26 noviembre 2018
Solo hay condena al jefe que
ordenó matar en el 7 por ciento de los crímenes etarras
Covite cifra en 26 de 362 los atentados etarras con la
autoría intelectual resuelta
Volvían del cine, pero nunca llegaron a
casa. Alberto
Jiménez-Becerril, concejal del PP en Sevilla, y su esposa, Ascensión García,
regresaban de madrugada cuando un comando de ETA les asesinó. Era el 30 de enero de
1998. El matrimonio dejó tres hijos huérfanos.
Semanas antes, el comando que les mató,
el que operaba en Andalucía, había tenido una reunión en Francia. El entonces
jefe de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri,
les entregó cuatro pistolas y les dio «instrucciones concretas». Debían atentar
contra «personas pertenecientes a la política».
Kantauri -ahora encarcelado en la
prisión de Campos del Río (Murcia)- lo había dejado por escrito. Envió cartas a
los terroristas sobre los que mandaba, instándoles a asesinar a los políticos
del PP. Así lo considera probado la Audiencia Nacional
en la sentencia en la que condenó a Kantauri por ordenar el asesinato de
Jiménez Becerril y García. «Darle a los políticos del PP. Cualquier político
del PP es objetivo... Haced acciones directas».
Dos años después, el terrorista José
Ignacio Guridi Lasa averiguó el domicilio del periodista José Luis López de la Calle en el pueblo de Andoain
(Guipúzcoa), y le pegó cuatro tiros
cuando volvía a casa de comprar los periódicos. Era el 7 de
mayo del año 2000. Pero la orden, la elección de la víctima, la había tomado
lejos de allí el entonces jefe militar de ETA, Javier García Gaztelu, alias «Txapote».
Se reunieron en Francia y les instó a matarle: les dio literalmente su nombre y
apellidos. La
Audiencia Nacional explicó al condenar a Txapote que la
elección del periodista, un librepensador que plantó cara al terrorismo con la
palabra, era parte de «una estrategia marcada por miembros relevantes de la
organización y transmitida a los ejecutores» por los dirigentes etarras.
Esta secuencia -la transmisión de
órdenes desde la cúpula de ETA a los pistoleros que se movían en el terreno-
demuestra la estructura jerarquizada con la que operó durante sus cincuenta
años de historia la banda terrorista,
que asesinó a 857 personas hasta que fue derrotada por la
democracia. Los jefes de la banda terrorista asumían e imponían todo el poder.
La propia Audiencia Nacional ha
descrito en sus resoluciones la cadena de jerarquía que operó en ETA. En el
auto en el que procesó a cinco dirigentes etarras por lesa humanidad, el juez
Juan Pablo González resumía este funcionamiento. «Lo que caracteriza a la
organización es que el núcleo de la dirección adopta las decisiones de especial
relevancia, y los miembros subordinados, que son fungibles, es decir,
susceptibles de ser sustituidos por otros en las mismas condiciones, las
ejecutan sin poder formular objeción alguna a las órdenes que reciben de la
dirección o de los responsables de los aparatos político y militar», explica el
magistrado sobre ETA.
En ocasiones, sin embargo, las órdenes
no eran tan concretas como en el asesinato de López de la Calle. A veces, los jefes
daban las últimas instrucciones cerca de la frontera con Francia sin ordenar un
atentado concreto.
572 sentencias analizadas
Esa jerarquía disciplinada, sin
embargo, se ha plasmado en muy pocas condenas como inductores o autores
intelectuales a los jefes etarras que daban las órdenes asesinas. Covite –el
Colectivo de Víctimas del Terrorismo, presidido por Consuelo Ordóñez- ha
analizado 572 sentencias españolas referidas a un total de 362 atentados.
De ellos, en solo 26 hay condenas al
autor intelectual, repartidas entre nueve dirigentes etarras, entre ellos los
sanguinarios Santiago Arróspide, conocido como «Santi Potros», o Francisco
Múgica Garmenda, alias «Pakito».
El análisis de Covite -que cumplió el
pasado sábado 20 años de «resistencia» frente al terrorismo etarra- ha abordado
todas las sentencias conseguidas por el colectivo, fechadas desde el año 1977.
No están todas las sentencias relativas a ETA, pues algunas han sido
expurgadas, están en trámite o cuentan con diligencias pendientes.
