16 octubre (aprox.)
En el número 37 de “La fuerza de la razón” es feia record de l’èxit aconseguit per en Robert i, per extensió, la pròpia AVT quan mesos enrere havien guanyat un tema molt delicat: el reconeixement de que el succeït a la Sala de Festes “Scala Barcelona” l’any 1978 havia esta un atemptat i no solament un incendi. Malgrat que la informació ja havia aparegut l’any 1998 en diferents medis de comunicació, l’AVT reconeix la gran feina del deu delegat a Catalunya publiquen la següent informació l’any 2000.
Val a dir que presentem una petita part de l’excel·lent reportatge que els redactors de la revista de l’antiga AVT van publicar sobre aquest tema tan complicat com va ser l’atemptat contra la Sala de Festes esmentada.
El Estado reconoció a las familias de los cuatro fallecidos en atentado del Scala, como víctimas del terrorismo, en septiembre de 1998, veinte años después de la acción terrorista que devastó la sala de fiestas barcelonesa. Esta consideración, por la que trabajó afanosamente la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) supone que tienen derecho a percibir una pensión de viudedad. En el momento de producirse este reconocimiento, el delegado de la AVT en Cataluña, Roberto Manrique, que defendió ante la Administración los derechos de estas familias, ofreció una rueda de prensa en compañía de las viudas de dos de los fallecidos, en la que explicó el acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior para que se reconociesen estos derechos. Manrique recordó que los hechos de produjeron el 15 de enero de 1978 cuando, al finalizar una concentración convocada por el sindicato CNT, varios manifestantes lanzaron cócteles molotov contra la emblemática sala de fiestas, que se incendió causando la muerte de cuatro empleados. Los seis autores materiales del suceso fueron juzgados por estragos con resultado de muerte en la Audiencia de Barcelona y fueron condenados a penas de hasta 17 años, de los que cumplieron tres años y medios. Los fallecidos eran Bernabé Bravo, Ramón Egea, Diego Montoro y Juan Manuel López Masip.
En la rueda de prensa estuvieron presentes las viudas de Bravo y Egea, Josefa Gómez y Adelaida Corbalán respectivamente, la primera con dos hijas y la segunda con un hijo, mientras que la viuda de Montoro, Otilia Collazo, reside en la actualidad en Santiago de Compostela y la de López Masip, Francisca Talavera, se volvió a casar.
El delegado de la AVT explicó que en marzo de 1978 el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, entregó a tres de las viudas 1’3 millones de pesetas de indemnización y 800.000 pesetas a una cuarta al ser reconocidas como víctimas del terrorismo.
Desde aquella fecha, los derechos de estas familias quedaron en el olvido hasta que, según Manrique, en noviembre de 1991 se promulgó la ley civil de pensiones a viudas del terrorismo, fecha en que la AVT volvió a ponerse en contacto con ellas para activar las negociaciones con la administración con la finalidad de que se e reconociesen los derechos.
Sin embargo, señaló Roberto Manrique, en marzo de 1992 el Gobierno Civil de Barcelona respondió a la AVT que estas mujeres no eran viudas de víctimas de un atentado terrorista, por lo que las negociaciones se han prolongado hasta ahora, cuando el Ministerio del Interior ha reconocido su situación, lo que les da derecho a una pensión mensual de unas 140.000 pesetas.
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