23 noviembre 2020
El afán de un padre para que el Congreso investigue el 17-A
Reclama una comisión para que la muerte de su hijo de tres años «sirva para algo»
«Quiero que la muerte de mi hijo sirva para algo», ruega Javier Martínez. Es el padre de Xavi, el menor de tres años asesinado en el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona. Murió en La Rambla junto a su tío abuelo, Francisco López, ambos atropellados por la furgoneta que acometió contra la multitud. Martínez ha emprendido una campaña en solitario a la espera del juicio contra tres supervivientes de la célula, en el que comparece como acusación particular y que ayer se conoció que empezará el próximo 10 de noviembre. Está reuniendo apoyos con los que trata de vencer la negativa del Congreso a crear una comisión de investigación sobre el ataque terrorista que mató a 16 personas e hirió al menos a 170 en Barcelona y Cambrils.
La petición ha recabado ya más de 133.000 firmas en la plataforma Change.org. Martínez confía en que las puertas de la Cámara se le abran si alcanza medio millón de respaldos.
JxCat y ERC ya instaron a las Cortes a indagar en la presunta relación como confidente del cerebro del 17- A e imam en Ripoll, Abdelkadi Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia. Las fuerzas independentistas lo pidieron desde diversos ayuntamientos catalanes, incluido el aval de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La solicitud no ha prosperado.
«¿Por qué niegan la comisión de investigación si se hacen en todos los países?», se pregunta Martínez. Se lo reprochó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el acto por el tercer aniversario de la masacre. El padre también reclama esclarecer los contactos que Es Satty mantuviera con agentes policiales desde que pasó por la prisión de Castellón, si bien le agitan más interrogantes.
«¿Esa célula solo estaba en Cataluña? Hay un montón de conexiones internacionales que no se han mirado. ¿Por qué no podemos preguntar a los policías que se reunieron con el imam? ¿Por qué no investigamos dónde ha habido fallos? ¿Qué hacían todas esas bombonas de butano en la casa de Alcanar? ¿Por qué se vendieron tantos productos químicos a los terroristas cuando una directiva europea obliga a vigilarlos?», plantea Martínez.
El afectado afirma que ha querido aportar pruebas para el juicio. Dice que el juez las desechó, tachándolas de teorías «conspiranoicas». «Negar una comisión es lo que alimenta las teorías», opone Martínez, quien reclama que los cuerpos policiales se coordinen para que no se repita otra matanza y que tanto Interior como la Generalitat atiendan mejor a las víctimas y su círculo íntimo.
«Abracé al presidente Torra en el último homenaje y le dije: ‘President, tres años sin hacer nada’. No hay noficina de atención a víctimas en Cataluña ni un teléfono de atención psicológica, y me tengo que pagar el juicio», critica. Sostiene que sus padres siguen requiriendo ayuda psicológica y que el ministerio la ha dejado de prestar. También echa en falta más apoyo para una de las dos hermanas de Xavi, testigo de la atrocidad en La Rambla. Una psicóloga la visita cada semana, pero el trauma aún la desvela.
El padre de Xavi advierte que «podría volver a pasar» un atentado. «Se tendría que hacer algo», defiende, «a mi hijo no me lo van a devolver, ni ganando el juicio y me dieran millones de euros. Por lo tanto, no me interesa el dinero. Me interesa saber la verdad y que nos protejamos un poco mejor».
La vista en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) empezará tres años y casi tres meses después del atropello masivo en La Rambla y la agresión con armas blancas en el paseo marítimo de Cambrils. Como encausados por pertenecer a organización terrorista, fabricar y almacenar explosivos y causar estragos figuran Mohammed Houli Chemlal, superviviente del estallido del chalé de Alcanar donde el grupo acumuló sustancias detonantes, y Driss Oukabir, hermano de uno de los yihadistas abatidos en Cambrils y quien presuntamente alquiló la furgoneta que embistió contra la multitud en La Rambla. También se juzgará a Said Ben Iazza, acusado de colaboración con grupo terrorista, al prestar presuntamente un vehículo con el que se transportó material para montar precursores para hacer explotar bombas.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat solicitan 95 años de prisión para los dos presuntos integrantes de la célula y 44 años para el supuesto cooperante. En cambio, Fiscalía pide de 41 a ocho años de cárcel, mientras que el Ayuntamiento de Cambrils eleva su petición a más de 2.000 años de reclusión y asociaciones de víctimas del terrorismo exigen prisión permanente revisable, la pena máxima posible.
A los tres procesados no se les enjuicia por asesinato. Ninguno de los tres fue autor material de los crímenes del 17-A. Varias acusaciones –entre ellas, las que representan a víctimas– reclaman que sí se les impute ese delito, alegando que los implicados conocían la masacre que se iba a cometer. De no ser inculpados por asesinato, los afectados que se han personado en la causa y que el Ministerio de Interior no reconoce como víctimas no tendrían derecho a recibir una indemnización costeada por los incriminados o el Estado, en caso de que los acusados se declaren insolventes.
La Audiencia Nacional no ha precisado cuándo prevé que termine el juicio, al que comparecen más de una veintena de acusaciones. Gran parte del grupo terrorista murió en los dí- as en que pasó a la acción. El imam y uno de los miembros de la célula murieron al derrumbarse la casa de Alcanar un día antes de la matanza; un mosso d’esquadra abatió a los cinco jóvenes que persiguieron a viandantes en Cambrils y el conductor de la furgoneta que irrumpió por medio de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, fue tiroteado después de amenazar a dos agentes que lo localizaron tras huir durante cuatro días.
Opinión:
Además de agradecer la oportunidad de colaborar con Javier Martinez y el resto de víctimas a las que asistimos (a estas alturas, que las reconozca el Ministerio de Interior o no ya me es totalmente indiferente), aprovecho a responder en esta opinión a una consulta que está llegando constantemente desde diferentes redes sociales.
Le (nos) preguntan a Javier o a mi consultas como la siguiente: “Algú em pot explicar el per què altres països afectats no diuen res? No ho puc entendre”.
La respuesta es muy sencilla. Nos creímos que la asistencia a las víctimas se estaba haciendo bien desde el Ministerio de Interior pero en diciembre tuvimos las primeras noticias, absolutamente contrastadas, de que no era así. Por ello, junto a Sara y Eli inicié las gestiones para crear “algo” que pudiera ayudar a las víctimas que necesitaran asesoramiento y atención. En poco más de un mes se presentó la UAVAT en febrero de 2018 y el plazo para localizar a las víctimas vencía el 17 de agosto de 2018, dado que la normativa solo ofrece un año para que quien se considere víctima pueda solicitar el reconocimiento en la administración competente, el Ministerio de Interior. No existían listados de víctimas oficiales y, oh casualidad, el primero apareció en octubre de 2018, cuando ya había transcurrido el plazo legal para el RVT (reconocimiento víctima terrorismo). Se visitaron 31 consulados y solamente el Consulado Británico ha colaborado con la UAVAT en el contacto con sus ciudadanos afectados, aunque nuestra labor de localización nos ha permitido encontrar a víctimas de once nacionalidades diferentes.
Desde entonces, estamos trabajando por, hasta el momento, 217 víctimas. Y junto a los compañeros de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, somos la personación en la causa penal con más víctimas representadas: 73 a día de hoy.
