28 enero 2015 (3) Expansión (opinión)

28 enero 2015

El complicado ajuste legal de las normas antiterroristas

Los países de la UE, incluida España, han elaborado proyectos de ley para tratar de luchar contra posibles ataques yihadistas. Sin embargo, algunas de estas normas chocan con derechos fundamentales.

La amenaza del terrorismo yihadista es real. Sin ir más lejos, el pasado lunes, el portavoz del autodenominado Estado Islámico, Abu Mohamed al Adnani, alentó a todos los lobos solitarios en occidente a volver a atentar "contra los cruzados".

Frente a esta situación, los países miembros de la Unión Europea (UE) han decidido armarse legalmente para luchar contra ella.

Sin embargo, no todo vale en esta guerra del siglo XXI. Algunas de las normativas propuestas tienen un complicado encaje legal, ya que en muchas ocasiones se enfrentan a derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión o la presunción de inocencia.

Ante el evidente temor de que se repitan los atentados perpetrados en Francia a principios de año, muchos miembros de la UE, incluido España, han presentado iniciativas legislativas como la retirada temporal del documento de identidad, la posibilidad de generar un registro de viajeros, el endurecimiento de las penas por terrorismo internacional o el incremento de escuchas de comunicaciones.

Retirada del pasaporte

Conceder a las fuerzas de seguridad del Estado que retiren el pasaporte o el documento nacional de identidad a presuntos yihadistas es una de las propuestas que más se ha repetido entre los países europeos.

Tanto Reino Unido como Alemania, Bélgica o Italia han dado pasos en esta dirección. El Ejecutivo germano, de hecho, ha especificado que se podrá retirar el DNI un máximo de tres años y que, a cambio, recibirán un carnet de identidad provisional que no permitirá la salida del país.

El expresidente del Tribunal Constitucional alemán, Hans-Jurgen Papier, ya ha planteado la dudosa constitucionalidad de una medida que restrinja la libre circulación de los ciudadanos.

En ese mismo sentido se expresa Amaya Úbeda, profesora de derecho de IE University, que asegura que sería un error limitar la libre circulación, puesto que es "uno de los principios clave sobre los que se ha construido el derecho de la UE y que aparece reflejado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

Registro de Pasajeros

Instalar el Registro de Datos de Pasajeros (PNR) en la UE, como ya se hace en Estados Unidos, es una propuesta que ha bloqueado el Parlamento Europeo por representar un posible ataque al derecho a la privacidad.

Sin embargo, parece que tras los atentados de París esta iniciativa legislativa podría salir adelante. En este sentido, Úbeda explica que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha repetido en muchas ocasiones que el simple almacenaje de información sobre la vida privada de las personas constituye una injerencia del derecho a la privacidad".

Este tribunal es consciente de la dificultad de la lucha contra el terrorismo y entiende que se puedan plantear este tipo de medidas, pero siempre buscando "un equilibrio justo entre los posibles beneficios del uso de las tecnologías y el respeto a la vida privada de las personas", añade la profesora de IE University.

No retorno o reubicación

La posibilidad de limitar temporalmente el retorno de presuntos yihadistas al país en el que residen tras viajar a países como Siria o Irak también se ha planteado en Italia o Reino Unido.

En este último país, el Ejecutivo de David Cameron ha plasmado en su proyecto de ley otro polémico asunto que otorgaría a las autoridades la posibilidad de reubicar dentro de su territorio a sospechosos que no puedan ser acusados por falta de pruebas.

"En muchos países de la UE se han planteado dificultades jurídicas respecto a medidas antiterroristas que se aplican a presuntos terroristas que no han sido condenados o sometidos a juicio. Se trata de medidas en principio de carácter preventivo, pero de naturaleza muy represiva, que pueden ir en contra del principio de presunción de inocencia", explica Úbeda.

Escuchas telefónicas

Tras las detenciones realizadas en Bruselas y Verviers, el Gobierno belga ha propuesto ampliar los supuestos para permitir a las fuerzas de seguridad las escuchas telefónicas o el espionaje de páginas web, algo que también se ha repetido en Francia, por ejemplo.

Frente a esta posibilidad, la profesora de IE University cree que "cualquier medida destinada a ampliar estos supuestos será objeto de un escrutinio muy estricto. El TEDH ha elaborado una jurisprudencia muy detallada al respecto. En este sentido, la falta de seguridad es una de las razones que ha dado lugar a la mayor parte de las condenas por atacar a la privacidad. El riesgo de malas prácticas y abusos de la legislación son la otra cara de la moneda".

Redes sociales

Por último, la UE quiere involucrar a empresas como Google, Facebook o Twitter en la lucha contra la propaganda yihadista en la Red.

La comisaria de Interior europea, Cecilia Malström, se ha reunido con estas empresas para analizar las formas de dificultar el reclutamiento de combatientes y de prohibir los textos yihadistas en estas plataformas.

Frente a esta posibilidad, Úbeda opina, en términos generales, esto no representaría un problema puesto que estas compañías tienen responsabilidad jurídica sobre la información que se publica en sus páginas y están obligadas a respetar el derecho que se adopte en este sentido.

"Sin embargo, en el caso de Facebook, podría surgir un conflicto con el derecho a la vida privada en el filtraje de mensajes que aparezcan en cuentas privadas y con la libertad de expresión por restringir de forma excesiva el acceso a la información".

Pacto de Estado en España

El Ejecutivo español está elaborando una propuesta para luchar contra el terrorismo yihadista. Pero ya han surgido ciertos conflictos, como la alusión a la prisión permanente revisable que se ha incluido en el nuevo Código Penal y a la que se vinculan algunos de los delitos de terrorismo.

Según el Ministerio del Interior este aspecto se podría solventar. También se ha puesto en duda la redacción del artículo que castiga con penas de uno a ocho años de cárcel a los que consulten páginas web con contenido yihadista.

Se ha pedido que se precisen bien los conceptos para que entradas a esas web de periodistas, investigadores u otros expertos queden salvaguardadas de un posible delito de terrorismo.

Opinión:

Excelente la información que presenta un diario económico como es Expansión. El problema de legislar “en caliente” surge cuando se plantean nuevas leyes sin haber estudiado las consecuencias jurídicas que las mismas pueden causar.

Y desgraciadamente se está convirtiendo en la costumbre el legislar dependiendo del momento político o social que se vive.

Todo cuanto se tenga que hacer dentro de la ley para evitar mas atentados es imprescindible, pero dentro de la ley significa precisamente no tomar decisiones que puedan ser susceptibles de ilegalidad.