13 enero 2015
Operación
Mate: media tonelada en calderilla para pagar a los abogados de los presos de
ETA
La imagen es elocuente. Varios
miembros de la Guardia
Civil aparecen alrededor de una mesa en la
sede en Bilbao del sindicato abertzale LAB. Sobre la misma hay billetes, la mayoría de escaso valor
facial. Abundan los de 5 y 10 euros,
aunque también se ven de 20. Sin embargo, el mayor volumen de dinero está en
monedas. Una auténtica montaña que los miembros del Instituto armado se afanan
en contar una tras otra y empaquetar para llevarlas como prueba de cargo a la Audiencia Nacional. Cerca
de media tonelada. Aproximadamente, 90.000 euros. Ese es el balance provisional del dinero intervenido en
la operación Mate saldada con 16 detenidos y en la que el Instituto armado
ha propinado un nuevo golpe al llamado 'frente de makos', la red de abogados
presuntamente encargados de mantener la disciplina dentro del colectivo de
presos de la banda armada.
Doce de los arrestados son, precisamente, letrados,
entre ellosAmaia Izko, portavoz de Sortu,
y Ainhoa Baglietto,
defensora de Josu Uribetxeberria Bolinaga. Los cuatro restantes, los supuestosresponsables
de la tesorería de Herrira, una organización de apoyo a los
reclusos etarras desmantelada en 2013 en otra operación de la Guardia Civil y que,
según destacan los investigadores, seguía operativa, dedicada precisamente a financiar dicho entramado.
Todos ellos están acusados de pertenencia a banda armada, pero también de blanqueo
de dinero y delitos contra la Hacienda Pública. Y es que, según señalaba el Ministerio del
Interior en un comunicado, la operación buscaba la desarticulación del
entramado financiero que sustentaba económicamente al “colectivo de abogados”.
Los investigadores acusan a los letrados de no haber declarado al fisco unos
ingresos de más de 1,3 millones de euros en 2012 y 2013 procedentes
de las minutas cobradas por la asistencia jurídica a miembros del colectivo de
presos de ETA.
Según recalca Interior, ese dinero
era pagado por Herrira, que se valía de aportaciones
voluntarias de simpatizantes, pero también de rifas y de la
venta de productos de 'merchandising'. Ese era el origen, supuestamente, de la
mayor parte de los 90.000 euros en calderilla intervenidos este lunes en la
sede en Bilbao de LAB. Tras los arrestos, la secretaria general de este
sindicato, Ainhoa
Etxaide, aseguraba que todo el dinero encontrado en las dichas
instalaciones procedía de dinero recolectado durante la manifestación celebrada el
pasado sábado en Bilbao para
pedir el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y que, por tanto, era
"totalmente legal".
Rondas de control
Fuentes cercanas a la investigación
confirman a este diario dicha procedencia, pero destacan que la supuesta ilicitud del mismo no está tanto en su origen
como en su destino. Siempre según estas fuentes, dicho dinero se iba a dedicar
a sufragar las
minutas de los abogados. Unos ingresos que éstos supuestamente no declaraban a Hacienda gracias
a dos empresas 'tapadera' y por el que tampoco pagaban el IVA correspondiente.
Incluso, apuntan que los utilizaban para retribuir a los empleados de sus
bufetes, a los que no
habían dado de alta en la
Seguridad Social. Con este dinero, los letrados costearon
también los desplazamientos que les había permitido en los últimos meses visitar el 95% de los centros
penitenciarios donde
hay recluidos presos de ETA para dar consignas y directrices de la banda,
“cuyos intereses se anteponen al interés individual de los presos”, recalcaba
en el mismo sentido Interior en una nota de prensa.
Las fuentes consultadas recuerdan que en la primera
parte de la
operación, denominada “Jaque” y desarrollada en
enero de 2014, ya se incautó a la
abogada Arantza
Zulueta, detenida entonces, un documento de ETA en el que los
dirigentes etarras recalcaban que la labor principal de los letrados no era "ganar juicios",
sino "trabajar desde el punto de vista de la lucha y la línea
general". Con sus visitas, los abogados supuestamente
intentan cortar cualquier amago de disidencia en un momento de tensión dentro de las
cárceles por la
falta de avances en la situación penitenciaria pese al abandono de la violencia
por parte de la organización terrorista. En este sentido, otro documento de la
dirección de la banda intervenido en aquella primera fase de la operación
establecía que "tiene que haber una línea clara entre
estar y no estar en el colectivo de presos".
Según fuentes de la lucha
antiterrorista, los abogados hacían visitas a los presos no tanto para estudiar
su situación penitenciaria como para elaborar
'fichas' sobre el nivel de adhesión de cada uno de ellos a la disciplina
de la banda. Trataban supuestamente de evitar que se acogieran a “vías
penitenciarias personalizadas” como la llamada “Vía Nanclares”. Quienes se salían del colectivo perdían el
apoyo social y económico (algo más de 100 euros mensuales que ingresaban en su
peculio penitenciario). También sus familiares. De hecho, fuentes de la
investigación señalan que parte del dinero intervenido supuestamente se
dedicaba también a financiar
los viajes de éstos para visitarlos en las cárceles. "La
operación ha sido la puntilla para sus finanzas, que están exhaustas. De hecho,
deben varios pagos a los abogados por el trabajo de los últimos meses",
recalcan las mismas fuentes. Media
tonelada de monedas dan
fe de ello.
La 'Operación
Mate' es el segundo golpe policial que
afecta al entorno más cercano al senador de Amaiur Iñaki Goioaga,
abogado de profesión y que compartía despacho en Bilbao con los letrados
detenidos hace un año en la primera fase del dispositivo. Su condición de
aforado obligó entonces a que el registro de su despacho se demorase. Ahora,
según destacan fuentes de la investigación, es este mismo privilegio parlamentario el que ha evitado que fuera arrestado.
El juez de la
Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco,
tendría que derivar la causa al Tribunal Supremo para que se pudiera actuar
contra él. Estas fuentes no descartan que lo haga más adelante.
La elección de Goioaga en 2013 como senador por el Parlamento vasco
estuvo rodeada de polémica ya que había estado encarcelado entre 2009 y 2011 por el supuesto intento de huida de un
preso etarra de una cárcel española. Finalmente, fue absuelto. No obstante,
cuando se conoció que iba a ocupar un escaño en la Cámara Alta , uno de
los presos de la banda reinsertado en la 'Vía Nanclares', José Miguel Latasa Getaria,
alias 'Fermín', le acusó en un blog de ser quien "movía
los hilos entre los presos y ETA" y llevar a las cárceles las órdenes de
la banda. La acusación que ahora recae en los doce abogados detenidos este
lunes.
Opinión:
Pues nada, ya sabemos que en este país hay que
ofrecer asistencia legal a los delincuentes, sean estos terroristas,
pederastas, violadores o simples robabolsos...
Pero si esa defensa legal es constitucional (pese a
que los etarras no reconozcan la tal Constitución) y debe ofrecerse, no deja de
ser una ironía del destino que pueda acusarse a esos abogados de ser unos “simples”
defraudadores, al estilo de otros cuyos apellidos todos conocemos...
Pues eso, si han defraudado a Hacienda, a juicio y
si hay condena, al trullo. Aunque sigo pensando que hay una contrapartida: el
juicio contra los 35 personajes se ha tenido que aplazar y ello conlleva que
mientras unos puedan entrar en prisión otros tengan que salir, al menos de
momento.
¿No se podía haber esperado un poco mas?
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