28 agosto 2016 (17.08.16) El Mundo del Siglo XXI

28 agosto 2016 (17.08.16)

Jueces detectan descoordinación en operaciones antiterroristas

Denuncian en Interior duplicidad en media docena de investigaciones dependientes de CITCO

Antiterrorismo ficha a “hackers” del este contra el yihadismo

«En estos momentos, en cuestión de coordinación policial contra el terrorismo estamos peor que cuando no existía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el crimen Organizado (CITCO). Antes sabías que no estabas coordinado, ahora crees que lo estás y no lo estás, de modo que los errores entre policías en los atentados del 11-M, que motivaron la creación de este centro, se podrían volver a repetir». Un alto cargo policial explicaba de este modo tan contundente la situación en la que se encuentra en estos momentos el CITCO, creado en octubre de 2014 y uno de los organismos más necesarios en cualquier coyuntura, pero todavía más en la actual.

Otro alto responsable, en este caso de la Guardia Civil, atempera el diagnóstico: «Peor que antes que el CITCO es imposible. A ninguno nos gustaría volver a aquellas reuniones de coordinación en la que se suponía que íbamos a poner datos en común y aquello parecía una partida de mus. Nadie quería facilitarle datos a la competencia. Este centro de inteligencia es importante, apostamos por él y es útil... siempre que se utilice en el modo como fue concebido».

Precisamente, según las fuentes consultadas por este periódico, esa última parte es la que no se cumple: al menos en media docena de ocasiones, jueces de la Audiencia Nacional han denunciado ante la Secretaría de Estado de Interior duplicidad de investigaciones. Se han dado casos en los que un cuerpo policial ha detenido a colaboradores de otro porque no hay un registro en el que consten sus identidades, a pesar de que la necesidad de esta lista fue una de las conclusiones a las que llegó la comisión que investigó el 11-M. Así, se han producido detenciones o se han abierto investigaciones contra agentes que actuaban de forma encubierta. Todos los cuerpos policiales se guardan datos de las investigaciones, por desconfianza o para apropiarse de las indagaciones, torpedeando el principio básico por el que fue creado este organismo y, por lo tanto, su eficacia.

El CITCO nació, según los textos oficiales, con la vocación de ser el órgano de «recepción, integración y análisis de información referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos». Su función es la de elaborar «inteligencia estratégica, ofrecer una valoración de esas amenazas y proponer y coordinar estrategias para combatirlas». El ejemplo que se utilizó para defender su puesta en marcha fue el dato de que «en España, al menos el 20% de las personas encarceladas por presunta pertenencia al terrorismo yihadista entre los años 2005 y 2011 habían estado en prisión por la comisión de otros delitos».

El procedimiento elegido para garantizar la coordinación consiste en que cada uno de los cuerpos policiales graba los datos de sus investigaciones en su sistema informático y, después, esos datos (que incluyen direcciones, teléfonos, escuchas, documentos y cualquier aportación valiosa) son trasladados a la base del CITCO. Si se produce alguna coincidencia, los ordenadores dan el aviso y se convocan reuniones hasta dirimir qué cuerpo sigue con la investigación. Teóricamente, los criterios para determinar quién tiene prioridad están claros: seguirán con el caso los investigadores que antes hayan instalado una escucha telefónica a uno de los sospechosos, o quienes antes lo hayan judicializado o quienes estén inmersos en una investigación internacional. El sistema falla si los datos no se introducen y si se buscan subterfugios para obviar los ordenadores del CITCO.

Al menos en media docena de ocasiones -una investigación referida a ETA y el resto, al yihadismo- jueces de la Audiencia Nacional han acudido a la Secretaría de Estado, sobre la que recae la coordinación de las Fuerzas de Seguridad a esos niveles, para que ponga orden porque un mismo caso había llegado por diferentes vías a varios juzgados.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la Policía intenta orillar al CITCO poniendo en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sus investigaciones. Así, hacen recaer la responsabilidad de la coordinación en un Ministerio Público que no tiene ni las atribuciones ni la capacidad para ejecutar esa función, pero se aseguran de que los procedimientos tienen cobertura legal. Los agentes han venido argumentando que no están capacitados para registrar en los ordenadores del CITCO información -que califican de material clasificado- cuando les ha sido facilitada por el CNI o por una oficina de inteligencia extranjera como el FBI, y admiten que mezclan los conceptos de colaborador y testigo protegido para no tener que comunicar sus identidades.

Hasta el momento, ese tipo de comportamientos no ha recibido más que advertencias sin consecuencias por parte de la dirección del organismo -encabezada por el comisario José Luis Olivera- y de la Secretaría de Estado. Los agentes de la Guardia Civil, por suspicacia, responden evitando también el registro de algunos de sus datos. «Se han producido casos en los que agentes de diferentes cuerpos se encuentran en la calle sin saber que están cercando al mismo sospechoso», ilustra un mando del Centro.

La objetividad de los tribunales que deciden quién continúa con las investigaciones es otro de los asuntos controvertidos. Los policías más críticos consideran que la dirección del CITCO está promocionando a sus afines y los guardias civiles creen que la composición de los tribunales no está equilibrada y sus decisiones no son ecuánimes.

«Es mejor tener CITCO que no tener nada», sostienen los propios investigadores, «pero si no se corrigen esos errores, puede acabar siendo ineficaz», advierten.