “ajo, agua y resina”. Escribir verdades vividas como ha hecho Anton Arriola puede molestar a alguien y eso siempre hace pensar al resto.

Y no como otros que escriben novelas sin haber vivido en el País Vasco desde 1985.

 

 

28 enero 2021 El Pais

28 enero 2021 

 

‘Altsasu’, cine militante

Dar el protagonismo a los acusados sirve para construir un punto de vista: la apuesta por su inocencia

Cuando una serie (como Altsasu) se anuncia diciendo que “se basa en hechos reales”... hay que empezar a preocuparse. David Trueba nos ha advertido de que no hay que fiarse de esta proclama. A qué realidad responde, se pregunta, “si todo se cuenta mediante un proceso de manipulación”. Y Altsasu no se escapa a este designio a pesar de no detallar totalmente qué pasó de verdad en el bar de la población el mes de octubre de 2016 entre una pandilla de jóvenes y dos guardias civiles de paisano con sus parejas. Sobre este “hecho real”, unos hablan de simple pelea de madrugada (Daniel Innerarity) y otros, de una agresión donde se convierte los verdugos en víctimas (Fernando Savater).

Es un “hecho real” que el episodio desencadenó una instrucción judicial sin medida. La Fiscalía tipificaba la conducta como terrorismo, cosa que escandalizó a juristas como Baltasar Garzón; la juez instructora, Carmen Lamela, conocidísima en Cataluña, recibió una condecoración de la Guardia Civil después de incoar las diligencias del caso y la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que entendió del asunto, Concepción Espejel, tiene la Orden al Mérito de la Guardia Civil y está casada con un coronel del cuerpo. La Audiencia impuso penas de prisión de entre dos y 13 años. Al final, en el Supremo, la horquilla de penas quedó entre uno y nuevo años y medio de prisión.

En el juicio se discutió sobre la identidad de los autores de la agresión y su gravedad (un vídeo mostraba a uno de los guardias, después de los hechos, en la calle sin lesiones aparentes). Pero ya son “hechos reales” mucho más dudosos que el origen de la trifulca, como insinúa Altsasu, esté entre un joven radical, simplemente dolido por las multas, y un guardia malcarado y agresivo, o que las conductas de incordio cotidiano sean atribuibles casi exclusivamente a la Guardia Civil. El alcalde de la localidad, de Geroa Bai, frente a los relatos angélicos sobre el suceso... lo calificó de agresión a unos agentes, y a los tribunales no les pidió impunidad, reclamó una proporcionalidad que no hubo.

¿Qué hace Altsasu? Dos medios lo han explicado claramente. Deia, considerando que se tomaron los jóvenes condenados como rehenes para vengarse de una comunidad “inasimilable”, defendía Euskal Telebista: “cumpliendo su misión pública, ha salido al rescate” de los jóvenes. Y en el TN de TV3 del día del estreno se dijo literalmente: “La serie muestra el caso desde el punto de vista de los condenados y de su entorno”. ¿Estamos ante una crónica basada en supuestos “hechos reales” o ante un relato que adopta el punto de vista de una de las partes, que se quiere rescatar? Ahora resultará que Som, Baleuko, EITB, TV3 y el departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, que participan en la producción, hacen cine militante. La metáfora fácilmente descifrable de los buitres merodeando por la zona; dejar en la niebla la escena del bar descartando, eso sí, una agresión organizada; dar el protagonismo a los jóvenes acusados, a su sufrimiento, haciéndolos héroes del relato... son estrategias para construir un punto de vista: la apuesta por su inocencia. El segundo, extenuante capítulo, dedicado a la detención de los jóvenes, con prólogos intimidatorios, remacha esta idea.

La serie ha suscitado un debate vibrante sobre su doblaje. En el original de ETB, los guardias hablan castellano y los vecinos del pueblo, euskera. En la versión de TV3 todo el mundo habla catalán. Ateniéndonos a los “hechos reales”… tan inverosímil resulta oír hablar catalán a los guardias civiles de la población (TV3) como que todo el vecindario de Altsasu sea vascohablante (ETB). La convicción que ponen los actores no salva una narración poco brillante.

Bernardo Atxaga, que ha manifestado estar del lado de los jóvenes, ha dicho que piensa escribir una alegoría sobre este episodio. Y quiere narrarlo como si fuera una novela del Oeste. Los creadores de Altsasu no han osado elegir este registro.

 

27 enero 2021 (20.01.2021) elsaltodiario.com

27 enero 2021 (20.01.2021)

 

El terrorismo de extrema derecha sigue sin existir para la justicia española a pesar de las advertencias internacionales

Un informe de la Fundación Rosa Luxemburgo cifra tres decenas las personas condenadas por actos violentos de extrema derecha, pero con penas que no superan los tres años y medio y sin aplicársele nunca delitos de terrorismo.

