18 enero 2015
Moncloa da
máxima prioridad al plan de lucha contra el yihadismo
Alfonso de Senillosa, jefe del
Departamento de Seguridad Nacional (DSN), defiende un "enfoque
integral" del fenómeno
El Consejo de Seguridad Nacional
(CSN), que preside Mariano Rajoy, celebrará el próximo viernes una reunión
dedicada a la amenaza yihadista. Será
la primera del año y también la primera tras los ataques en París contra el
semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío. La reunión se
celebrará una semana después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la Ley Orgánica de
Seguridad Nacional y tendrá sobre la mesa el Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la
Radicalización Violenta , en el que Interior lleva ya dos años
trabajando.
Alfonso de Senillosa (Barcelona,
1968), director adjunto del Gabinete de Rajoy y jefe del Departamento de
Seguridad Nacional, asegura que ni la ley ni el plan responden “a un
planteamiento coyuntural”. En declaraciones a EL PAÍS, asegura que “ha sido una
ley de cocción larga, todo lo contrario a legislar en
caliente. La Estrategia de Seguridad
Nacional, de 2013, recoge el mandato para impulsar una Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Y
en ese mismo documento el yihadismo ya figura como una de las amenazas a las
que nos enfrentamos. Los hechos, por desgracia, han demostrado que es
prioritaria”.
Senillosa elude calificar de guerra
la lucha contra el yihadismo, como hizo el primer ministro francés, Manuel
Valls. “Lo importante es entender que la frontera entre los conceptos de
seguridad interior y exterior está cada vez más difusa. Los riesgos y amenazas
a los que nos enfrentamos tienen muy distintos rostros, pero un denominador
común: son trasversales Y justamente por eso hacen falta respuestas integrales
para ser eficaces. El terrorismo integrista es un buen ejemplo: para afrontarlo
necesitamos múltiples recursos, de la inteligencia a la diplomacia, la
integración [de los inmigrantes] o la lucha contra la radicalización. Ese es el
gran cambio que afrontamos: hoy necesitamos más coordinación, mayor suma de
esfuerzos y un enfoque más integrado ante amenazas que no entienden de
fronteras. En materia de seguridad nacional, los compartimentos estancos no
funcionan. Esa es la visión del presidente”.
Senillosa justifica la regulación de un nuevo estado
de crisis, denominado “situación de interés para la Seguridad Nacional ”,
porque “se hacía necesario cubrir el hueco entre la gestión de la normalidad y
las medidas de excepción [previstas en la ley de Alarma, Excepción y Sitio de
1981]. Con la nueva categoría, ese vacío deja de existir: las autoridades
ejercen sus competencias ordinarias y los derechos y libertades quedan
protegidos. En esas crisis intermedias, la ley va a permitir una coordinación
reforzada de todos los recursos. Su declaración queda reservada al presidente
del Gobierno, que debe informar al Congreso tanto de la declaración como de su
ámbito territorial y su duración”.
Aunque la legislatura está en su recta final,
Senillosa está convencido de que la ley “se aprobará en tiempo y forma”, ya que
“este Gobierno quiere impulsar las reformas hasta el último día”. Y confía en
que obtendrá el consenso de la oposición, pues “garantizar nuestros derechos y
libertades, mejorar la seguridad de los ciudadanos, nos interesa a todos”.
Más allá de la amenaza yihadista, la nueva ley
también permitirá, según Senillosa, afrontar crisis como la del ébola. “Lo
importante es que el comité, liderado con gran éxito por la vicepresidenta, se
basó en la filosofía que inspira la ley. [Pero en adelante] ya no habrá que
constituir comités ad hoc cada
vez que haya una crisis, sino que el comité especializado apoyará al Consejo
Nacional de Seguridad, que será el encargado de gestionarla”.
Policías
autonómicas y locales, bajo dirección del presidente
La declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional ”,
por parte del presidente del Gobierno, obligará a todas las autoridades
públicas a colaborar a la resolución de la crisis, poniendo a disposición del
Consejo de Seguridad Nacional, o de la autoridad que este designe, todos los
medios humanos y materiales necesarios para afrontarla que dependan de ellas.
Eso no significa necesariamente, matiza Senillosa, que policías locales o
autonómicas dejen de depender de sus mandos naturales, sino que deberán, si se
da el caso, coordinarse y actuar “bajo la dirección político-estratégica del
presidente del Gobierno”, para esa situación concreta. “De lo que se trata es
de reforzar la colaboración y cooperación de todas las administraciones para
resolver la situación, No debe haber barreras de ningún tipo cuando hablamos de
seguridad”. Tanto es así que responsables autonómicos o locales podrán ser
convocados a reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.
Una de las novedades de la ley es la posibilidad de
movilizar recursos personales y materiales, públicos y privados, en caso de
crisis. Según Senillosa, se trata de “adoptar las mismas prácticas vigentes en
países de nuestro entorno; es decir, la aportación de recursos a la Seguridad Nacional
va a ser gradual y proporcional y, por supuesto, siempre conllevará una
indemnización”. La aportación de estos recursos se regulará por ley y se basará
en un catálogo de medios humanos y materiales que serían puestos a disposición
de las autoridades en caso de crisis.
Para ello será necesario extender, según Senillosa,
la cultura de la seguridad, “la conciencia de que sin seguridad no puede haber
verdadera libertad, ni democracia, ni progreso económico y social”.
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