29 diciembre 2015
Interior
compra gas lacrimógeno por 1,3 millones a la familia de un exdiputado del PP
El contrato con Falken asciende a 1,8 millones al
incluir 508.200 euros para 21.000 botes de humo, utilizados en situaciones
excepcionales
Nueve de los 10 miembros del consejo de
administración de la compañía pertenecen a la familia de Ismael Bardisa
Con la legislatura conclusa, el Gobierno deja el
polvorín de la Guardia
Civil a rebosar de botes de gas lacrimógeno. El pasado 11 de
diciembre quedó formalizada la adquisición de 54.000 unidades de este material
antidisturbios a la empresa Falken por valor de 1,3 millones de euros. Falken,
habitual suministrador del Ministerio del Interior, es la empresa de la familia
de Ismael Bardisa Jordá, exdiputado del Partido Popular y candidato que cerraba
la lista con la que Cristina Cifuentes concurrió a las últimas elecciones
autonómicas.
El gas lacrimógeno es un material antidisturbios que
no se utiliza desde 2003, con motivo de las protestas contra la guerra de Irak.
El dato fue ofrecido por el Ministerio del Interior cuando desmintió que botes
de ese tipo hubieran sido utilizados en los
altercados de marzo de 2014, al término de las Marchas de la Dignidad.
A pesar de la afirmación, este Gobierno adquirió en
2013 una partida de 36.050 botes para ese año y los dos siguientes con destino
a la Guardia Civil.
Solo la caducidad de los botes de gas lacrimógeno ha podido, por tanto, vaciar
las reservas de las unidades a las que va destinado. Sin embargo, en el pliego
de condiciones del concurso, la Subidrección General de Apoyo de la Guardia Civil
asegura que los botes se hacen inútiles a los cinco años.
La adjudicación a Falken fue publicada este lunes en
el Boletín Oficial del Estado (BOE). A los 1,3 millones para botes de gas
lacrimógeno hay que sumar otros 508.200 euros para 21.000 “artificios
fumígenos” o botes de humo. En total, 1.815.000 euros de contrato de despedida
de la legislatura para la empresa de los Bardisa Jordá. El anuncio de
licitación tiene fecha de 1 de agosto y el de formalización del contrato es del
11 de diciembre, nueve días antes de las elecciones generales.
Los 18.000 botes de gas lacrimógeno de los que
dispondrá la Guardia
Civil cada ejercicio, hasta 2018, empequeñecen la compra de
2.000 unidades que Interior viene adquiriendo cada año para la policía
nacional. Cabe señalar que las principales manifestaciones con disturbios se
desarrollan tradicionalmente en las grandes ciudades, donde la competencia es
de la Policía ,
a excepción de las urbes de Cataluña y Euskadi. La UIP , los antidisturbios de la Policía Nacional ,
tampoco usa el gas lacrimógeno.
Incluso para la Guardia Civil , la
última adqusición supone un incremento respecto de los tres ejercicios
anteriores -de 2013 a
2015- para los que se compraron 36.050 botes. Y eso que el Ministerio del Interior
admite un gran descenso en el número de altercados relacionados con las
manifestaciones, protestas que ya de por sí se han reducido notablemente.
Tampoco parece acorde a las necesidades operativas
la adquisición de 21.000 botes de humo. Este material antidisturbios sí es
utilizado, pero no con frecuencia. La última vez que lo hizo la Guardia Civil fue el
5 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta.
Según la versión final del Ministerio del Interior, la Guardia Civil
disparó aquel día 150 pelotas de goma y 5 botes de humo. Quince personas que
intetaban llegar a nado hasta la playa de El Tarajal fallecieron ahogados
mientras los agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) empleaban el
citado material. Dieciséis guardias civiles estuvieron imputados, pero una
jueza de la ciudad autónoma archivó la causa el pasado octubre. Las
organizaciones querellantes han recurrido ante la Audiencia Provincial.