Tres decenas de personas condenadas por actos violentos relacionados con la extrema derecha en los últimos 20 años, y con penas que van del año a los tres años y medio. Es el resultado de las operaciones realizadas contra el terrorismo de extrema derecha que se han contado en España, según señala un informe que la Fundación Rosa Luxemburgo publicará en las próximas semanas y al que ha tenido acceso El Salto, y en el que se resalta que en ninguno de los casos estas personas han sido procesadas por terrorismo.

Uno de los capítulos de este informe, elaborado para la fundación por los periodistas Miquel Ramos y Nora Rodríguez, detalla las operaciones que los cuerpos de seguridad del Estado han emprendido contra organizaciones de extrema derecha, muy pocas y con leves consecuencias penales, a pesar de los avisos que a nivel internacional se han dado sobre la peligrosidad de estos grupos.

"A pesar de que todos los organismos internacionales expertos en seguridad y terrorismo advierten de que el terrorismo de extrema derecha es una amenaza potencial a nivel del yihadismo, en España no se ha considerado juzgar por terrorismo la actividad de los grupos deonazis armados", explica ramos, uno de las personas responsables del estudio, especializado en monitorear a grupos de extrema derecha y en investigar crimenes de odio. "Ni siquiera consideraron terrorismo el caso del francotirador, del que la Audiencia Nacional rechazó el caso al no considerar que el terrorismo de extrema derecha sea una amenaza en España", añade en referencia a Manuel Murillo, simpatizante de la extrema derecha que en 2018 fue detenido después de intentar un atentado contra el presidente Pedro Sánchez por la exhumacion del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y cuyo proceso judicial, aún en curso, se sigue en los juzgados de Terrassa. "A lo largo del informe se puede ver como en el Estado existen partidos legales abiertamente neonazis, que exhiben simbología nazi en sus actos, organizaciones que hacen continua apología del franquismo y regímenes genocifas sin consecuencias legales", añade Nora Rodriguez.

El informe de la fundación Rosa Luxemburgo recopila una serie de advertencias sobre la peligrosidad de estos grupos de extrema derecha. El último de los informes internacionales que alertan sobre la peligrosidad del terrorismo de extrema derecha es el Índice Global de Terrorismo 2020, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz y presentado en noviembre de 2020. Este informe señala que los atentados de extrema derecha han aumentado un 320% en todo el mundo en los últimos cinco años y cifra en 89 las muertes ocurridas en 2019 por este tipo de ataques sobre el total de las 108 muertes registradas en total por atentados terroristas de toda índole en Occidente —59 de ellas en el ataque a dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda—. Según este informe, el 17,2% de los atentados terroristas en 2019 fueron de extrema derecha, frente al 6,8% relacionado con el yihadismo.

Pero los organismos internacionales llevan varios años avisando. En junio de 2018, fue el informe anual de Europol, que ya entonces advertía en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo del aumento de la extrema derecha violenta en la Unión Europea. Un año después, el relator especial de Naciones Unidas contra el Genocidio, Adama Dieng, expresó también su preocupación por el resurgimiento de la extrema derecha en Europa, que comparó con el ascenso nazi de los años 30 del siglo XX. En junio de 2020, un nuevo informe de Europol advertía del incremento de ataques violentos de extrema derecha contra grupos minoritarios y del aumento de la xenofobia, odio a los judíos y musulmanes, a la vez que recalcaba el uso de redes sociales y WhatsApp por parte de estos grupos de extrema derecha. En este informe, Europol recogía atentados de la extrema derecha cometidos en la Unión Europea en 2019. En total cuatro ataques en Reino Unido, otro en Polonia y uno más en Lituania. Pero el informe, según subrayaba el eurodiputado Miguel Urbán en La Marea, no menciona los ataques sufridos ese año por el centro de menores de Hortaleza, en Madrid, donde en diciembre de ese año encontraron una granada sin detonar  después de que el centro recibiera una llamada en la que amenazaban con la frase “este es solo el principio de la nueva España”. Tampoco el caso del francotirador que planeó atentar contra Pedro Sánchez, ni los talleres en los que la Guardia Civil encontró ese mismo año explosivos y material con simbología nazi.

“Los que llevamos monitorizando muchos años a la extrema derecha, llevamos tiempo alertando de la capacidad de acción y la voluntad de estos grupos terroristas. Y no es especulación, ya ha ocurrido”, alerta Miquel Ramos.

