17 enero 2015
El recelo a compartir datos y el
tráfico de armas entorpecen el cerco a la yihad
Europa endurece su lucha contra el terrorismo islamista
Europa hace catarsis de sus carencias para combatir
un fenómeno tan escurridizo como el del yihadismo autóctono, el que se genera
dentro de sus fronteras. Tras los atentados de Francia, las
principales capitales europeas se han lanzado a aplicar medidas extraordinarias
para reducir la magnitud del fenómeno, aunque su eficacia está por demostrar.
Algunos expertos alertan de que iniciativas como retirar el DNI a los
sospechosos de querer viajar a Siria o ampliar las escuchas telefónicas podrían
mermar algunas libertades consagradas en la Unión Europea. Y
subrayan que muchas de las soluciones pasan por una regla que no necesita
legislación, sólo voluntad política: compartir más información —sobre todo
sensible— entre Estados.
Aunque las fuerzas de seguridad se
coordinan con sus homólogas en el resto de Estados miembros, no existe un
cuerpo que aplique idénticas normas en los 28 Estados comunitarios. A falta de
esa uniformidad, los países del área Schengen —22 comunitarios y cuatro
extracomunitarios— crearon una herramienta muy eficaz sobre el papel pero
infrautilizada: el sistema de información Schengen, una base de datos conectada
con la policía en la que introducir alertas que saltan automáticamente cuando
un viajero buscado en un país se dirige a cualquier aeropuerto de la zona de
libre circulación.
Tanto los expertos consultados como
la Comisión Europea
(brazo Ejecutivo de la UE )
y el Consejo Europeo (representa a los Estados) coinciden en la solución
óptima: aumentar esas alertas para poder inspeccionar y en su caso detener en
las fronteras a posibles terroristas con pasaporte europeo. “El sistema permite
introducir alertas para sospechosos o susceptibles de cometer actos criminales
en cualquier país de la UE ,
pero se utiliza poco. Eso tiene mucho que ver con la falta de confianza entre
los servicios de inteligencia, poco proclives a compartir su información”,
explica Camino Mortera, del Centre for European Reform.
Los centros de inteligencia
acostumbran a trabajar en clave nacional y recelan de ampliar su interlocución.
Los Estados comparten cierta información sensible a través de Europol, la
agencia europea para la lucha contra delitos internacionales y terrorismo, pero
resulta insuficiente. Esas debilidades convierten las fronteras en más porosas
de lo deseable.
Otro punto flaco es el control de
armas. Los autores de los atentados de Francia adquirieron parte del material
en las inmediaciones de la Gare
du Midi, uno de los centros neurálgicos de transporte en Bruselas, según una de
las hipótesis de la investigación. La Comisión está preocupada por el mercado negro de
armas, que en buena medida proceden de los Balcanes, cuentan fuentes de este
organismo. También Schengen permite dar pistas sobre arsenales, aunque se
utilizan poco.
El proyecto que más esperanzas suscita
a la hora de detectar a yihadistas europeos —entre 3.000 y 5.000 han viajado en
algún momento a Siria o Irak, según estimaciones de Europol— es el registro de
pasajeros, una herramienta estancada en el Parlamento Europeo por las dudas que
suscita sobre su derecho a la privacidad. Si el proyecto prospera, las
aerolíneas deberán transmitir a las autoridades una serie de datos de cada
pasajero (itinerario, modo de pago, equipaje, frecuencia con que vuela…) que
los Estados miembros consideran claves para poder frenar a estos viajeros.
Algunos expertos son críticos
respecto al modelo y escépticos sobre sus fines. “Necesitamos seguir
debatiendo. En el caso del registro de pasajeros, no es sólo cuestión de
respeto a los derechos fundamentales, sino de coste; el sistema es muy caro y
existen dudas sobre su proporcionalidad. Deberíamos plantearnos que no todo
consiste en tener más cantidad de información, sino en recoger mejor
información”, advierte Sergio Carrera, del Centre for European Policy Studies.
Los expertos avisan del riesgo de
que algunas medidas adoptadas en caliente acaben siendo revocadas por la
justicia europea. El precedente más claro de excesos regulatorios está en la Patriot Act
estadounidense, aprobada tras el 11-S y que incluía medidas como pinchazos
telefónicos sin orden judicial. “¿Hemos aprendido algo de cómo respondió
Estados Unidos?”, se pregunta Carrera.
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