04 febrero 2021
Acusaciones populares responsabilizan a Houli y Oukabir de los ataques del 17-A
La Asociación 11-M y AVT piden condena por asesinato: «Formaban parte del plan criminal y tienen que responder por los hechos»
Las acusaciones populares en el juicio del 17-A, ejercidas por la Asociación 11-M y la AVT, han responsabilizado a los dos principales acusados, Mohamed Houli y Driss Oukabir, de los atentados del 17 y 18 de agosto del 2017 y han reclamado, a diferencia de la fiscalía, que se les condene por asesinato. Antonio Guerrero, abogado de la AVT, ha argumentado que Houli y Oukabir eran «perfectamente conocedores» de los planes de la célula, «formaban parte del plan criminal» y, por lo tanto, «tienen que responder de sus hechos». En la misma línea, el abogado de la Asociación 11-M, Antonio Segura, ha pedido al tribunal que «dé un paso más» de lo que solicita el ministerio público y no deje a las víctimas «desamparadas».
Guerrero, de la AVT, ha argumentado que aunque la actuación «pudiera no ser la inicialmente planeada, la decisión de la célula era atentar para causar el número mayor de víctimas mortales y eso finalmente se realizó». El letrado ha afirmado que Driss alquiló la furgoneta siendo consciente que era para atentar y que Houli fabrica explosivos y busca financiación también sabiendo para qué finalidad.
«Después de la explosión de Alcanar no aparece otra célula, Younes no es un lobo solitario», ha afirmado Segura, de la Asociación 11-M. El abogado ha dicho que la «solución táctica» que toma Younes al «problema» de la explosión «no cambia para nada el objetivo estratégico de esta célula». «Una célula yihadista no es un grupo asambleario, no toman las decisiones por votación», ha afirmado.
«Lo que tienen que hacer es compartir un objetivo por el cual están trabajando» con los preparativos, que es el de «causar el número mayor de asesinatos posibles» y, en eso, «todos los miembros de la célula están incluidos». También Houli y Oukabir, han defendido, ya que ven probado que eran miembros de la célula.
Por eso, AVT y Asociación 11-M piden una condena por 15 asesinatos -excluyen Pau Pérez, asesinado por Younes Abouyaaqoub en la huida de Barcelona en coche. Los abogados han argumentado no incluir a Pérez porque lo ven como un «exceso» de Abouyaaqoub y no creen que su asesinato «forme parte de la ideación del plan criminal».
Por su parte, el abogado del Estado ha hecho una breve intervención de menos de diez minutos para dar apoyo a las tesis de la fiscalía, tanto con respecto a los delitos como con respecto a las indemnizaciones a las víctimas. De hecho, ha defendido la investigación policial y judicial sobre los hechos, y ha asegurado que el estado no actuó de forma negligente por el hecho de no poder detectar la actividad de la célula de Ripoll.
Aplazamiento del juicio sin fecha
La vista oral en la Audiencia Nacional se ha suspendido este jueves sin fecha de reanudación. La abogada de Mohamed Houli tiene coronavirus y el abogado de Driss Oukabir está de baja a la espera de resultado de una PCR. Por este motivo, la exposición de los informes de las defensas se pospone. El presidente del tribunal, Félix Alonso Guevara, no ha puesto fecha a la reanudación del juicio a la espera de ver cómo evolucionan.
«Si a lo largo de la próxima semana se sabe alguna cosa, ya se les citaría para la siguiente», ha dicho Guevara, que ha pedido al resto de las partes «que se cuiden». «Visto hasta la nueva sesión», ha dicho el presidente del tribunal. Sólo queda pendiente el informe de las tres defensas y el turno de última palabra de los acusados.
Opinión:
Nuevamente hay que recordar un pequeño detalle que puede no parecer importante pero que sí lo es. Y mucho.
Algún día habrá que preguntarse por qué se permite la personación de entidades que no representan directamente a ninguna persona afectada. Hace años ya se planteó esta cuestión en las altas esferas judiciales pero, al parecer, hay quien está interesado que ciertas siglas aparezcan siempre relacionadas con ciertos delitos aunque realmente lo hagan por intereses asociativos o personales y no colectivos. Lo del llamado “ahorro procesal” parece no importar a los que, al fin y al cabo, deben correr con los gastos.
Para para representar a todas aquellas personas que según la investigación, puedan haber sido afectadas ya está la Fiscalía, aunque tampoco conozca a las personas a las que debe “defender”.
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