“Los que llevamos monitorizando muchos años a la extrema derecha, llevamos tiempo alertando de la capacidad de acción y la voluntad de estos grupos terroristas. Y no es especulación, ya ha ocurrido, hay muchos casos de extrema derecha en el País Valencià, más de 20 atentados, y no se ha detenido nunca a nadie”, subraya Ramos, que recuerda también el caso del centro de primera acogida de menores de Hortaleza donde encontraron una granada. En el mismo centro, dos meses antes un grupo de 30 personas intentaron saltar la valla para vengarse del supuesto atraco que había cometido uno de los menores y, en noviembre, las organizaciones de extrema derecha Hogar Social Madrid y Democracia Nacional convocaron una concentraron en el parque ubicado junto al centro, contra el que dirigentes de Vox hicieron campaña en las elecciones del 10 de noviembre. Aun así, no hubo ningún detenido por los ataques al centro de menores de Hortaleza. "Lo banalizan, como si fueran gamberradas", lamenta Ramos.

“En los casos en los que se les termina condenando es por asociación ilícita y no por terrorismo, a pesar de contar con estructuras jerarquizadas, cometer delitos graves contra la vida de personas, así como disponer de armas, munición y explosivos, con objetivo de atacar a determinados grupos considerados como enemigos”, explica Nora Rodríguez.

A pesar de los avisos internacionales, en España solo se han realizado diez operaciones policiales contra organizaciones de extrema derecha, y el saldo hasta ahora ha sido de 30 condenados, pero con condenas que van del año a los tres años y medio de prisión, otros 16 absueltos y 31 más que siguen con el proceso judicial en curso. “En los casos en los que se les termina condenando es por asociación ilícita y no por terrorismo, a pesar de contar con estructuras jerarquizadas, cometer delitos graves contra la vida de personas, así como disponer de armas, munición y explosivos, con objetivo de atacar a determinados grupos considerados como enemigos”, alerta Rodríguez. Unas condenas ridículas, aún más en comparación a las impuestas a los jóvenes de Altsasu, que, aunque finalmente no fueron condenados por terrorismo, sufren penas de hasta 13 años impuestas por la Audiencia Nacional, hasta nueve años y seis meses tras la la pequeña rebaja dictada por el Tribunal Supremo.

El único condenado con mayor pena, el conocido como el ‘Rambo del Bierzo’, que recibió una condena de cuatro años de cárcel por posesión de armas de guerra y explosivos, no llegó a entrar en prisión al sustituir el juez la pena por diez meses de trabajos en beneficio de la comunidad que finalmente realizó en Cáritas de Cacabelos, en León, bajo las órdenes del párroco Jesús Álvarez, cercano al PP y a la COPE y quien poco antes había predicado en contra de su entrada en prisión en las misas que oficiaba.  

Algunos operativos sí consiguieron la desarticulación de un par de grandes organizaciones neonazis. En marzo de 2004, la Guardia Civil desarticuló el grupo neonazi Hammerskin España en el marco de la operación Puñal, con la detención de 15 personas en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. La operación se desarrolló como respuesta a diversos ataques racistas en la Universidad Complutense y en varias localidades madrileñas en meses anteriores. Desde 2000, Hammerskin organizaba conciertos en la Comunidad de Madrid en los que se promulgaba la supremacía de la raza blanca y se promovía la discriminación, el odio y la violencia contra determinados colectivos. También disponía de dos revistas, El Martillo y Extremo. En el registro de sus domicilios se requisó material con simbología nazi, pasamontañas, puños americanos, navajas, bates de béisbol, hachas, pistolas de aire comprimido, sprays de defensa y pistolas de fogueo.

En 2009 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a trece de los acusados a un año y medio de cárcel y 2.700 euros de multa por asociación ilícita; a José Eduardo C.H., considerado el líder, a dos años y seis meses; y al restante, también a dos años y seis meses, por asociación ilícita y tenencia de armas. También ordenó la disolución de la organización por difundir la doctrina nacional socialista y tener como objetivo implantar el IV Reich en España. La sentencia fue ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque se la daba por desaparecida, en octubre de 2013, en el marco de una operación para impedir un concierto neonazi en San Sebastián de los Reyes, la policía detiene a dos personas identificadas como miembros de Hammerskin por enfrentarse a los agentes.

Un año después del operativo Puñal, la Guardia Civil detuvo a 21 personas de la rama española de esta organización en las provincias de Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza en el marco de la operación Espada. Fueron acusadas de delitos contra los derechos y libertades fundamentales, apología del genocidio, tenencia y tráfico de armas y asociación ilícita. Uno de los detenidos, Jorge Vivar Casal, era policía local en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y formó parte de la lista electoral del partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR) en 2004, junto a otros 16 de los detenidos. Otro de los imputados declaró durante el juicio que la organización compraba armas a un vigilante de seguridad privada por encargo de otros trabajadores de seguridad privada, policías y guardias civiles. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la disolución de la organización y condenó a 14 de los acusados a penas que fueron de uno a tres años y seis meses de prision por asociacion ilícita y tenecia de armas, sentencia que fue ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo, que consideró que esta organización difundía la ideologia nacionalsocialista para recuperar la Europa de Adolf Hitler y que se financiaba con la compra-venta de armas, de parafernalia neonazi y con la organización de conciertos. En 2014, Periódico Diagonal desveló que Roberto L.U. poseía a la fecha dos tiendas de parafernalia nazi en Madrid