Pero su estudio muestra como un espejo el diagnóstico: la Justicia no ha
conseguido, en muchos casos, condenar a los jefes etarras que se escondían
fríamente detrás de cada asesinato. Solo el 7,1 por ciento de los atentados
tienen la autoría intelectual resuelta.
Por los asesinatos de Gregorio Ordóñez en
1995 o de Miguel Ángel Blanco
en 1997, por ejemplo, no hay ningún jefe condenado por ordenar
la acción.
Entre los atentados con condena al
inductor hay cinco ordenados por el ya liberado Santi Potros: las muertes de
Ángel Postigo en 1980; el asesinato de Rafael Garrido, Daniel Garrido, Daniela
Velasco y María Teixeira en 1986; el de Juan Fructuoso en 1987; el de Carmen
Pascual Carrillo en 1987; y el atentado de Hipercor, en el que ETA asesinó a 21
personas que hacían la compra. El inductor de las mayores matanzas etarras
-condenado a más de 3.000 años de prisión- salió de la cárcel el pasado cinco
de agosto tras cumplir 30 años.
Las víctimas de «Pakito»
El otro dirigente del hacha y la
serpiente que más veces ha sido condenado como autor intelectual es «Pakito»,
el jefe militar de la cúpula etarra entre 1989 y 1992, dirección que compartió
con José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», y José Luis Urrusolo Sistiaga,
«Fiti». «Pakito», según las sentencias analizadas por Covite, ha sido condenado
por ordenar los asesinatos de Ángel José Ramos Saavedra y Manuel Rivera Sánchez
en 1987; de Carmen Pascual en 1987; el atentado contra la casa cuartel de
Zaragoza en 1987; el asesinato de Luis Delgado Villalonga y Jaime Iglesias Bilbao
en 1988; el de Ignacio Barangua y José María Martín Posadillo en 1989; el de
Conrada Muñoz en 1989; el de la fiscal Carmen Tagle en 1989; el de José María
Martínez Moreno en 1989; y el de Antonio Ricondo, Julia Ríos y Eutimio Gómez en
1992.
Además, junto a sus compañeros de
dirección, «Txelis» y «Fiti», también fue condenado como inductor del crimen
del catedrático Manuel Broseta, miembro del Consejo de Estado. Los tres
decidideron asesinar a Broseta «al considerarlo objetivo primordial por su gran
relevancia», según narra el libro Vidas rotas,
sobre las víctimas. Los jefes etarras ordenaron a los miembros del comando
Ekaitz matarle, y les informaron sobre los hábitos del catedrático, que fue
asesinado cuando caminaba con una alumna por los jardines de la Universidad de
Valencia.
Enrique López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional,
explica a ABC las dificultades para demostrar una autoría intelectual.
«Requiere algún tipo de prueba que relacione al instigador del atentado con el
hecho, más allá de ostentar algún tipo de jefatura en la organización
terrorista». Admite López -que juzgó atentados etarras cuando formó parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- que en el caso de ETA es más
fácil que en el yihadismo, donde las estructuras de
las células están más desdibujadas. «Hay que acreditar un vínculo con el hecho
concreto», condensa.
En todas las condenas ha sido decisiva
la prueba sobre reuniones previas al atentado en Francia, la confesión de un
miembro del comando, o la incautación de órdenes escritas.
Opinión:
Aparte del gran trabajo que habrá supuesto este estudio, me
gustaría dejar sobre la mesa dos cuestiones que considero importantes…
La primera tiene relación con la duda que hace muchos años
me pregunto: ¿se está destinando el mismo interés en ir contra los terroristas
(interés absolutamente legítimo, solo faltaría) que en localizar a las víctimas
causadas por estos mismos terroristas?
Y la segunda ya es un poco mas general… si ya hace diez
años que los asesinos de la banda terrorista ETA no han cometido un solo
atentado más ¿por qué aparecen ahora tantos estudios sobre estos temas y no
aparecían cuando gobernaban otros políticos? Espero y deseo que no sea para
culpabilizar a unos gobernantes y exculpar a otros, porque de ser así no me
extraña que haya tanta gente que cree que se ha usado políticamente al colectivo
de víctimas, con la desgraciada permisividad de algunas…
