28
enero 2015
El
complicado ajuste legal de las normas antiterroristas
Los países de la UE, incluida España, han
elaborado proyectos de ley para tratar de luchar contra posibles ataques
yihadistas. Sin embargo, algunas de estas normas chocan con derechos
fundamentales.
La
amenaza del terrorismo yihadista es real. Sin ir más lejos, el pasado lunes, el
portavoz del autodenominado Estado Islámico, Abu Mohamed al Adnani, alentó a
todos los lobos solitarios en occidente a volver a atentar "contra los
cruzados".
Frente
a esta situación, los países miembros de la Unión Europea (UE)
han decidido armarse legalmente para luchar contra ella.
Sin embargo, no todo vale en esta guerra del
siglo XXI. Algunas de las normativas propuestas tienen un complicado encaje
legal, ya que en muchas ocasiones se enfrentan a derechos fundamentales como la
privacidad, la libertad de expresión o la presunción de inocencia.
Ante
el evidente temor de que se repitan los atentados perpetrados en Francia a
principios de año, muchos miembros de la
UE, incluido España, han presentado iniciativas legislativas
como la retirada temporal del documento de identidad, la posibilidad de generar
un registro de viajeros, el endurecimiento de las penas por terrorismo
internacional o el incremento de escuchas de comunicaciones.
Retirada del pasaporte
Conceder a las fuerzas de seguridad del Estado que retiren el pasaporte
o el documento nacional de identidad a presuntos yihadistas es una de las
propuestas que más se ha repetido entre los países europeos.
Tanto
Reino Unido como Alemania, Bélgica o Italia han dado pasos en esta dirección.
El Ejecutivo germano, de hecho, ha especificado que se podrá retirar el DNI un
máximo de tres años y que, a cambio, recibirán un carnet de identidad
provisional que no permitirá la salida del país.
El
expresidente del Tribunal Constitucional alemán, Hans-Jurgen Papier, ya ha
planteado la dudosa constitucionalidad de una medida que restrinja la libre
circulación de los ciudadanos.
En
ese mismo sentido se expresa Amaya Úbeda, profesora de derecho de IE
University, que asegura que sería un error limitar la libre circulación, puesto
que es "uno de los principios clave sobre los que se ha construido el
derecho de la UE y
que aparece reflejado en la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
Registro de Pasajeros
Instalar el Registro de Datos de Pasajeros (PNR) en la UE, como ya se hace en Estados
Unidos, es una propuesta que ha bloqueado el Parlamento Europeo por representar
un posible ataque al derecho a la privacidad.
Sin
embargo, parece que tras los atentados de París esta iniciativa legislativa
podría salir adelante. En este sentido, Úbeda explica que "el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha repetido en muchas ocasiones que el
simple almacenaje de información sobre la vida privada de las personas
constituye una injerencia del derecho a la privacidad".
Este
tribunal es consciente de la dificultad de la lucha contra el terrorismo y
entiende que se puedan plantear este tipo de medidas, pero siempre buscando
"un equilibrio justo entre los posibles beneficios del uso de las
tecnologías y el respeto a la vida privada de las personas", añade la
profesora de IE University.
No retorno o reubicación
La posibilidad de limitar temporalmente el retorno de presuntos yihadistas
al país en el que residen tras viajar a países como Siria o Irak también se ha
planteado en Italia o Reino Unido.
En
este último país, el Ejecutivo de David Cameron ha plasmado en su proyecto de
ley otro polémico asunto que otorgaría a las autoridades la posibilidad de
reubicar dentro de su territorio a sospechosos que no puedan ser acusados por
falta de pruebas.
"En
muchos países de la UE
se han planteado dificultades jurídicas respecto a medidas antiterroristas que
se aplican a presuntos terroristas que no han sido condenados o sometidos a
juicio. Se trata de medidas en principio de carácter preventivo, pero de
naturaleza muy represiva, que pueden ir en contra del principio de presunción
de inocencia", explica Úbeda.
Escuchas telefónicas
Tras las detenciones realizadas en Bruselas y Verviers, el Gobierno
belga ha propuesto ampliar los supuestos para permitir a las fuerzas de
seguridad las escuchas telefónicas o el espionaje de páginas web, algo que
también se ha repetido en Francia, por ejemplo.
Frente
a esta posibilidad, la profesora de IE University cree que "cualquier
medida destinada a ampliar estos supuestos será objeto de un escrutinio muy
estricto. El TEDH ha elaborado una jurisprudencia muy detallada al respecto. En
este sentido, la falta de seguridad es una de las razones que ha dado lugar a
la mayor parte de las condenas por atacar a la privacidad. El riesgo de malas
prácticas y abusos de la legislación son la otra cara de la moneda".
Redes sociales
Por último, la UE
quiere involucrar a empresas como Google, Facebook o Twitter en la lucha contra
la propaganda yihadista en la
Red.
La
comisaria de Interior europea, Cecilia Malström, se ha reunido con estas
empresas para analizar las formas de dificultar el reclutamiento de
combatientes y de prohibir los textos yihadistas en estas plataformas.
Frente
a esta posibilidad, Úbeda opina, en términos generales, esto no representaría
un problema puesto que estas compañías tienen responsabilidad jurídica sobre la
información que se publica en sus páginas y están obligadas a respetar el
derecho que se adopte en este sentido.
"Sin
embargo, en el caso de Facebook, podría surgir un conflicto con el derecho a la
vida privada en el filtraje de mensajes que aparezcan en cuentas privadas y con
la libertad de expresión por restringir de forma excesiva el acceso a la
información".
Pacto de Estado en España
El Ejecutivo español está elaborando una propuesta para luchar contra
el terrorismo yihadista. Pero ya han surgido ciertos conflictos, como la
alusión a la prisión permanente revisable que se ha incluido en el nuevo Código
Penal y a la que se vinculan algunos de los delitos de terrorismo.
Según
el Ministerio del Interior este aspecto se podría solventar. También se ha
puesto en duda la redacción del artículo que castiga con penas de uno a ocho
años de cárcel a los que consulten páginas web con contenido yihadista.
Se
ha pedido que se precisen bien los conceptos para que entradas a esas web de
periodistas, investigadores u otros expertos queden salvaguardadas de un
posible delito de terrorismo.
Opinión:
Excelente la información que presenta un diario económico como es Expansión. El
problema de legislar “en caliente” surge cuando se plantean nuevas leyes sin
haber estudiado las consecuencias jurídicas que las mismas pueden causar.
Y desgraciadamente se está
convirtiendo en la costumbre el legislar dependiendo del momento político o
social que se vive.
Todo cuanto se tenga que hacer
dentro de la ley para evitar mas atentados es imprescindible, pero dentro de la
ley significa precisamente no tomar decisiones que puedan ser susceptibles de
ilegalidad.