Blood&Honour fue fundada en Reino Unido en 1987 y llegó a España en 1990. Tiene facciones también en Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Portugal y Hungría. La rama española fue fundada por Francisco José L.P. y Roberto L.U., militar en reserva y en 2005 vigilante jurado en una estación de metro, condenado a tres años de cárcel. Estaba inscrita como asociación cultural y tenía como fines en su acta fundacional la conservación de la cultura europea y el fomento de un activismo que separase a los jóvenes de la marginalidad y la droga. Se financiaban con la compra-venta de armas.

“En 2005 hubo tres operaciones muy buenas, que en dos casos desarticularon a grupos de extrema derecha”, resalta Ramos. “Sabemos que desde 2003 o 2004 se estaban monitorizando porque eran grupos muy activos y estaban siendo investigados, y eso resultó en las tres operaciones de la Guardia Civil”, continúa Ramos en referencia a la operación Puñal contra Hammerskin, la Espada contra Blood&Honour y, en último lugar, contra la operación Panzer contra el Frente Antisistema. Pero en este último caso, el juzgado se puso de parte de los acusados. “El juez los absolvió porque, en total, vender armas por internet no era motivo para intervenir teléfonos e incluso le mete caña a la Guardia Civil y ordenó a la acusación popular a pagar las costas, acusación popular formada por entidades sociales del País Valecià que decidieron presentarse ante la impunidad de la extrema derecha que, en esos años, estaba atentando con explosivos y organizando acciones de boicot y violencia constantemente”. 

En septiembre de 2005, la Guardia Civil detiene a 22 personas en la provincia de Valencia en el marco de la operación Panzer como presuntos miembros del Frente Antisistema desde 2003, cuyos objetivos, según la Guardia Civil, eran el proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nazi, y se financiaba con la venta por itnernet de objetos nazis y armas prohibidas. De los detenidos, finalmente fueron encausadas 16 personas, una más se declaró en rebeldía y otra huyó. Entre los encausados había dos militares, un concejal de España2000 de Silla, y Pedro Cuevas, asesino confeso de Guillem Agullóó, quien había cumplido solo cuatro años de prisión de los 16 a los que fue condenado por este crimen. 

Durante la investigación, la Guardia Civil captó conversaciones que demostraban que Cuevas presumía de participar en cacerías humanas, pero, en 2014, durante la celebración del juicio, celebrado casi diez años después, los abogados de los acusados pidieron la nulidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas y el tribunal lo hizo con el argumento de que, cuando se autorizaron, no existían indicios objetivos de comisión de delitos suficientemente graves como para vulnerar el secreto de las comunicaciones. Los 16 encausados fueron absueltos y en 2015, ante los recursos presentados por Fiscalía y la acusación popular, el Tribunal Supremo confirmó la absolución y condenó al pago de las costas a la acusación popular, estimadas en más de 43.000 euros. 

En 2017, el Consejo General del Poder Judicial reconoció el derecho de uno de los acusados, el militar José Antonio Orts, a ser indemnizado con 16.531 euros por el arsenal que le fue destruido durante el proceso: un lanzagranadas, cuatro revólveres, una pistola, varias escopetas, rifles, carabinas y armas cortas. Pedro Cuevas también solicitó que le devolvieran el material incautado: una pistola simulada, un puño americano, una daga-puñal, dos navajas de mariposa y una navaja rota, un machete, un hacha de doble hoja y una bola metalica con pinchos, además de libros de ideología nazi y hasta un busto metálico de Hitler.

La extrema derecha en los cuerpos de seguridad del Estado

“Hemos visto casos en las fuerzas armadas, casos en guardias de seguridad, militares llamando a dar un golpe de Estado, que son personas con acceso a armas; operaciones en las que se han decomisado talleres clandestinos de fabricación de explosivos, donde se han requisado auténticos arsenales de armas, sin que tome en serio, creyendo que son actos aislados sin una importancia real”, explica Rodríguez. “Recientemente hemos visto lo que ocurre en otros países cuando no se toma en serio esta amenaza, como ha pasado en el asalto al Capitolio de Estados Unidos”, añade.

Hasta 20 de las personas detenidas por los operativos contra la extrema derecha son miembros del Ejército o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Uno de los detenidos contra la organización Blood&Honour era militar y otro policía local. También entre los 15 detenidos en la operación Panzer, finalmente absueltos, se contaban dos militares. Pero la mayoría de estas 20 personas están implicadas en la red de tráfico de armas que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares y de la que uno de sus protagonistas es Rodolfo Sanz Sánchez, coronel de la Guardia Civil. 

