15 enero 2015
El PP pretende convertir los escraches más graves en delito de
terrorismo
Influir en la
actuación de una autoridad, alterar la paz social y el funcionamiento de las
estructuras políticas será considerado terrorismo si el PP hace valer sus
propuestas
Antes
de su debate en el Congreso, los populares se sentarán con el PSOE para
delimitar el nuevo marco jurídico de lucha contra el terrorismo
El PP pretende convertir el delito de
terrorismo en un cajón de sastre en el que cabe casi todo. Sus enmiendas
presentadas en la reforma del Código Penal incluyen un listado de nuevas
prácticas homologables con la definición que tradicionalmente se reservaba para
bandas como ETA o los GRAPO. La nueva catalogación que quiere imponer el PP
señala a los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno
parlamentario al borde de ser definidos directamente como terrorismo. Lo hace
de manera ambigua, vaga y excesivamente amplia.
En la enmienda 874
redactada por el PP se puede leer: "Se considera terrorismo la comisión de
cualquier delito grave" que pretenda "alterar gravemente o de
cualquier otro modo la paz social". El tradicional sentido que se le ha
dado en democracia al término “paz social” –el acuerdo entre Gobierno,
sindicatos y patronal– comenzó a cambiar el día que Jorge Fernández Díaz tomó
posesión de su cargo de ministro de Interior en enero de 2012. Su primera
intervención como ministro estuvo dedicada casi en su 50 por ciento a explicar
el objetivo de mantener la “paz social” en un momento de más que previsibles
protestas sociales. La otra mitad de su intervención la ocupó casi por completo
el terrorismo de ETA.
En otro punto de la
propuesta, el PP dice que será terrorismo cualquier delito que persiga
"influir o condicionar de modo ilícito la actuación de cualquier autoridad
nacional o extranjera". En el articulado propuesto no hay referencia
expresa a los escraches pero, según fuentes jurídicas, de aprobarse el nuevo
Código Penal en los términos que pretende el PP, "parece evidente que se
está abriendo la puerta a considerarlos como un delito de terrorismo, cuando en
su desarrollo se produzca algún delito grave".
Juan Antonio
Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Autónoma , considera que
"determinados escraches excesivamente agresivos los estarían convirtiendo
en terrorismo en función de la reforma legal planteada". Según este
profesor, las enmiendas del PP "usan términos extraordinariamente
abstractos y luego esos términos los carga el diablo".
La enmienda 874
afirma que cualquier delito que persiga "alterar gravemente el
funcionamiento de las estructuras básicas políticas" también será
considerado terrorismo. Esta referencia recuerda al asedio al Parlament en 2011
o las convocatorias de Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012. Con el
Código Penal vigente, el caso catalán fue juzgado y se estimó absolver a los
acusados de los delitos de atentado contra las instituciones del Estado. Si las
tesis del PP se imponen, un caso similar supondría con gran probabilidad la
apertura de un proceso por terrorismo.
La deriva que ha
impuesto el Partido Popular en sus leyes de orden público choca con la doctrina
del Tribunal Constitucional que advierte del "efecto del desaliento".
Según esta doctrina, también asumida por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el riesgo de sancionar en exceso los delitos cometidos en ejercicio de
derechos fundamentales puede acabar provocando el desaliento de la ciudadanía
en el ejercicio normal de esos derechos. Dicho de otro modo, si los delitos
cometidos durante una manifestación o en el ejercicio del derecho de expresión
son penados en exceso, la ciudadanía acabará renunciando a manifestarse o a
expresarse libremente por temor a sanciones.
Las propuestas del PP
han sido apartadas del debate sobre el Código Penal a la espera de la
negociación que se ha abierto entre los dos principales partidos. Fuentes del
PSOE consultadas por eldiario.es advierten de que no están dispuestos a aceptar
el "camino de criminalización" y "generalización del
terrorismo" que pretenden los de Rajoy. En caso de que las negociaciones
no lleguen a buen puerto y el PP insista en sus propuestas, el grupo
mayoritario se verá obligado a aprobar estos cambios en solitario. Sería la
primera vez en democracia que un partido en el Gobierno apruebe su política
contra el terrorismo sin el concurso del principal partido de la oposición.
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