28 septiembre 1998
Han estat molts els temes rescatats per en Robert i l’antiga AVT des de que van començar a treballar junts a finals de l’any 1989. Un de aquests temes complicats i dolorosos va ser el relacionat amb el que tothom va conèixer com “Cas Scala Barcelona”. Sempre em destacat la tossudesa i les ganes de treballar d’en Robert, virtuts que l’han portat a aconseguir l’èxit merescut. Una bona prova d’això la tenim en la informació que apareix a “El Mundo” (entre molts altres diaris) del 28 de setembre de 1998, escrit pel company Enrique Figueredo.
Volem destacar que en la següent noticia tenim una mostra més (i sortosament en son moltes) de com el que els periodistes escrivim, parlem o diem un dia qualsevol en una informació tractada amb tota la seriositat pot ser de profit malgrat passat el temps.
Las viudas del ‘caso Scala’ cobrarán como víc timas de un acto terrorista
El local antiguamente ubicado en el paseo de Sant Joan ya no existe. A pesar de que fue reconstruido varios años después del atentado, acabó por cerrar nuevamente. Las personas que fallecieron eran empleados de limpieza que se encontraban allí el día del incendio.
Ahora, 20 años después de la tragedia, la batalla burocrática llevada a cabo por las viudas y familiares de aquellos hombres ha llegado a su fin. Sus seres queridos fallecieron como consecuencia de un acto terrorista y el Estado debe compensarles como tales. La Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña les ha dado su apoyo. “Empezamos en el año 92 por nuestra cuenta pero nos enfrentábamos a una pared burocrática”, comenta Josefa Gómez. Su marido, Bernabé Bravo, murió por efecto de las llamas que arrasaron la más popular sala de espectáculos de la década de los 70 en Barcelona.
En 1991, uno de los familiares de los fallecidos en la Scala leyó en la prensa que las víctimas civiles de los atentados terroristas tenían derecho a percibir las mismas compensaciones económicas que aquellas que pertenecían a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas. Eso las incluía también a ellas.
La noticia corrió entre los afectados por el incendio intencionado de 1978. Ahí se inició el largo proceso administrativo que ha acabado con la consecución de las referidas pensiones. Eso sí, inicialmente sin éxito.
Los afectados habían cobrado a finales del 78 unas indemnizaciones que hoy resultan del todo exiguas. La mayor de las cantidades cobradas entonces ascendía a 1.300.000 pesetas. El acto formal de entrega de estas reparaciones económicas lo realizó en persona el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, durante un viaje que realizó a Barcelona.
Estas cantidades quedaban fijadas en una antigua ley vigente en aquellos días denominada “de protección a las víctimas de bandas armadas”. Se reconocía, por tanto, la naturaleza terrorista del incendio de la Scala.
En 1992, el Gobierno Civil de Barcelona contestó a estas familias que reclamaron sus derechos como víctimas del terrorismo por el “caso Scala” que no eran tales y que la muerte de aquellas personas entraba en el capítulo de accidentes laborales, tal y como explicaron ayer dos de las viudas y tres huérfanos de los fallecidos en la sala de espectáculos.
Tras aquella negativa, se pusieron en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña, representada por Roberto Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor en 1987.
La acción coordinada de la asociación y la paciencia de los familiares ha hecho que finalmente el pasado mes de julio la administración conceda el derecho reclamado. “Todavía no hemos empezado a cobrar, pero si hemos esperado 20 años ya no viene de unos meses”, comentan Mercedes y Pepi, hijas de Josefa, una de las viudas.
“Cuando nos dijeron que se trataba de un accidente laboral no nos lo podíamos creer”, comentó Adelaida Corbalán, viuda de Ramón Egea. “Era el caso de unos trabajadores que morían por efecto de un acto terrorista, como en Hipercor”, sentenció Manrique.
“He vivido muchos años con miedo”
Las motivaciones que provocaron el atentado de la Scala nunca quedaron claros. Según la sentencia, los autores sí: un grupo presuntamente vinculado a la CNT. Se habló de un montaje instigado por elementos del antiguo aparato franquista vinculados al Ministerio de Gobernación que buscaban un pretexto para eliminar a la izquierda radical.
“Nunca quedó claro, a pesar de la sentencia –dice Josefa Gómez- pero por miedo a que les pasara algo a mis dos hijas nunca quise ahondar en el asunto”. Josefa afirma que durante años ha vivido con miedo.
Antonio Egea, hijo de uno de los fallecidos, no se atrevió a realizar afirmaciones categóricas y se limitó a preguntar en voz alta, como buscando una respuesta en el auditorio: “¿Fue un crimen de Estado aquello?”. Los periodistas le invitan a que él mismo conteste, pero no.
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