En mayo de 2015, detienen a Rodolfo Sanz Sánchez, coronel de la Guardia Civil conocido como ‘el nazi’ o ‘Rudolf’, de ideología falangista, por su supuesta implicación en una red de tráfico de armas investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares. La red, a la que le suministraba las armas un subteniente del Ejército de Tierra en reserva, habría facilitado un arma a Manuel Andrino, líder de Falange condenado por el Tribunal Supremo a dos años y siete meses por el ataque al centro cultural Blanquerna en 2013. Según publica El País, la red también estaba relacionada con otro falangista condenado por apuñalar a un joven en Guadalajara y también habría vendido una ametralladora valorada en 5.000 euros a un candidato de Falange Española Independiente y en 2015 entregó un paquete sospechoso de contener armas a la neonazi Alianza Nacional.  

La organización criminal almacenaba las armas en varios trasteros en los que se encontraron 24 kilos de explosivo, 12.500 cartuchos y armas de guerra. Otro de los investigados, el subteniente del Ejército Francisco C.M., almacenaba en otros dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros. En 2016, la investigación de la red, que sigue en curso, ya se había ampliado a 16 militares y guardias civiles.

“Una cosa es que compartan esta ideología, y otra es que hagan apología y pertenezcan o estén vinculados a grupos que son directamente ilegales. Esto demuestra que no existen filtros dentro de estos cuerpos para depurar personas que puedan tener relación con grupos de odio, como sí existen en otros países en los que, cuando se les descubre, se les expulsa”, señala Ramos. 

“Banalizar los discursos de odio y el peligro de estas ideas genocidas, normalizar el racismo, el machismo o la homofobia como opiniones válidas que se deben respetar, solo contribuye a legitimar y aumentar esta violencia, y más si estos discursos son alentados desde medios de comunicación y desde los poderes públicos no se toman medidas reales para combatirlas y depurarlas”, afirma, por su parte, Rodríguez. “Para cualquier sociedad y para cualquier Gobierno que se considere democrático debería ser una prioridad combatir la extrema derecha en todas las formas en las que se manifieste”, concluye.

Opinión:

Para obtener información más detallada puede consultarse el link 

https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales

 

 

 

 

26 enero 2021 (4) ABC (opinión)

26 enero 2021 

 

La AVT denuncia en el Senado que «luchan en solitario» ante los que quieren cambiar el relato del terrorismo

Entrega en la Cámara Alta sus premios anuales criticando al Gobierno por el acercamiento de los presos etarras

La política de acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco ha protagonizado esta mañana el acto de entrega de los premios «Verdad, memoria, dignidad y justicia» y sus Cruces de la Dignidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el Senado. Un acto que ha sido inaugurado por la presidenta del Senado Pilar Llops.

Bajo el título «'Por un verdadero relato del terrorismo con vencedores y vencidos» han recibido este reconocimiento el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de Madrid, Enrique López; el fiscal de la Audiencia Nacional y coordinador para los atentados sin resolver, Marcelo de Azcárraga; el jefe de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz Blanco; la periodista y diputada de la Asamblea de Madrid, Almudena Negro; la vicepresidenta y exdelegada de Extremadura de la AVT, Inmaculada Sánchez, y la periodista especializada en terrorismo, Ana Terradillos.

La presidenta de AVT, Maite Araluce, aseguró que esta organización es un «dique de contención» ante la política del Gobierno y denunció la soledad en la que se encuentran frente a la actuación de los responsables políticos. En este sentido, afirmó que «luchamos, prácticamente, en solitario contra todos aquellos que quieren cambiar el relato del terrorismo tratando de propagar la idea de que las víctimas somos cosa del pasado y lo único que buscamos es venganza».

Araluce desmintió los argumentos del Ministerio del Interior para justificar estos acercamiento: «Primero el traslado y después su libertad porque no nos equivoquemos, no los quieren cerca, los quieren libres».

En esta misma línea se pronunció el consejero de la AVT, Miguel Ángel Folguera, al afirmar que «no creemos en un blanqueamiento de asesinos a través de arrepentimientos y perdones de formulario porque consideramos que no hay mayor verdad que la de un relato narrado por sus protagonistas».

Opinión:

Uy uy uy… cuando alguien se arroga la única representatividad en una cuestión como la que estamos leyendo puede incurrir en un grave error. ¿En serio son los únicos que “luchan en solitario” ante los que quieren cambiar el relato del terrorismo? ¿Han consultado a sus bases si esa lucha es correcta? ¿Han hablado antes con sus miembros sobre la idoneidad de esa lucha o el modo de ejercerla?

Quizás se llevarían una sorpresa, como la que me he llevado la pasada semana al visitar a cuatro miembros de la AVT en sus domicilios con motivo de la grabación de un documental. Un documental que, seguramente, pondrá sobre la mesa esa diferencia de criterios que existe en una entidad que debería ser plural pero que, desgraciadamente, da la impresión que ser conocida desde el año 2004 por sus ideologías partidistas y no tanto por la asistencia que ofrecen a sus asociados.

