19 enero 2015
Jueces de la Audiencia denuncian que
el Gobierno ataca su independencia
Los magistrados de la sección
primera piden amparo al Consejo General del Poder Judicial
El Gobierno critica la excarcelacxión de etarras: "Esto no se puede hacer"
Tres magistrados de la sección primera de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial al
ver perturbada su independencia por las declaraciones realizadas por tres
dirigentes del PP, dos de ellos pertenecientes al Gobierno. Los jueces piden al
Poder Judicial que intervenga para que cesen estas injerencias.
Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro y Ramón
Sáez fueron los tres magistrados que, el 4 de diciembre, firmaron la orden de excarcelación del aterra
Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, tras aplicar una norma
europea y descontar, al periodo máximo de 30 años de cumplimiento de condena en
España, los diez años que pasó encerrado en cárceles francesas. Esta decisión
provocó un aluvión de críticas, entre las que destacaron la de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, del ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, y del portavoz parlamentario del PP, Rafael
Hernando, como exponen los magistrados en su escrito de solicitud de amparo
presentada al Consejo General del Poder Judicial.
“Esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección
primera de la Audiencia ”
dijo Santamaria. “Me parece lamentable”, afirmó el ministro Fernández Díaz. “Hay
una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una
determinada forma que siempre es favorable a los terroristas”, declaró
Hernando.
Los tres magistrados sostienen que, con sus
declaraciones, los dirigentes del PP les señalaron como jueces “injustos y
prevaricadores”. “Sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas
deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir
la comisión de un delito de prevaricación”, entienden los jueces que apelan,
además, a la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia
como base esencial del Estado de derecho. “La información y la emisión de
opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deben minar
gratuitamente esa confianza”, añaden. Por ello, piden amparo al órgano de
gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, para que cesen estas
injerencias del Gobierno y el PP.
La petición de amparo se ha presentado después de
que 13 de los 18 magistrados de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo firmaran, el pasado 18
de diciembre, un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno. En un
gesto insólito, los 13 magistrados, liderados por Luciano Valera y entre los
que había varios pertenecientes al sector conservador, calificaron de
lamentable, en ese caso, la actitud del ministro del Interior, manifestaron su
desazón y pidieron al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su
solicitud de que el Gobierno “ponga coto” a estas manifestaciones.
Lesmes no quiso entrar en el fondo de la cuestión y
emplazó a los magistrados a que solicitaran amparo al Poder Judicial. Ahora lo
han hecho, y debería responderles.
La doctrina aplicable a los etarras sobre la norma
europea ha sido objeto de discrepancias. Siete de los nueve magistrados que la
semana pasada votaron en contra de que los etarras puedan acumular las penas
habían dictaminado recientemente a favor de aplicar a los presos españoles el acuerdo
europeo. Tres de ellos (Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón
Soriano) lo hicieron en marzo instando a la Audiencia a descontar
los años de condena. Otros cuatro (José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar,
Francisco Monterde y Andrés Palomo) firmaron en noviembre una sentencia en la
que consideraron que el acuerdo europeo tenía "efecto directo" sobre
la legislación española.
La situación ha cambiado entre aquellas resoluciones
y la adoptada el pasado lunes sobre el preso Kepa Pikabea, porque el 3 de
diciembre entró en vigor la norma española que transpone el acuerdo europeo y
restringe la acumulación de penas. Pero al etarra se le aplicó una ley
inexistente cuando recurrió al alto tribunal.
Después de estas divergencias, jueces de dos
secciones de la
Audiencia Nacional tienen previsto llevar al Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea la ley española que desarrolla el acuerdo marco por
el que los presos pueden descontarse en su país los años de prisión que
hubieran pasado en otro Estado de la UE. Según fuentes judiciales, jueces de las
secciones Primera y Tercera de la
Sala de lo Penal preparan la presentación de una cuestión
prejudicial que aclare sus dudas sobre la ley orgánica aprobada en España, que
impide aplicar la acumulación de penas en las condenas anteriores al 15 de
agosto de 2010 (fecha límite para que entrara en vigor el acuerdo europeo).
El tribunal de justicia europeo, con sede en
Luxemburgo, es el único órgano que puede determinar si la norma española
respeta la disposición europea. La opción de preguntar al tribunal europeo ya
se planteó en noviembre en el pleno de la Audiencia Nacional
que pretendía resolver cómo aplicar el convenio europeo a los etarras, pero no
hubo acuerdo. La posibilidad de plantear una cuestión prejudicial también se
debatió y llegó a votarse en el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, pero fue rechazada
por nueve votos a seis.
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