En el pliego publicado en agosto, la Subdirección General
de Apoyo dice que la "necesidad e idoneidad" del material adquirido
es "mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y
proteger el libre ejercicio de sus derechos". En este sentido, añade que
es "necesario dotar a los componentes de la Guardia Civil del
material necesario a las distintas unidades del Cuerpo que intervienen en esos
actos del material antidisturbios eficaz, como son artificios lacrimógenos y
fumígenos".
Este último concurso ganado por Falken ha discurrido
por tramitación ordinaria y procedimiento abierto. Como suele ocurrir cada vez
que el Ministerio del Interior lanza este tipo de ofertas, Falken no ha tenido
competidor. Conocedor de esta ausencia de concurrencia, los Bardisa Jordá
presentaron una oferta por la cantidad máxima recogida en el pliego del Ministerio
del Interior.
Falken no solo ha hecho negocio con Gobiernos del
PP. Entre 2000 y 2013, la empresa obtuvo 7,68 millones de euros de la Administración ,
según datos recopilados por quienmanda.es. Los contratos adjudicados suelen ser abiertos, pero no
siempre. En 2013, Falken obtuvo más de un millón de euros en un contrato
negociado sin publicidad.
La familia Bardisa copa el Consejo de Administración
de Falken. Solo uno de sus 10 miembros no lleva ese apellido. Todos los
hermanos de Ismael Bardisa se sientan en la mesa, a excepción del expolítico,
ahora ejerciendo como “abogado liberal”, según describe él mismo en su cuenta
de Twitter. Ismael Bardisa fue diputado del PP tres legislaturas seguidas,
hasta 2008. De ahí pasó al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en
calidad de consejero electivo, hasta que Ignacio González decidió dejar de
contar con él.
Botes con fines
"estratégicos"
Los antidisturbios de Policía y Guardia Civil
utilizan los artificios fumígenos con fines “estratégicos”, como evitar que los
manifestantes violentos puedan ver sus desplazamientos. Los botes de gas
lacrimógeno son más agresivos y están destinados a que los atacantes dejen de
lanzar objetos por el picor de ojos y garganta que produce.
El uso del material antidisturbios es legal y
reglamentario, incluidas las pelotas de goma, aunque no existe un protocolo
para su actuación. Es el jefe del operativo el que indica cuándo y cómo
utilizarlo. El criterio, como en otras actuaciones policiales, es el uso
proporcional de la fuerza según sea de grave la amenaza. Más frecuente es el
uso de pelotas de goma: la decisión de su utilización se rige del mismo modo.
La adquisición de este material antidisturbios se
produce en plena reivindicación de chalecos antibalas por parte de la Asociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC), que en noviembre lazó la campaña “Un guardia, un chaleco”.
El director general del instituto armado, Arsenio Fernández
de Mesa, aseguró el pasado agosto en sede parlamentaria que el Cuerpo cuenta
con 30.526 chalecos. Para el próximo ejercicio, el director anunció la compra
de 2.950 unidades más, una cifra lejana a los 80.000 agentes que requieren
chaleco, según la AUGC. Los
chalecos adquiridos por Interior en 2013 costaban 324 euros la unidad. Con el
dinero desembolsado en gas lacrimógeno que no se utilizará se podrían haber
adquirido algo más de 4.000 chalecos antibalas.
Opinión:
Pues nada. Una nueva muestra de las extrañas
decisiones del Ministerio de Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz.
Otra muestra de gasto de dinero público sin
explicación aparente. Quizás ahora llegará el momento para que desde sede
parlamentaria hayan políticos que exijan explicaciones de esos gastos y
obtengan respuestas.
Y ya puestos, que nos explique también las “razones”
para poder gastarse 1,3 millones en negocios “familiares” pero no tener 30.000
euros para poder localizar y asesorar a 280 víctimas del terrorismo en
Catalunya.