Como me decía esta mañana una víctima… si el Presidente de Honor de la AVT, José María Aznar fue capaz de decir tras una reunión (que los más viejos del lugar recordamos) que “no venía a una derrota con vencedores y vencidos”… ¿le retirarán ahora esa condición de Presidente de Honor o todo quedará en casa?

En cuanto a lo del consejero de la AVT (y también fundador de la APAVT) sobre la verdad “narrada por sus protagonistas”, me gustaría recordarle que el hecho de ser víctimas del terrorismo no nos aporta un grado de credibilidad añadido. Hay muchas pruebas, que seguro él mismo conoce, de “víctimas” cuyo relato es absolutamente inventado. Pero eso sería motivo para otra opinión más extensa que ahora mismo no puedo escribir… me esperan dos víctimas de agosto 2017 para revisar la documentación que han recibido. Y siempre me hago la misma pregunta: ¿a cuántas víctimas de esos atentados asiste la AVT?

 

 

26 enero 2021 (3) El País

26 enero 2021 

 

 

El fiscal, sobre los terroristas del 17-A: “El fanatismo penetró en sus almas”

El ministerio público desmonta la tesis de que el imán de Ripoll sigue vivo en el juicio por los atentados

La fiscalía ha tratado de responder este lunes a una de las cuestiones de fondo que subyacen en el proceso por los atentados de Barcelona y Cambrils: ¿cómo es posible que un grupo de jóvenes de Ripoll, con lazos familiares y de amistad, se dispusieran a morir matando en nombre de Alá? La culpa, o parte de ella, fue del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, muerto la víspera del 17-A pero figura clave en la investigación por las teorías conspirativas construidas por algunas acusaciones.

Como “líder espiritual” de la célula terrorista, Es Satty “imbuyó de las ideas del movimiento yihadista” a los jóvenes, “les transmitió un concepto negativo de la sociedad” y les ofreció “una falsa atmósfera sagrada en la que se introdujeron”. Pocos meses antes del 17 de agosto de 2017, el imán había logrado ya que los chicos se desvincularan de su vida anterior: de sus amigos, de sus novias, de sus aficiones. El resultado fue demoledor: “Un fanatismo exacerbado penetró en sus mentes y en sus almas”, relató el fiscal Miguel Ángel Carballo en su informe en la Audiencia Nacional. La fiscalía recordó la “condena internacional” emitida por la ONU contra Estado Islámico, en cuyo nombre se perpetró el 17-A.

Puede que el recuerdo del imán esté vivo, pero de lo que no hay dudas es de que él murió. Lo quiso subrayar la fiscal Ana Noé para tumbar, sin aspavientos pero sin concesiones, las teorías alternativas alimentadas por parte del independentismo y lideradas por Jaume Alonso-Cuevillas. El abogado del expresident Carles Puigdemont y también diputado en el Congreso defiende los intereses en el juicio de Javier Martínez, padre de Xavi, la víctima más joven del atropello de La Rambla de Barcelona. Cuevillas afirma que el imán sobrevivió a la explosión fortuita ocurrida en la casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula terrorista almacenaba grandes cantidades de explosivos para cometer un atentado con bombas en Barcelona.

La investigación deja claro que Es Satty murió en la explosión, que obligó a la célula a cambiar los planes y a improvisar el atropello de La Rambla y el ataque de Cambrils, dos acciones que dejaron 16 muertos y más de un centenar de heridos. Los restos de una oreja hallados en la casa coinciden con el ADN que las autoridades marroquíes -acompañadas por policías españoles- tomaron a familiares de Es Satty en su región natal, en el Rif. En la casa de Alcanar, además, se hallaron notas de reivindicación escritas por el imán que revelan “su fijación con la historia de Ál-Andalus”.

La fiscal explicó también que es imposible, en todo caso, que el imán escapara de la casa y cogiera un avión con la ayuda de una chica de 22 años, Hajar Abrini, que horas antes del 17-A estuvo en el aeropuerto de Barcelona. La investigación siguió los pasos de Abrini. Su plan era volar hasta Estambul para unirse a las filas de Estado Islámico en Siria, pero ningún elemento permite relacionarla con los atentados de Barcelona y Cambrils. Más aún: cuando fue deportada a su país, Bélgica, ni siquiera “tenía conocimiento” de lo ocurrido en La Rambla.

Pero en la Audiencia Nacional no se juzga a Es Satty ni a los autores materiales de la masacre, porque todos están muertos, la mayoría abatidos por los Mossos d’Esquadra. Se juzga a tres personas que participaron, en mayor o menor medida, en la célula: Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, que afrontan peticiones de prisión de 41, 36 y ocho años, respectivamente.

