25 febrero 2021 Las Provincias

25 febrero 2021

 

Diez años de cárcel para el líder del Estado Islámico en Alemania

Abú Walaa era imán de la mezquita de una sociedad ya ilegalizada y vinculada con Anis Amri, el terrorista del mercadillo de Berlín.

El presunto jefe del Estado Islámico ( EI) en Alemania fue condenado ayer a diez años y medio de cárcel por sus actividades delictivas en este país, entre ellas el reclutamiento y envío de voluntarios para la lucha en distintas zonas de guerra del planeta, y la propaganda a favor de los yihadistas. Después de tres años y medio de proceso, la Audiencia Superior de Celle encontró al iraquí Ahmad Abdulaziz Abdullah A. culpable de todos los cargos que se le imputaban.

Más conocido como Abú Walaa, el procesado, de 37 años, se hizo famoso en el islamismo radical como el predicador sin rostro, ya que todos los vídeos en los que llamaba a la guerra santa y a sumarse a la lucha en las filas de Estado Islámico fueron grabados a su espalda. Tres de sus cómplices fueron condenados en el mismo juicio a penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años.

Los jueces señalaron en su sentencia que Abú Walaa y su red radicalizaron a docenas de jóvenes musulmanes en la cuenca del Ruhr y el Estado federado de la Baja Sajonia, y les ayudaron a viajar a las regiones de combate del Estado Islámico. El jefe del grupo era imán de la mezquita de la prohibida asociación Círculo islamista germanoparlante de Hildesheim. Uno de sus cómplices, un germanoserbio condenado a ocho años de cárcel, utilizó su vivienda en Dortmund como centro de oración. En ella encontró refugio durante un tiempo el joven tunecino Anis Amri, autor del atentado con un camión pesado en diciembre de 2016 en Berlín, donde atropelló a numerosos asistentes a un mercado navideño en el centro de la ciudad causando doce muertos. El citado círculo fue en su día uno de los más activos lugares de reunión y concentración de salafistas y yihadistas en Alemania. La asociación fue prohibida en marzo de 2017 por el Ministerio del Interior del Estado de la Baja Sajonia por amenaza al Estado de Derecho y perseguir objetivos inconstitucionales. Mientras la Fiscalía pidió para los acusados hasta once años y medio de cárcel, su defensa intentó conseguir la libre absolución. El desmantelamiento del grupo fue posible gracias a la actividad de un agente infiltrado.