Houli había ayudado a la célula a fabricar explosivos y fue herido en la explosión de Alcanar. Interrogado por los Mossos antes del atentado, “no dio ningún tipo de dato” para capturar a sus compañeros antes de que fuera demasiado tarde. Cierto es que no podía conocer el nuevo plan (Younes Abouyaaqoub decidió el día 17, sobre la marcha, que usaría una de las furgonetas alquiladas para arrasar La Rambla), pero sí pudo dar nombres, explicar la existencia de la célula. Y no lo hizo. Por eso la fiscal negó el arrepentimiento y la confesión que la defensa de Houli reclama para reducir su estancia en prisión.

El fiscal Carballo se encargó de Driss Oukabir, que ha basado su defensa en resaltar su currículum de chico problemático (drogas, alcohol) y alejado de la fe musulmana. Todo mentira, según el fiscal. “No negamos que es el miembro más díscolo del grupo. Pero sabemos por el análisis de sus teléfonos que sí practicaba la religión, y que conocía los planes de la célula para atentar y se prestó a colaborar”.

 

 

26 enero 2021 (2) El Mundo del Siglo XXI (opinión)

26 enero 2021 

 

Noruega responde con su silencio a las víctimas sobre su apoyo diplomático a 'Josu Ternera' en la negociación con José Luis Rodríguez Zapatero

El dirigente etarra asegura que fue trasladado en coche diplomático y con documentación de Noruega durante sus contactos con el Gobierno

La asociación de víctimas del terrorismo de ETA Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha pedido explicaciones a la embajada de Noruega por sus gestiones de colaboración con el dirigente de ETA'Josu Ternera' durante sus negaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En una misiva a la embajada del país, las víctimas recuerdan las declaraciones de Ternera en una entrevista en el diario Berria el pasado 14 de diciembre. En ellas, el dirigente terrorista, aún en Francia y reclamado por España, explica los detalles de cómo logró, pese a estar en busca y captura, llegar a Oslo para llevar a cabo sus conversaciones con el Gobierno.

Declara que se trasladó a la capital noruega, vía París, "en un coche diplomático de Noruega", acompañado de un miembro de la asociación Henry Dunant. Pernoctó en la embajada de Noruega en la capital francesa y al día siguiente continuó su viaje hasta un hotel a poco más de una hora de Oslo. Allí se encontró con otros dos miembros de ETA: David Pla e Iratxe Sorzabal, los otros interlocutores de la organización terrorista con el Ejecutivo de Zapatero.

Tras acabar las conversaciones, Josu Ternera, en su entrevista, aclara que no fue expulsado por Noruega: "Yo salí de allí en avión con pasaporte diplomático y me llevaron al lugar que yo había pedido", en Francia.

“Las autoridades no comentan”

Ante estas informaciones, Dignidad y Justicia requirió el 13 de enero explicaciones a "un país amigo" como Noruega por "prestar apoyo logístico a un miembro de ETA con múltiples órdenes europeas de detención en vigor". Aclara que se trata de un sanguinario etarra al que se le atribuyen una veintena de asesinatos.

"Es por ello que les pedimos encarecidamente, como representantes de su país en España, nos desmienta tales afirmaciones y las desacredite íntegramente pues en caso contrario nos encontraríamos ante algo tan insólito como que un país como Noruega hubiera colaborado con uno de los etarras más buscados".

El pasado 18 de enero, la embajada de España en Noruega dio respuesta a las víctimas, pero optó por el silencio. "Estimado Daniel Portero: con relación a la carta con fecha 13 de enero que nos ha hecho llegar por medio de burofax le comunico que las autoridades noruegas no comentan este tipo de informaciones", concluye el escrito del agregado de negocios de la embajada.

Por otra parte, el Partido Popular ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias al Gobierno para que dé explicaciones sobre los requisitos para acceder a la vía de acercamientos exprés que está llevando a cabo con presos de ETA trasladados a prisiones del entorno del País Vasco.

Los acercamientos de presos

Como adelantó EL MUNDO, desde Interior se está recibiendo una carta tipo enviada por todos los etarras en la que no piden perdón ni colaboran con la justicia y se están tratando de manera exprés. Un preso remitió este escrito tipo un 30 de noviembre y el 15 de enero ya estaba aprobado su acercamiento por el Gobierno.

La portavoz popular parlamentaria, Cuca Gamarra, ha preguntado de nuevo al Gobierno por todos y cada uno de los acercamientos de presos de etarras del último mes y los requisitos que están aplicando desde el Ministerio del Interior para darles luz verde.

Opinión:

Empazaré por el final... señora Cuca Gamarra, cuando tanga un momento, pregunte al señor Aznar por los acercamientos realizados durante su mandato y no olvide que en ese tiempo la banda terrorista ETA estaba activa, además de ofrecer en 1998 una “tregua” que su partido creyó “a pies juntillas”.

Sino ¿por qué pusieron como fecha tope de la “fecha de entrada en vigor de esta ley”, concretamente diciembre de 1999)

Y ya puestos, tanto los miembros de Dignidad y Justicia como la señora Gamarra también podrían preguntar sobre lo hablado en aquella famosa reunión de Ibeas de Juarros ¿no?

Es curioso que siempre se realicen estas iniciativas cuando se està en la oposición... utilizando el articulo femenino plural “las” al referirse a lo que solicitan “algunas” víctimas.

Es cierto que “el tiempo pone a cada uno en su sitio” porque este tipo de cosas ya las denunciamos un pequeño grupo de víctimas allá por el año 2000. Y así nos fue. Pero dormir cada noche con la conciencia tranquila no tiene precio.

26 enero 2021 El Periódico (opinión)

26 enero 2021 

 

 

La fiscalía no tiene duda alguna de que los restos de Alcanar son de Es Satty, líder de la célula

Defiende no acusar por los asesinatos del 17-A en que la explosión del chalet "cambió el rumbo de los acontecimientos"

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé defendió este lunes ante el tribunal que juzga los atentados del 17-A que mantiene su inicial petición de penas para los tres acusados, sin acusarles por los asesinatos que se produjeron en los atropellos de La Rambla y Cambrils, porque la explosión del 16 de agosto de 2017 de Alcanar "cambió el rumbo de los acontecimientos", aunque estos se gestaban desde que Abdelbaki Es Satty llegó a Ripoll en 2015 y, como su imán, adoctrinó a los jóvenes que constituyeron la célula.

Él era el líder, estaba obsesionado con el Al-Ándalus y "no queda ninguna duda" de que murió entre los escombros del chalet, aseguró la representante del ministerio público para tratar de atajar las sospechas que ha ido lanzando la acusación que ejerce el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas en nombre de los padres del niño de tres años muerto en La Rambla.

Noé se remitió a los autos del juez y de la Sala de lo Penal para sostener que ni Mohamed Houli Chemial ni Driss Oukabir pueden ser acusados por las muertes, porque tras la explosión de los explosivos que preparaban para atentar contra "monumentos y sitios emblemáticos de Barcelona", como la Sagrada Familia y el Camp Nou, los otros terroristas improvisaron los atentados y no han podido ser juzgados porque fueron abatidos por los mossos.

Integración y explosivos

Por eso pide 41 años de cárcel para Houli y 36 para Oukabir por integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa; para el tercer acusado, Said Ben Iazza, pide ocho años de cárcel por colaboración.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ahondó en la pertenencia a la célula de los dos primeros. Houli, aseguró, no colaboró con la justicia hasta después de los atropellos y se grabó jactándose de los atentados que se iban a cometer, mientras que Oukabir solo se desvinculó tras la muerte de Es Satty. Además, sostuvo que Iazza prestó su documentación para que los terroristas compraran los precursores y les dejó la furgoneta consciente de sus intenciones.

Separar terrorismo del islam

En un informe muy estructurado, Noé fue la primera en intervenir. Lo comenzó separando el terrorismo yihadista de la religión islámica para pasar a destacar la labor de los mossos hasta localizar y abatir al autor del atentado de La Rambla, Youness Abouyaaqoub. E hizo lo propio con la colaboración internacional prestada por la fiscalía francesa, belga, marroquí y estadounidense, así como el FBI para tratar de reconstruir los viajes de los miembros de la célula de Ripoll a esos países.

Opinión:

Nada nuevo bajo el sol. Era de esperar que Fiscalía no acusara de asesinato, al igual que otras acusaciones que se han añadido a esa tesis... no sea que piuerdan un juicio porque para algunos perder un juicio es una màcula en su carrera. Lástima que no piensen en otras situaciones parecidas. ¿Recordamos al terrorista Suaréz Trashorras?

Sea como sea, al final siempre habrá quien entenderá las razones por las que otros buscamos condenar por asesinato a los tres acusados. Entre medias, la más que probable pasividad (o mejor mal funcionamiento) de la llamada inteligencia del Estado.

Y sorprende que aquellos que dudaron de la labor realizada por los Mossos d’Esquadra sean los que ahora reconocen que su reacción fue excelente. ¿Dónde están ahora aquellos que les acusaban de haber abatido a Younes Abbouyaqoub para que nunca se supiera la “verdad” de lo ocurrido?

Como mínimo, desde la acusación de “Asociación 11-M” y UAVAT hemos podido aportar excelentes lecciones sobre terrorismo yihadista a algunos que decían ser especialistas pero que, a saber las razones, no se atrevieron a preguntar lo que era obligado preguntar...

Bueno, ahora a esperar el torno de las acusaciones el próximo día 1 de febrero...